Por Mariano D'Arrigo
Después de un 2022 frenético, el 2023 aparece plagado de una incertidumbre política inusual para un año electoral. No sólo sobre los nombres de los candidatos, los marcos de alianzas y las dinámicas de la competencia sino también por el contexto en que se llenarán los casilleros del poder, en todos sus niveles.
La inflación interanual de 92%, los pronósticos de escasez de dólares por la sequía y la turbulencia económica mundial obligan a extremar la cautela en las proyecciones sobre un escenario que hoy luce favorable para la oposición, pero que no tiene el partido ganado ni mucho menos.
El énfasis que puso esta semana Cristina en plantear que lo suyo no es renunciamiento ni autoexclusión sino una proscripción agitó el mundo peronista, donde sindicalistas, gobernadores y dirigentes sociales habían intensificado las conversaciones para tratar de gestar el siempre abortado poscristinismo.
El reclamo de Cristina a la dirigencia y militancia justicialista de que “saquen el bastón de mando y no pidan permiso” suena paradójico cuando en la última década y media la voz de la Jefa era elevada a palabra santa y todo aquel que esbozara una crítica o intentara juego propio era defenestrado como funcional a la derecha o traidor a la causa nacional y popular.
Poseedora de un capital político menguante, pero muchísimo mayor que el del resto de los miembros de la sociedad fallida del Frente de Todos, y sin tiempo para instalar nuevas figuras, Cristina obliga a todos los que tengan aspiraciones electorales a peregrinar hacia el Senado para conseguir su bendición.
Ubicado en el centro de una poderosa red de intereses en los mercados regulados y relaciones con el exterior, Sergio Massa apuesta a que el toma y daca con el empresariado y la resignación kirchnerista ante el ajuste le pavimenten el camino hacia la candidatura presidencial.
El desafío del ministro de Economía no es ganarse el favor de los grandes hombres de negocios, que lo ven como el último dique de contención entre el despoder albertista y la deriva chavista del kirchnerismo. Tiene que convencer, y con resultados palpables, a los millones que siguen de lejos las disputas de poder de Cristina con el Poder Judicial, que en el último tiempo sólo encontraron una alegría colectiva en el fútbol y que siguen penando con la carrera entre los salarios y los precios.
Un ejemplo. Según relevó un estudio realizado por la diputada provincial Lucila De Ponti junto al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) una familia de un barrio popular de Rosario necesitó 201.742 pesos en diciembre para cubrir sus necesidades básicas. Una familia en la que ambos adultos cobran el salario mínimo, vital y móvil —61.953 pesos a partir del 1 de diciembre— sólo cubre el 61% de esa canasta.
Esa brecha, que también sufren quienes se ubican en los peldaños intermedios de la pirámide social, potencia el malestar con la dirigencia política, uno de los datos clave para todos los laboratorios políticos pero que nadie se anima a calcular cómo impactará en las urnas.
Lejos de capitalizar el desgaste del gobierno encabezado formalmente por Alberto Fernández, Juntos se enfrasca en una disputa abierta sin ganadores ni resolución a la vista. Mauricio Macri parece disfrutar con la pelea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, salpicados en el último tiempo por manejos opacos de algunos de sus principales alfiles. Es una pulseada desigual en la que el jefe de gobierno tiene los fierros que proporciona la abultada billetera de la gestión pero en la que la ex ministra de Seguridad traza el ring conceptual y obliga al alcalde a actuar dureza.
De cómo administre el PRO este conflicto —cuyo corazón es cómo hacer sustentable políticamente el ajuste en que coinciden en todos los campamentos— depende que la coalición se mantenga unida, se fracture antes de las elecciones o enfrente serias dificultades de contener votantes que, al no sentirse representados por los candidatos, se inclinen por otras opciones en la góndola electoral.
Espantados por el internismo tóxico, dirigentes nacionales tanto del peronismo como de Juntos se enfocan en el territorio.
En el PJ la negativa de Alejandro Fantino a anotarse en la carrera para 2023 volvió a situar la danza de nombres entre Marcelo Lewandowski —el que más mide y se toma su tiempo para decidir la jugada— Roberto Mirabella, Leandro Busatto, Marcos Cleri y Eduardo Toniolli.
En este marco, en el perottismo deslizan que el Frente de Todos no cumplió su objetivo inicial de ampliar la base política y tanto en el peronismo como en la oposición creen que al gobernador ve como buen negocio perder la Gobernación a cambio de quedarse como el jefe de un peronismo más comarcal, esculpido a imagen y semejanza del cordobés.
En la vereda de enfrente, la UCR, el PRO, el PS y Pablo Javkin pusieron las piedras fundacionales del nuevo frente opositor pero el armado recién está en sus etapas iniciales. En el verano los arquitectos deberán pulir el programa, montar la estructura legal y terminar de sellar los acuerdos internos.
Algunos, como Dionisio Scarpin, aprovechan el vacío para mandarse. “No puedo seguir esperando que se decida Carolina”, les dice el senador a su círculo sobre las vacilaciones de su compañera de fórmula, mientras piensa una estrategia para crecer en conocimiento en el sur de la provincia.
En la oposición ya empezaron a pensar otras cuestiones. Por ejemplo, cómo se armaría un gabinete en caso de obtener las llaves de la Casa Gris. Se habla de un acuerdo para que el gobernador cubra el 50 por ciento de los ministerios y el resto se reparta proporcionalmente entre los socios. Acá las posiciones se bifurcan: algunos creen que la mejor opción es el loteo vertical —todo un ministerio para una tribu— y otros, que el ministro sea de un espacio y el secretario responda al gobernador. Este último esquema es el que hizo agua en la experiencia del Frente de Todos. “Acá puede funcionar, porque no está Cristina, ella no acepta compartir el poder”, retruca un radical.
Mucho antes que eso, deberán manejar las tensiones de una coalición sumamente heterogénea, donde todos refuerzan su perfil y resaltan las diferencias con el resto.
En la alianza no cayeron nada bien los dardos del intendente santafesino Emilio Jatón a su antecesor, José Corral, las críticas de Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía del gobierno de Miguel Lifschtiz, a la decisión del entonces presidente Mauricio Macri de aumentar la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el video irónico de Gabriel Chumpitaz contra Pablo Javkin por el día de los inocentes. A eso se suman acusaciones cruzadas por invitaciones a reuniones que se perdieron en el camino.
“Estamos viendo si se pueden bajar los decibeles; hay sospechas, peleas de egos y muchos están pensando más en las candidaturas que en el armado. El tema es que tenés poco tiempo para posicionarte, y es lógico que varios traten de hacerlo, más cuando tenés oficialismos que no están en su mejor momento”, dice un dirigente que se sienta en la mesa de negociaciones.
Por lo pronto, los responsables de la negociación organizaban esta semana para el 19 de enero una presentación del trazo grueso de la plataforma, a cargo de los equipos técnicos de los partidos. Como se evidenció esta semana con la balacera contra Televisión Litoral, la oficina del Servicio Penitenciario y el complejo penitenciario, la violencia es la cuestión más urgente y angustiante a resolver. La magnitud y la gravedad del problema obliga a toda la dirigencia a ir más allá de las consignas y latiguillos para pensar las respuestas de fondo que demanda una sociedad que oscila entre la resignación y la desesperación.
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