La Constitución chilena no es "la de Pinochet"

La Constitución chilena no es la de Pinochet de 1980. La simplificación maniqueísta predominó en la cobertura del plebiscito chileno. Era una confrontación de almas bellas contra el Mal Absoluto, representado “por la Constitución de la dictadura cívico-militar de Pinochet”. Los chilenos que siguieron desde adentro el proceso no usan este vocabulario. El diario La Tercera hacía este lunes una crónica de los festejos de la formación “Centroizquierda por el Rechazo”. “Sic” obligatorio para no chilenos. “Cuentas alegres sacaron esta mañana los principales rostros que se agruparon en las campañas de Amarillos por Chile y la Centroizquierda por el Rechazo. El amplio y contundente respaldo al rechazo a la propuesta constitucional (61,86%) excedió con creces la votación tradicional de la derecha, que en la última elección presidencial alcanzó el 44,1%”, escribe el diario sobre el ánimo y el aporte electoral de este sector, formado por dirigentes democristianos y disidentes de otros partidos de la antigua Concertación. El caso indica que, como siempre, la realidad política es mucho más matizada y compleja que las que presentan estas “narrativas” maniqueístas, en las que se monta habitualmente y a la distancia el progresismo chic y naif del mundo anglosajón, pero también periodistas de la región que no tienen nada de naif.

Un punto que desarticula este modo de presentar el caso chileno es que los propios impulsores del Rechazo triunfante hicieron campaña con promesas de reformas constitucionales bien precisas y extensas. Se harán como se han hecho muchas docenas, sino cientos de ellas, mediante leyes de enmienda. Se hicieron desde el lejano 1989, aún bajo la dictadura militar, reformas acordadas con los partidos políticos. Las reformas continuaron en todos los gobiernos de la democracia, desde el primero, el de Patricio Aylwin, al penúltimo, el de Sebastián Piñera. Su sucesor Boric apostó a la fallida Constituyente. Las mayores reformas se cumplieron con el presidente socialista Ricardo Lagos entre 2000 y 2005, que eliminó los senadores vitalicios y redujo el mandato presidencial a 4 años pero manteniendo la imposibilidad de la reelección inmediata, entre otros puntos. Lagos quitó la firma de Pinochet de la Constitución y puso la suya. Su “pupila” y dos veces presidenta, Michelle Bachelet, a su vez terminó con el sistema electoral binominal, que impedía la llegada al Parlamento de fuerzas minoritarias. Los críticos señalan que desde esta reforma el sistema chileno perdió estabilidad y se fragmentó.

El proyecto de nueva Constitución sepultado por los electores surgió de un proceso acelerado y radicalizado. Las elecciones de convencionales de 2021 tuvieron una bajísima participación: apenas 41% del padrón, algo más de 6 millones de votantes. Esto se debió a una abstención activa del electorado de centro y derecha que llevó a una conformación de la Convención muy volcada a la izquierda, sumado al bloque indígena, que tenía asignados 17 bancas. Esta conformación construyó un texto tan desbalanceado como mastodóntico (casi 600 artículos). El caso más conocido y debatido es el status privilegiado que otorgaba a los pueblos indígenas. Consagraba a Chile como país “plurinacional”. En la Convención algunos constituyentes pidieron cambiar ese concepto, que sembraba dudas sobre la unidad del Estado, con el de “multicuturalidad”, pero la idea fue rechazada. Sin embargo, una encuesta realizada entre la comunidad mapuche indicó que apenas el 12% respaldaba esta idea de plurinacionalidad. Pero fue sobre todo el llamado “pluralismo judicial”, el que causó más inquietud. El proyecto salido de la Convención reconocía a los “sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que (...) coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”. O sea, dos sistemas judiciales a la par. Es evidente que este punto fue decisivo para alimentar el “Rechazo”.

Todo esto sumado llevó a la contundente derrota del domingo, a ese 62% a 38% que no deja margen de discusión y golpea de lleno al gobierno de Gabriel Boric. Este, que hasta ahora ha demostrado madurez e inteligencia, dijo la noche de la derrota que “el maximalismo y la violencia con quien piensa distinto deben quedar a un lado”. El sector del Rechazo hace meses que prometió reformas en derechos sociales, educación, salud, pensiones, vivienda y seguridad social. En otras palabras, la reforma constitucional chilena se hará, pero en el Congreso y lejos de los planteos radicalizados que los ciudadanos negaron de plano.