No se repitieron las balaceras a locales gastronómicos repletos en la ciudad pero ni la violencia urbana ni el devenir político dieron respiro. En las últimas horas en Rosario aparecieron asesinadas cuatro personas en menos de una jornada. Y las tribulaciones en la administración de la provincia siguieron, con la única pausa de un encuentro entre el gobernador Omar Perotti y los referentes de toda la oposición, para explorar un posible piso de acuerdos en cuestiones de seguridad, problema endémico que no dejará indemne a la gestión que sea. No obstante las señales de dificultades destacan como agujeros brillosos.
Perotti tiene que encarar una renovación de gabinete que se demora. El lugar de ministro de Gobierno sigue vacante luego de que no hay prácticamente actividad tras los escombros que dejó la reciente interna. El nombre del sucesor de Roberto Sukerman sigue como enigma tras la danza de alternativas que no se confirman. Circularon los nombres de Roberto Mirabella, electo diputado nacional, de la ministra de Género y Diversidad Celia Arena y del también diputado nacional Marcos Cleri, que desde su posición de liderazgo en La Cámpora ofrece cierta garantía de receptividad en el gobierno nacional.
Aún no hay definiciones, como tampoco de los reemplazantes para la primera línea de funcionarios del Ministerio de Seguridad tras la aceptación de las renuncias masivas de secretarios, subsecretarios y directores del área más caliente de la gobernabilidad. Una demora que no es menor cuando los resortes que faltan son los que activan zonas de gestión vitales, como son el resentido control político sobre la operatividad policial y el movimiento de patrullas, las acciones de prevención y la investigación criminal. Todos esos cargos que fueron en estas semanas blanco de críticas variadas hoy son espacios vacantes.
Al trascender finalmente hace tres días, la declaración del empresario de juego ilegal condenado Leonardo Peiti teminó de dejar la intimidad del PJ como un hierro recién salido de la fragua. En su largo inventario verbal el dueño de casinos contó a quién repartió dinero, con quién se juntó, con qué propósitos. Son las declaraciones de un condenado. Pero hasta el juez que validó la sentencia, Rafael Coria, sostuvo que varios de esos dichos tenían entidad, porque estaban corroborados en prueba rendida previamente. Todo esto parece la promesa de que la vida de lo que una vez fue coalición de gobierno seguirá traqueteando fuerte. En especial en el Senado, donde más que quiebre en el peronismo hay fractura expuesta que se acentuará porque los fiscales se dicen lejos de terminar con sus pesquisas. Las desconfianzas son grandes, así como los deseos de agarrarse del mantel de los que sienten el viento de la soledad o de la caída.
En un momento en que la política se reacomoda hacia un nuevo horizonte, las dos mayores administraciones de la provincia muestran un contraste que es evidente solamente con la lectura superficial de las noticias. La gobernabilidad de la provincia de Santa Fe expone estos temblores y letargos indisimulables. Mientras tanto en Rosario la pretensión de Pablo Javkin de mínima o de máxima -buscar la reelección como intendente o apuntarle a la Casa Gris- parece ir tejiéndose con un trabajo paciente que consiste en blindar el terreno propio y negociar con los vecinos. El jueves pasado consiguió una vez más lo que se había fijado como prioridad que es terminar el año con autorización para endeudarse en el mercado bursátil para obra pública por 2.500 millones de pesos y una ordenanza general impositiva que actualiza la TGI con máximos por inflación.
Esto se suma a otras iniciativas que fueron exitosas en base a un camino de toma y daca con la oposición que terminó con acuerdos mayoritarios como la sanción de los nuevos esquemas de faltas del flamante Código de Convivencia. Sin juzgar la calidad de esas políticas lo que aflora es que en el plano de negociar para obtener herramientas Javkin fue exitoso tanto en decir lo que pretendía como en conseguirlo. Ahora que el reloj de arena se dio vuelta y los granos caen hacia el 2023 habrá que ver sus niveles de destreza para conservar adhesiones y ganar nuevas. En algún momento el intendente deberá decidir si su espacio cierra o no con los sectores que hoy están en Juntos por el Cambio. El mayor diferendo estará al decidirse si el PRO es un límite conveniente o inconveniente para sus pretensiones. Si tiene con eso más para ganar o para perder.
Aquellos fantasmas
A tres semanas de cumplirse veinte años del estallido social de 2001, los espectros de la endeblez que causó aquella conmoción formidable campean con bríos tristemente recobrados. Como dijo el periodista Alfredo Rosso, pensar que entonces la sociedad enloqueció es culpar más a la rebelión que a sus causas. Como si no hubiera existido en esos días de muerte una recesión que llevaba 42 meses, un recorte de salarios estatales del 13% que defendió la entonces ministra Patricia Bullrich en el programa de déficit cero de Domingo Cavallo, una tasa de desocupación que rozaba el 19 por ciento y una deuda externa asfixiante. En ese contexto de fragilidad extrema el gobierno restringió la libre disposición de plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes. Cuando el retiro de efectivo se limitó de 1.000 pesos semanales a 250 se quebró la economía en el nivel familiar en sectores formales e informales porque se rompió toda cadena de pago. Ese ahogo que era el final de un largo proceso recesivo hizo arder las calles y hundió al sistema de partidos en un desprestigio desconocido.
Hoy el panorama encuentra diferencias en la inmediata coyuntura. Luego de la feroz debacle mundial de la pandemia en Argentina la política industrial logró en un año un alza de al menos 9 puntos del PBI cuando en 2001 la caída en un solo año había sido del 10 por ciento. Pero la escena social expone pliegues dramáticos que expresan un proceso que se acentúa. Cuando se escribe esto un equipo del Ministerio de Economía de la Nación viaja a una cita con funcionarios del FMI por la deuda de 44 mil millones que contrajo Mauricio Macri. Los primeros vencimientos a pagar operan en marzo próximo por 18 mil millones de dólares entre capital e intereses.
Los delegados del gobierno buscarán un acuerdo en un contexto de caída de reservas sostenido que este mes rozó los 900 millones de dólares, en una sociedad que supera el 40 por ciento de pobreza, en una dinámica donde el trabajo asalariado está en un retraso crónico frente a una inflación que cerrará el año arriba del 50%. La búsqueda de un compromiso de pago no engaña al gobierno nacional, que no quiere caer en default, pero que con el ojo en el 2001 sabe que la sociedad no resiste más ajuste.
Acá están la encerrona y el desafío del régimen político argentino. Los análisis más diversos señalan que tanto el kirchnerismo como el macrismo son hijos del descalabro que explotó hace veinte años. Las variantes políticas nacidas entonces viven una adultez más que complicada. La gestión de Alberto Fernández que buscó hace un mes plebiscitarse en las urnas sufrió una derrota notable. Pero la sufrió frente a un sector político que merced a una disparada inflacionaria, una recesión y una deuda incontrolable fue corrido del gobierno hace nada más que dos años.
La pregunta que sobrevuela frente a este fenómeno constatable es hasta dónde esta alternancia mantendrá su viabilidad. Esa incógnita sobre la representación política repone los ventarrones emocionales de hace dos décadas, que no están lejanos. A Fernández la crisis sanitaria lo sorprendió a cien días de recibir el bastón de mando. No fue en nada comparable a Macri, pero con el estancamiento y errores no forzados a veces brutales quedó expuesto a un juicio electoral del que no salió airoso. Complicado por un Banco Central con menos reservas, costo de vida agobiante y presiones sobre el dólar de sectores del mercado que propician una devaluación, hará falta mucha gestión e imaginación para que los latigazos sobre el pellejo de los sectores de ingresos fijos y sus riesgos conocidos no sigan.
Hace veinte años, aquello fue el polvorín que derivó en una violencia que pagaron los mas débiles. En Rosario murieron Graciela Acosta, Rubén Pereyra, Yanina García, Juan Alberto Delgado, Claudio Pocho Lepratti, Walter Campos y Ricardo Villalba, todos ellos sin historial penal, todos ultimados por balazos de la policía provincial cuando estaban en lugares públicos en un momento de convulsión, en casos que en su mayoría quedaron impunes. Los escenarios de entonces hoy no son los mismos pero no es arbitrario trazar analogías sobre un temido camino de regreso. Las instituciones deberán estar atentas para no ver al futuro repetir el pasado. En la provincia palpitan las mismas preguntas.
