Lejos de su versión original, que postula que lo único que sirve es el triunfo, el bilardismo sirve en la política argentina de inspiración para jugadas al filo del reglamento pero que buscan, en el mejor de los casos, obtener o conservar empates.
Por Mariano D'Arrigo
Lejos de su versión original, que postula que lo único que sirve es el triunfo, el bilardismo sirve en la política argentina de inspiración para jugadas al filo del reglamento pero que buscan, en el mejor de los casos, obtener o conservar empates.
La movida de Cristina Fernández de Kirchner para desdoblar el bloque del Frente de Todos en el Senado y quedarse así con dos de los tres enviados de la Cámara alta al Consejo de la Magistratura, sumada a la contraofensiva judicial de Juntos por el Cambio, ratificaron el lugar central que ocupa la Justicia en la disputa política en la Argentina.
Desde hace más de dos décadas, los tribunales se convirtieron en la cancha donde se juegan algunos partidos que los dirigentes no saben cómo ganar. Por ejemplo, cómo dejar fuera de competencia a rivales dentro y fuera de sus espacios políticos. También, donde surgen amenazas aún más delicadas. En la era de la judicialización de la política -y su contracara, la politización de la Justicia- el patrimonio o la libertad ambulatoria de los políticos y sus familias entran en zona de riesgo.
Un dirigente del Frente de Todos con línea directa con Máximo Kirchner cree que si Juntos por el Cambio regresa al poder se vendrá una nueva ola de lawfare. “Van a usar la Justicia para avanzar con las reformas neoliberales y van a encanar a dirigentes políticos y sindicales”, alerta.
La que no ayudó a legitimar la movida táctica en el Senado es la portavoz presidencial. Gabriela Cerruti la calificó como una “trampa” a la política y a la democracia, igual a la que hicieron en su momento la UCR y el PRO. Pese a semejante gol en contra, en las huestes cristinistas ven más torpeza e improvisación que malicia.
Lo cierto es que tras la maniobra de CFK nadie junta los dos tercios necesarios para nombrar y sancionar jueces. Otro ámbito institucional más paralizado por la paridad de fuerzas entre oficialistas y opositores, y que ni unos ni otros saben desbloquear.
El espectáculo de la disputa palaciega en las alturas mientras la mayoría de la población sufre una inflación galopante es pasto para los que se presentan como anti-casta. Javier Milei y los suyos sueñan con emular a la francesa Marine Le Pen y meterse en la segunda vuelta, un escenario que cada vez luce menos disparatado. Las tensiones en el Frente de Todos y el desorden de Juntos por el Cambio entusiasman al cordobecismo de Juan Schiaretti, el Partido Socialista y otros espacios que buscan abrir para el año próximo un carril intermedio.
Sin embargo, en la mayoría de los campamentos peronistas el 2023 se ve demasiado lejano. “Si esto no se corrige pronto explota todo, es insostenible”, advierten desde un espacio que sólo reconoce la jefatura de Cristina. Ella podrá ser la dueña de la pelota, pero el equipo se hunde.
Otros, incluso, van más allá. Anticipan que en los próximos días -una semana, diez días- Cristina, Sergio Massa y los gobernadores le plantearán un ultimátum a Alberto Fernández. El pliego de condiciones es sencillo: que el presidente vuelva a su rol de administrador de la unidad peronista y los accionistas del Frente de Todos tomen el control. Esto implica trazar una nueva hoja de ruta y descabezar a parte de la alta gerencia. Al que todos miran -y no precisamente con cariño- es a Martín Guzmán, que después de sobrecumplir la meta del déficit fiscal participó esta semana de las reuniones de primavera del FMI. Igual, tanto el ministro como el organismo reconocieron que habrá que recalibrar el programa.
Uno de los problemas -no menor- es que Fernández luce cada vez más desdibujado y prescindente. Tras el anuncio del refuerzo de ingresos para trabajadores informales y jubilados, el presidente se mostró más en modo candidato -dio una clase en una universidad y buscó levantar la moral de la tropa en el conurbano bonaerense- que en pose de jefe.
Es más: el jefe del Estado se llevó al acto de comienzo de las obras del gasoducto Néstor Kirchner a los funcionarios del área de energía que encabezan la resistencia cristinista en una de las zonas más sensibles del acuerdo con el Fondo. Una señal en sentido contrario al gesto de autoridad que reclaman algunos albertistas.
“Este gobierno no confronta”, lamentan industriales santafesinos con acceso directo a las distintas terminales del Frente de Todos. Los hombres de negocios reconocen que hoy todos están ganando. Y aquellos que venden al exterior -por la suba de precios internacionales y la licuación del costo laboral- todavía más.
La indecisión crónica del presidente envalentona a los sectores más radicalizados del agro y las clases medias que protagonizaron ayer el tractorazo, al que se subieron tanto halcones como palomas.
Alineado por historia, presente y futuro con los intereses del mundo agropecuario, otra vez Omar Perotti salió con los tapones de punta contra el gobierno nacional. El gobernador aprovechó el tradicional remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario para cruzar a los que “descubrieron en el último tiempo” la Hidrovía, y se desmarcó del impuesto a la renta inesperada: “Muchos siguen pensando que somos ricos y que algunos sectores pueden nutrir al resto sin generar riquezas”.
En el perottismo se muestran decepcionados con el presidente. Ven que desaprovecha oportunidades, la gestión hace agua y toma definiciones que los perjudican. En esta bolsa entran la suba de retenciones y el cierre de las exportaciones de carne, la postergación del pago de la deuda con la provincia, pero también el apoyo al rossismo en la interna del Frente de Todos.
Atentos a los movimientos de una gestión a la que ya le ven fecha de vencimiento, dirigentes opositores le cobraron a Perotti que no haya ido a la reunión de la Junta Provincial de Seguridad. Justo en la semana en que Rosario volvió a estar sacudida por una serie de homicidios y balaceras. Hechos espeluznantes, pero cada vez más naturalizados como parte del paisaje urbano.
Desde la Casa Gris retrucan que la representación del gobierno le corresponde al ministro. En este caso, Jorge Lagna, que concurrió con la titular de la cartera política, Celia Arena. “Hay que cuidar la figura del gobernador, sea quien sea”, sostiene un integrante de la mesa chica del perottismo.
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
En el espacio político del gobernador sí reconocen que el avance del narcotráfico se acerca a una fase de no retorno: la cooptación de funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas de seguridad.
El combo entre ineficacia estatal y vínculos non sanctos de la policía no es un fenómeno nuevo. En la misma semana en que el gobernador nombró el noveno jefe de policía de Rosario desde diciembre de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de diez personas por narcotráfico en el sur de Santa Fe. Una de ellas es Alejandro Druetta, ex jefe de Drogas Peligrosas respaldado en su momento por varias figuras del Frente Progresista tras una serie de detenciones resonantes, pero que fueron impugnadas después por la Justicia federal.
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