Por Ignacio Noviski
Los Centros Clandestinos de Detención (CCD) funcionaron en todo el país, a la vista de todos y la complicidad de muchos. Eran edificios privados, centros institucionales, destacamentos, cárceles, comisarías, casas particulares, quintas, parques privados, subsuelos, sedes de gobierno, asentamientos militares, dependencias policiales y hasta instituciones educativas.
Si hablamos de terrorismo de estado, no existen límites. Cualquier espacio podía llegar a cumplir algún rol dentro del circuito represivo que tuvo lugar en nuestro país en el proceso de 1976. El terror se ejercía desde el territorio, tanto en lo simbólico, como en lo estructural. En las mismas instituciones y calles que transitamos hoy es por donde trasladaban a los prisioneros de un edificio a otro, entre torturas e interrogatorios; con un destino que en muchos casos aún es indeterminado.
En la actualidad, muchos de los lugares testigos del horror siguen en pie. Pero la materialidad en sí no lo es todo, es el discurso donde el significado se construye, donde el terror se resignifica; y, sobre todo, donde la Memoria nace. Lo que no se nombra no existe; y lo que no se reconoce pasa desapercibido. Hoy, muchos de estos espacios continúan en la lucha de esa reconstrucción simbólica, de ese reconocimiento del pasado; esperando convertirse en herramientas que ayuden en el grito del Nunca Más.
El circuito represivo ejecutado en la ciudad durante el golpe cívico-militar era similar al utilizado en todo el país: una distribución estratégica territorial-zonal de Centros Clandestinos que aseguraban el ejercicio del terror ideológico.
Según el informe realizado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) funcionaron en Rosario y sus alrededores un total de tres CCDyT. Hoy sabemos, gracias al trabajo de investigación de innumerables organizaciones de Derechos Humanos, que fueron muchísimos más. Un total de veinticinco edificios de diversa índole constituían el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas.
Todos eran liderados y organizados por la sede del II Cuerpo del Ejército, ubicada en la esquina de Moreno y Córdoba, y desde donde se organizaba el terror ejercido en la zona militar abarcada por las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Desde allí, además, se llevaban a cabo los Consejos de Guerra, mal llamados “juicios” militares, donde un tribunal formado por altos cargos del ejército definía a su merced el destino de los detenidos.
Dentro de los circuitos represivos que organizaba este cuerpo, quizás el más renombrado sea el del Batallón 121, que comprendía los CCDyT denominados “La Calamita”, “La intermedia”, la “Quinta de Funes”, la Fábrica de Armas “Domingo Matheu” y la Escuela “Magnasco”. Todos eran centralizados por el Servicio de Informaciones, ubicado en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, donde funcionaba “El Pozo”, principal Centro Clandestino de la región, por donde pasaron más de 2000 detenidos.
Finalizado el proceso de facto en 1983 y con el restablecimiento de la democracia (que está pronto a cumplir los 40 años), la incansable lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a diversas organizaciones de Derechos Humanos exigieron con clemencia la expropiación de estos espacios, y establecieron el inicio de un suceso que continúa vigente, y por el que todavía se continúa luchando: los procesos de resignificación discursiva y de construcción de la Memoria a partir de la materialidad de aquellos lugares que habitaron la tortura y el exterminio.
Recuperar los espacios que formaron parte del circuito represivo del Estado en el último golpe no fue de ninguna manera una tarea fácil. Así como en los procesos judiciales existieron resistencias militares y civiles que llevaron a los infames casos de las leyes de obediencia debida y de punto final, la lucha por la recuperación de la estructura represiva y la posterior construcción de un discurso de exigencia por Memoria, Verdad y Justicia ha requerido incansables años hasta llegar a poder ser realidad, y aún hoy continúa vigente en algunos casos. En Rosario, fue para 1998 (quince años después del restablecimiento democrático) que el Concejo votó la ordenanza de creación del Museo de la Memoria de Rosario, que fue además, el primero en todo el país.
“La idea del museo surge como una estrategia para pelear contra las leyes de impunidad que habían tenido lugar en los noventa” comenta Lucas Massuco, actual director general del Museo, quien afirma que el objetivo de las agrupaciones de Derechos Humanos era “generar una transmisión regional de lo que fue el Terrorismo de Estado”
Sin embargo, para 1999, en el edificio ubicado en Moreno y Córdoba (inmueble Sede del II Cuerpo del Ejército) funcionaba el reconocido restaurante temático Rock and Fellers. Ya el primer director del Museo, Ruben Chababo, tenía muy en claro la necesidad imperiosa de ocupar y resignificar este lugar: “Un espacio de Memoria no es nada sin un discurso que lo signifique”, comenta en el documental “La Memoria Inquieta” producido por Unicanal, el canal de la Universidad Nacional de Rosario. Pero ese discurso resignificante debió esperar hasta el año 2010, cuando finalmente se ocupó de manera efectiva el edificio en cuestión y comenzaron a realizarse las intervenciones. La recuperación no fue para nada un proceso simple: tuvieron que suceder más de once años de lucha y manifestación por parte de los organismos de Derechos Humanos para lograr la expropiación que se inscribía en la ordenanza del Concejo.
Haber ganado este espacio a partir de aquella lucha es, para Sabrina Gullino Valenzuela Negro, “El ejemplo más acabado de la potencia del pueblo cuando lucha por sus derechos”. Sabrina es nieta recuperada, docente del Seminario Memoria, Identidad y Política; militante por los Derechos Humanos e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, es Licenciada en Comunicación Social, y lleva muy en claro el rol que la sociedad ocupa en la exigencia por la restitución de estos espacios: “En el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, nuestro pueblo ha asumido el derecho a resistir al horror, al silencio, al disciplinamiento, y ha exigido al Estado políticas de memoria” comenta para este medio, y recalca el valor de la resistencia: “De nosotros depende seguir luchando para que se cumplan esas exigencias”.
Sumado al esfuerzo colectivo que requiere ganar y permanecer en estos espacios, los organismos de DDHH se enfrentan, en el proceso de reconstrucción, a un dilema propiamente comunicacional: ¿Cómo hacer para rearmar un discurso y un significante de Memoria a partir del dolor y la angustia de la que es testigo esa materialidad? “La preservación y el diseño de estos espacios tienen que no sólo orientarse a interpelar a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, sino que deben comprenderlas y comprenderlas” opina Sabrina, con un pronunciamiento más que ambicioso: “El desafío como emprendedores de la Memoria es justamente ese, construir espacios que la preserven; alojando y conteniendo a las juventudes, y atendiendo sus inquietudes, sus deseos y sus sueños”
A este desafío del que habla Gullino tuvieron que enfrentarse a la restitución del edificio para transformarlo en Museo. Entre ellos se encontraba -casi adolescente- Lucas Massuco, actual integrante de la comisión directiva: “Tuve el honor de estar el día de la inauguración del museo colaborando como voluntario” cuenta Lucas, aunque asegura que “los protagonistas de la construcción de la idea que hoy vemos fueron Ruben Chababo y Viviana Nardoni, los directores en ese momento”.
En ese entonces, aquella comisión directiva tomó la ambiciosa decisión de profundizar lo establecido en la ordenanza de 1999, que se proponía “reconstruir y transmitir las memorias del terrorismo de Estado en Rosario en el periodo 1976-1983”. Según Lucas, “los directores comprendieron que no era suficiente contar sólo lo que había sucedido en el golpe del 76, que era necesario ir hacia atrás para comprender sus raíces y hacia adelante para observar sus consecuencias”.
Así mismo, Nardoni y Chababo tenían una particular visión acerca de la transmisión de los hechos, y no querían contar lo sucedido de manera meramente historiográfica y documental: “Lo que se quería era principalmente hacer reflexionar a la gente que lo recorra, y con solo poner datos en las paredes no alcanzaba”, asegura el actual director.
Es así como tomaron la determinación de convocar a algunos de los más reconocidos artistas de Rosario para intervenir el espacio museístico alrededor de ciertos ejes temáticos: “La metáfora que nos provee el arte tiene una increíble potencia para generar esos puentes entre el pasado y el presente”.
De la muestra, que aún sigue en vigencia, participaron unos diez artistas, que presentaron obras específicas para cada espacio a intervenir. Desde el lenguaje del arte, se intentó interpelar y llamar a la reflexión de los visitantes, para constituir así un nuevo significante respaldado en la idea de la Memoria, que construya hacia el futuro sin perder de vista aquel pasado; una iniciativa que fue pionera en América Latina.
Este Museo y muchos de los edificios que observaron el horror pudieron ser restituidos, aunque con estrategias diferentes a la hora de interpelar desde los hechos. El Ex Servicio de Informaciones ubicado en Dorrego y San Lorenzo, por ejemplo, optó por la recolección de datos y la realización de recorridos guiados, eligiendo un camino más interactivo y educativo.
Algunos otros lugares, en cambio, continúan pasando desapercibidos, abandonados o en manos de propiedad privada, esperando aquella reconstrucción simbólica. Es el caso del ex CCDyT “La Calamita” ubicado en Granadero Baigorria, uno de los Centros Clandestinos que formó parte del mencionado circuito represivo del Batallón 121.
Múltiples agrupaciones claman por la recuperación del lugar, las resistencias económicas son fuertes, y no permiten que se haga efectiva una expropiación que ya fue ordenada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. María Celia Fernández, una de las militantes de la agrupación Documenta Baigorria, asegura que el sitio, en las condiciones en las que se encuentra, “no representa un sitio de Memoria”, y que consideran urgente la expropiación definitiva porque temen que el lugar “se caiga a pedazos”.
“Desde 2001 que exigimos la recuperación de La Calamita, evidentemente falta decisión política para poder hacerlo realidad”. La agrupación a la que pertenece María Celia organizó una movilización para este 24 de marzo, para exigir la correcta señalización hacia el lugar (que existió hace algunos años y fue retirada durante la pandemia) y su necesaria restitución.
Sin lugar a duda, su lucha y la de todos los espacios que aún se encuentran pendientes de esa reconstrucción es una que todavía tiene un gran recorrido por delante; y que representa una reconocida importancia en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Si algo queda claro luego de este recorrido es que la construcción de la Memoria es profundamente colectiva, y que requiere de un esfuerzo y una lucha cotidiana para asegurar que el olvido nunca tome lugar en la representación de nuestra sociedad. Este esfuerzo toma aún mayor relevancia en las generaciones más jóvenes, que no han experimentado la profundidad de los momentos más oscuros de nuestro país. Al respecto sumó Lucas Massuco: “A los chicos tenemos que mostrarles lo vivo que está ese pasado del que les hablamos, que no es algo que quedó atrás en el tiempo, sino que es una herramienta para poder construir un futuro mucho mejor”.
En ese sentido, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario parte desde estos mismos supuestos, y su directora, Alicia Gutierrez, fue quien como diputada provincial propuso los proyectos para la expropiación de la Quinta de Funes y de La Calamita; dos espacios que aún esperan por la respuesta del Estado para hacer efectiva su recuperación.
Para ella, es “fundamental reconocer el territorio en donde ocurrieron estos sucesos tan graves” para que aquellos que no lo vivieron en carne propia “puedan conocer lo terrible de lo que allí sucedió”.
En el marco de este paradigma, la Dirección de DDHH ha lanzado el programa “Señaléticas por la Memoria” que consiste en la instalación de carteles e infografías en ubicaciones puntuales de Rosario, donde hayan ocurrido sucesos que sean importantes de recordar y no olvidar. “Pensamos en señalizaciones que queden de manera permanente” describe Gutiérrez, que considera de suma importancia conocer la información de lo sucedido habitando su contexto histórico y territorial. “Es necesario saber los hechos, pero también es importante comprender en dónde y por qué sucedieron”, reafirmó.
A partir de estas herramientas es desde donde, como ciudadanos, podemos volver a habitar nuestras calles, pero esta vez sin pasar desapercibidos ante la materialidad que fue testigo de aquel horror. De eso hablamos cuando pensamos en un nuevo recorrido; de volver a pisar esos caminos, pero esta vez notando todas las marcas que nos ha dejado nuestra historia, ahora resignificadas desde el discurso en la Memoria simbólica de nuestra sociedad.
Y es ahí, en esos espacios y en ese transitar cotidiano, en donde nace la verdadera Memoria: un Nunca Más efectivo, trascendente y, por sobre todas las cosas, colectivo y social.
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