Ya investigan las escuchas realizadas al teléfono del ministro de Seguridad

Paralelamente, y como consecuencia de la polémica sobre las intervenciones telefónicas, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, dispuso un nuevo protocolo para requerir y tramitar registros de audio ante el Colegio de Jueces Penales de 1ª Instancia.

Vranicich aseguró a La Capital: "Me remitieron desde la Fiscalía Regional 1ª la denuncia presentada por Pullaro y hoy mismo (por ayer), como medida preliminar para evaluar la admisibilidad de la presentación, requerí como sustento probatorio el envío de copias de los legajos fiscales en razón de los cuales se intervino el teléfono oficial del ministro, entre otros elementos probatorios".

Vranicich también comentó, respecto de la presentación de Pullaro (ingresada después del mediodía), que "se trata de una denuncia muy concreta y en la que solicita, expresamente, que se evalúe la legalidad de la intervención de su teléfono oficial".

Además de las copias de los legajos, la funcionaria solicitó a la Fiscalía Regional la remisión inmediata "de todos los antecedentes que resulten relevantes para llevar a cabo el procedimiento disciplinario" a encarar de ahora en más.

"De todos modos, requerimos en forma inmediata la remisión de los legajos, que es la primera prueba de la que debemos munirnos para poder comenzar a hacer el análisis de la admisibilidad de la denuncia" del ministro, aseveró Vranicich.

La funcionaria también inició una investigación administrativa sobre los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán a raíz de otras dos presentaciones contra ellos realizadas en los últimos 60 días.

La primera presentación contra Martí y Apullán fue promovida por Arietti, por entender que ambos realizaron acciones en la causa (cuando ya había sido reasignada a otro fiscal) por presunto cohecho que involucra al ex jefe de la policía de Rafaela Adrián Rodríguez.

El segundo planteo refiere a supuestas irregularidades administrativas registradas en la Municipalidad de Santa Fe. La presentación corrió por cuenta del intendente José Corral, quien cuestionó la metodología utilizada para allanar las oficinas de su administración, a escasos días de las últimas elecciones.

"Hubo una presentación de Arietti el 26 de octubre pasado en la que me puso en conocimiento de que, eventualmente, Martí y Apullán estarían tomando intervención en una causa en la que, particularmente, ya no podrían hacerlo porque no estaría a su cargo: la de Rodríguez", recordó Vranicich.

Al respecto, la funcionaria ya solicitó "ciertas medidas preliminares" y estoy a la espera de que le envíen todos los antecedentes.

Acerca del planteo de Corral, Vranicich señaló que el intendente solicitó que se controle "la legalidad del allanamiento a la Municipalidad". Por eso, ya hay un procedimiento administrativo en marcha tendiente a determinar el marco del procedimiento y si el mismo respetó el Código Procesal Penal respecto de las reparticiones públicas.

En plena polémica por las escuchas a Pullaro que fueran solicitadas por Martí, en el marco de la causa por las denominadas horas Ospe, Arietti dispuso un nuevo protocolo para requerir y tramitar registros de audio ante el Colegio de Jueces Penales.

La resolución fue emitida el 1º de noviembre y dispone varias instrucciones para los fiscales que se encuentren investigando un caso y necesiten interceptar teléfonos utilizados por personas (identificadas o no) supuestamente vinculadas a diversos delitos.

El protocolo se basa en que todas las solicitudes de intervenciones telefónicas e interceptaciones de correspondencia y/o cualquier comunicación privada —incluso las redes sociales— deberán estar debidamente fundadas por el fiscal que lo requiera ante el juez en turno de la investigación penal preparatoria (IPP).

El fiscal deberá incluir en el pedido los detalles de la causa y los datos de la persona investigada, en caso de que lo esté. Asimismo, tendrá que fijar un límite temporal sobre el cual se pedirá la interceptación del teléfono.

en el ojo de la tormenta. Pullaro hizo una denuncia penal y administrativa por la intervención a su celular.