Celina Mutti Lovera
La empresa Vicentin contrató un banco asesor.
El fiscal provincial Miguel Moreno abrió formalmente ayer una investigación penal para determinar si los directivos de Vicentin, la cerealera que entró en default por u$s 1.400 millones, conformaron una asociación ilícita para estafar a proveedores y entidades financieras. La denuncia fue presentada la semana pasada por el abogado Gustavo Feldman, en representación de un grupo de acreedores.
Además de considerar que hay mérito para abrir una pesquisa, el pronunciamiento del fiscal implica adquiere relevancia porque reivindica el fuero provincial y, en particular los tribunales rosarinos, como ámbito de investigación. Es más, reclamó las causas penales que la fiscalía provincial de Reconquista había declinado investigar para pasarla al fuero federal.
Al considerar que la presentación efectuada por Feldman tiene mérito para ser investigada, el fiscal recordó que en esa presentación se alude a la denuncia presentada por la empresa Cuatro Hojas, que originalmente se había radicado en la Fiscalía Regional Rosario, para luego ser remitida a la Regional Reconquista. En esa sede del Ministerio Público de la Acusación se consideró que esa causa, junto a otras dos presentaciones, debía pasar a la Justicia federal.
La razón esgrimida fue que en Comodoro Py se tramita la denuncia penal efectuada por las actuales autoridades del Banco Nación para determinar la extraña saga de créditos que la entidad otorgó a Vicentin hasta días antes de la cesación de pagos. En ese expediente se investiga a los entonces ex presidentes del BCRA y del BNA, así como a directivos del coloso agroexportador.
Moreno consideró que en esa causa se justifica la intervención de la Justicia de excepción por "el claro interés del Estado nacional".
Pero entiende que no es el mismo caso el de las empresas proveedoras de Vicentin que presentaron denuncias penales en el fuero provincial. "Las conductas ilícitas ventiladas en la presente y en la denuncia de Cuatro hojas, se relacionan con proveedores, productores y acopios, que resultan ser acreedores que podrían denominarse ordinarios, ya que se vinculan con la actividad comercial e Vicentin Saic", explicó.
"Entiendo que la renuncia in limine de la jurisdicción, lejos de favorecer el conocimiento cabal y esclarecimiento de los casos puestos a consideración del MPA, provocaría una relación satelital o accesoria de estos con la causa madre, con el correspondiente efecto de que se les dispense un trato de la misma calidad", agregó.
De allí que sostuvo la jurisdicción ordinaria en la denuncia presentada ante su Fiscalía y reclamó también las otras que fueron realizadas ante el Ministerio Público de la Acusación contra Vicentin, para analizarlas "de manera conglobada".
"Entiendo que corresponde dejar sin efecto la declinatoria intentada por la Regional Reconquista", escribió y reclamó que los casos "sean remitidos a esta Unidad Especial de Delitos Económicos". En ese sentido, señaló que elevó nota a la Fiscalía Regional, "para que a su través y por la vía jerárquica que corresponda, se dé curso a lo aquí solicitado".
Al mismo tiempo, ordenó practicar una serie de medidas. Entre ellas, solicitar copias de los caratulados "Olzen Industria y Comercio de Calzado SA c/ Algodonera Avellaneda", en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 3 de Reconquista. También requerió información a Comodoro Py sobre la causa del Banco Nación.
El abogado denunciante consideró que la decisión del fiscal "es muy buen comienzo y augura una gran investigación". Feldman busca que se investigue si los directivos de la cerealera organizaron un plan para llevar adelante una estafa a través del llamado "esquema Ponzi", una suerte de pirámide especulativa por el cual se apalancan las últimas operaciones con las primeras.
Con ese objetivo, sugirió medidas de prueba. Entre ellas, considera que se debe tomar en cuenta el testimonio del presidente Alberto Fernández sobre una conversación que mantuvo con el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, así como los análisis realizados por los bancos externos que pidieron el proceso de discovery contra la agroexportadora.
