Política

Fiscal pide ampliar embargo a imputados por sobreprecios del Plan Qunita

Se solicito la afectación de más de 60 inmuebles, además de vehículos y embarcaciones y otros bienes que fueron vendidos por los acusados

Sábado 09 de Diciembre de 2017

La fiscal general Gabriela Baigún pidió ampliar el embargo oportunamente dispuesto a los imputados en el marco de la causa por el Plan Qunita y denunció al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y un empresario, Gustavo Oscar Cilia, acusado por desembarazarse de bienes cuando ya pesaba sobre ellos la inhibición general.

   Puntualmente, la Fiscalía General 3 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal solicitó la afectación de más de 60 inmuebles, un vehículo, embarcaciones, acciones, cuentas bancarias y créditos al embargo que ya había sido dispuesto en la causa.

   El pedido se suma al que la representante del Ministerio Público Fiscal había realizado en julio: en esa oportunidad, había individualizado la existencia de 18 rodados, 21 inmuebles, una moto y cuatro embarcaciones.

   El trabajo se realiza conjuntamente con la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi), dirigida por Judith Koning, quien estuvo a cargo de la evaluación y sistematización de toda la información técnica provista por las diferentes áreas del Estado, informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.

   Asimismo, a través de la investigación patrimonial que se lleva adelante en la Fiscalía, se pudo determinar que el ex jefe de Gabinete habría vendido dos automóviles (Toyota y BMW, valuados en 450.000 y 634.500 pesos respectivamente), con posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes.

   También se comprobó que Cilia habría enajenado siete vehículos el 11 de marzo de 2016 por un valor total que superaría los 1.080.000 pesos, y un inmueble en el curso de este año, sin perjuicio de encontrarse inhibido.

   En atención a que las ventas mencionadas podrían enmarcarse en el delito previsto y reprimido en el artículo 179 segundo párrafo del Código Penal, la representante del Ministerio Público Fiscal efectuó la correspondiente denuncia penal, a los fines de que se proceda a su investigación.

   "Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles", indica ese artículo.

   En el debate oral y público serán juzgados Fernández, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, entre otros ex integrantes del Poder Ejecutivo (entre ellos el actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien en esa época revistaba como ministro de Salud), así como directivos y accionistas, por presunta defraudación contra la administración pública en la licitación para la provisión del kit Qunita.

   Los kits consistían en una cuna un colchón, un juego de sábanas, un acolchado, un juego de toallas, dos enteritos de manga larga, dos enteritos de manga corta, dos pantalones tipo osito, dos pares de medias, un abrigo, un par de escarpines, dos sacos de dormir, un babero, un porta-bebé, un cambiador portátil, un bolso materno, un camisón, una bata de mangas largas, un par de pantuflas, una frazada, un neceser, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, un sonajero, un cunero móvil, un paquete de algodón hidrófilo, un paquete protector mamario descartable, una crema hidratante y una crema caléndula, que se entregarían de manera gratuita a familias de bajos recursos.

   En esta causa ya se encuentran procesados diversos funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación en 2015, por haberse verificado irregularidades originadas en el propósito de obtener un beneficio económico, a través de compras de 140.000 kits con un sobreprecio —como hipótesis de mínima— de alrededor de 3.000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio para el Estado de, cuanto menos, 450 millones de pesos.

   De acuerdo a la investigación, la licitación se habría direccionado hacia empresas cuyo objeto social y actividad no guardaban relación alguna con los rubros licitados y que habían ofertado precios que superaban ampliamente a los reales.


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