El Tribunal Oral Federal N°6 inició el juicio contra la exsecretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray por irregularidades en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), a casi 30 años del hecho.
La exfuncionaria menemista está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, por supuestamente haber aprobado como interventora pagos irregulares a la firma Meller S.A., cuyos dueños Sergio y Gustavo Meller, también están imputados en el juicio que empezó el viernes último.
El pago que había autorizado a la empresa Meller era por un contrato para la publicación anual de las guías telefónicas en la Ciudad de Buenos Aires.
Antes del inicio del debate se realizó una audiencia en la que el fiscal general interviniente Diego Velasco y la querellante Oficina Anticorrupción (OA) se opusieron a la suspensión del juicio a prueba de los empresarios Meller.
En su caso, se les endilga la participación necesaria en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Entre los acusados también están los exgerentes de Asuntos Legales de Entel Gustavo Daneri y Gustavo Cresta, y la integrante del Tribunal Arbitral de Obras Públicas Yolanda Eggink -a diferencia de los demás imputados, se le endilga el delito de prevaricato-, quien en 2015 fue condenada por beneficiar al Grupo Greco durante su paso por el Ministerio de Economía.
De acuerdo a la hipótesis acusatoria, a través de dos expedientes administrativos los funcionarios a cargo de la liquidación de la empresa estatal autorizaron el pago a Meller S.A. de 3.326.580,47 pesos/dólares, primero, y otros 28.942.839,31 pesos/dólares, después.
La compañía le reclamaba a Entel el pago por la publicación anual de las ediciones de las guías telefónicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, correspondientes a los años 1988, 1989 y 1990.
La causa fue elevada a juicio en 2011 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4.
Alsogaray ya fue condenada a 4 años de prisión en 2014 por su actuación en Entel, a razí de una contratación fraudulenta, en 1994, con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas "KPMG", "Copiaga S.A." y el estudio Fernández Madero.
