Si un japonés por año comete un delito en la Argentina, ¿es necesaria una política criminal para japoneses? La situación es imaginaria y disparatada. Y en ese sentido el abogado especialista en derechos humanos Santiago Bereciartúa dice que algo parecido pasa con los niños y adolescentes menores de 16 años, los que la ley considera “no punibles” por su edad. Su incidencia en las estadísticas delictivas es ínfima. Sin embargo, cuando un hecho aislado los convierte en noticia, se los supone indicadores de un problema general, acuciante y grave. Y en el clamor por soluciones urgentes surgen propuestas de mano dura contra los chicos, tan efectistas como de probada ineficacia.
Tres referentes consultados por La Capital coinciden en que esa es la dinámica que suele atravesar, una y otra vez, a los casos de niños envueltos en delitos que toman estado público. Dicen que así ocurrió la semana pasada cuando saltó a la luz el caso de un nene de 13 años demorado el miércoles por el robo de un auto en la zona oeste de la ciudad y perseguido por la policía en una alocada carrera. Al día siguiente circuló el nombre de Daiana, una chica de la misma edad que según la información policial resistió el allanamiento de un búnker custodiado por dos jóvenes armados en Empalme Graneros. Y el de otro pibe de sólo 14 años que fue demorado tres veces en una misma jornada por la supuesta comisión de delitos en la zona de un shopping.
Como por sus edades no pueden ser abarcados por los juzgados de Menores, estos casos suelen ser derivados a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia provincial para que diseñe un seguimiento con una perspectiva legal de protección de derechos establecidos en la Constitución Nacional. Para el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro con esto no alcanza. “Si no se actúa, terminan matando”, profetizó, y reclamó herramientas de corte punitivo para abordar el problema. Además, como si fuera una persona ajena al poder político que rige los andares de la provincia, exclamó que “la solución no pasa por bajar la edad de imputabilidad, pero al menos el Estado debería tener herramientas que le permitan actuar en función de la gravedad del delito que comete el menor”.
Los jueces penales santafesinos no tardaron en mostrar su desacuerdo y a través del Colegio de Magistrados respondieron que en lugar de una “disputa mediática” se impone un “abordaje conjunto de los tres poderes estatales”. Y remarcaron que el ministro “echa culpas cuando el tema es de su propia incumbencia”.
Para Hugo Muleiro —escritor y periodista especializado en niñez, colaborador externo de Unicef—, este enredo es típico de los estados de “exacerbación social” generados a partir de casos aislados: “Se exponen como noción general de un problema que habría que verificar. La autoridad siente la necesidad de dar una respuesta inmediata porque lleva más tiempo y es más complejo hacer la pedagogía necesaria para que se entienda que las respuestas no pueden ser tan rápidas”.
Cada cosa en su lugar
El circuito se encadena en un clima de época que “no está poniendo en primer lugar las soluciones pactadas colectivamente”, dice. Y donde la crisis económica potencia “un problema estructural que no puede prevenir la primera falta pero tampoco evitar la siguiente. Hay una falla del Estado pero también del conjunto de la sociedad. Siempre que un niño o adolescente llega a la vulneración de una norma penal o a atentar contra la propiedad es porque, primero, hubo una serie de problemas que no fueron debidamente atendidos”.
Bereciartúa, docente de la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la UNR, coincide con el diagnóstico: “Se está tomando la parte por el todo. Es un segmento poblacional que no es representativo, no tiene incidencia en el delito. Por supuesto que cada hecho importa. Pero esta franja no tiene impacto en las estadísticas. Lo que se diga en torno a esto es fuego de artificio y demagogia punitiva”.
Pese a la circulación de potentes imaginarios, como el concepto de la “puerta giratoria” en la Justicia o “el temor y estigmatización de ciertos sectores sociales a los pibes pobres”, según Muleiro “no hay estadísticas que revelen un crecimiento de los índices delictivos de personas pobres menores de edad respecto de los adultos. Los índices son compactos en todas las franjas de edad. Sin embargo hay una sensación instalada de que los pibes están cada vez peor y cometen delitos cada vez a más corta edad. No hay nada que lo certifique. Sí hay una exhibición mayor de lo que acontece”.
Las rejas no son solución
“Otro imaginario es el de la privación de la libertad como una solución que no es tal en ningún país del mundo”, sigue Muleiro, para quien el reclamo de penas altas y el deseo de apartar de la cultura a quien represente un problema es “una pulsión que está en nuestro ADN”. Esto, a pesar de que en un sistema penal juvenil bien diseñado existen alternativas para generar conciencia del daño antes de caer en el encierro, como la reparación a la víctima o la realización de tareas en la comunidad.
Para la antropóloga María de los Angeles Menna, especialista en infancia y pobreza, lo inquietante es el reclamo de mano dura que activan estos casos. “La sociedad reclama ejercer justicia como si no hubiera ley —plantea—. ¿Por qué sólo se piensa en accionar sobre el niño? Si ampliamos el foco podemos hacernos otras preguntas. ¿Quiénes organizan el campo delictivo en el que este niño emerge como “delincuente”? ¿Por qué desde el Estado se piensa en disciplinamiento y no en desarticular los circuitos delictivos y, simultáneamente, mejorar las condiciones de vida de nuestras infancias para ofrecerles otro presente, uno que permita proyectar futuro?”.
El encierro tampoco es solución para Bereciartúa, quien remarca que un niño menor de 16 años no tiene la maduración de una persona mayor. Por eso no sólo es mayor el impacto psíquico del castigo sino que sus chances de resocialización son más altas con un acompañamiento temprano. Cuando se institucionaliza a una persona a temprana edad, según refiere, se la profesionaliza en la carrera del delito. Y la estigmatización con la que carga al salir hace difícil que pueda insertarse en el sistema laboral.
Estado ausente
“Si un chico de 12 años no está jugando y está delinquiendo es porque el Estado estuvo ausente. Tendría que estar en la escuela”, dice el abogado y advierte que “muchas veces son niños aprovechados por bandas delictivas. Les caemos con la ley más dura cuando son el último eslabón, el más resocializable y el menos responsable”.
Por último señala un riesgo: el de estigmatizar a una población que no es problemática: “Esto habilita interacciones violentas de la policía con los pibes en los barrios, como el verdugueo, la tortura y el hostigamiento permanente. Lo que se pretende con estas medidas reaccionarias es llevar cierta tranquilidad al electorado de que algo se está haciendo en materia de seguridad. Pero al etiquetar a un grupo poblacional sólo vamos a tener más víctimas de la violencia institucional”.
