La detención de tres policías, que quedaron imputados por encubrimiento de seis balaceras en las que hubo mensajes intimidantes contra el gobierno, acentuó la sospecha sobre la connivencia de la fuerza con las bandas criminales. En la audiencia imputativa se expuso que los dos agentes del Comando Radioeléctrico detenidos trabajaban bajo las órdenes de su jefe, con quien mantenían comunicación constante, aunque no lo imputaron. Surge la pregunta, entonces, sobre hasta dónde llegan las investigaciones en casos de corrupción. Por otro lado, el mismo equipo está bajo la lupa por otro procedimiento denunciado ocurrido en noviembre pasado, cuando detuvieron arbitrariamente y golpearon a un hombre al que acusaban de haber matado al policía Leoncio Bermúdez en el Hospital Provincial.
A lo largo de la audiencia realizada el miércoles, el fiscal mencionó en reiteradas ocasiones un nombre: Pablo C., jefe del Tercio Bravo del Comando Radioeléctrico y a quien respondían los imputados. Por el momento, no quedó comprometido en la investigación, sin embargo aparece en la causa como alguien con quien sus subalternos mantenían contacto permanente.
El trasfondo
Carbone expuso que Vera y Ruiz, los agentes del Comando Radioeléctrico, fueron quienes el 31 de enero le plantaron las armas a Alexis C. M., quien quedó preso y fue imputado pero días después recuperó la libertad. Las armas en cuestión las habían adquirido por medio del otro imputado, Martín Molina, quien trabajaba en la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal pero que al momento de ser aprehendido estaba en Córdoba con licencia médica.
Todavía es una incógnita cómo fue que Molina accedió a esas armas y desde cuando estuvieron en poder de la policía, es decir, si antes o después de la saga de seis atentados en las que fueron utilizadas. Lo que expuso la Fiscalía es que horas antes del procedimiento armado las pasaron a buscar en el móvil policial por el domicilio de Molina, de donde también se llevaron el cartel con el mensaje que mencionaba al gobernador Maximiliano Pullaro y a la Tropa de Operaciones Especiales.
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Vera y Ruiz sabían a quién tenían que "embagayar" con las armas que habían pasado a buscar: Alexis C. M. no había sido elegido al azar, era chofer de Leonel "Leo" Tripi. "Los Tripi" son una banda del barrio Parque Oeste con liderazgo familiar apuntados como vendedores de drogas y Leo, el único en libertad de tres hermanos, fue asesinado este martes horas antes de la audiencia imputativa contra los policías.
Las armas que plantaron los policías detenidos este domingo.
Según un testigo de identidad reservada, mantenían una bronca con un grupo liderado por Mauricio Ayala, ahora prófugo, quien acusaba a Los Tripi de haber filtrado información que sirvió para una serie de procedimientos policiales. "Le hicieron perder 200 kilos de falopa y tirar un búnker", dijo el testigo en relación a un punto de venta de droga de Riobamba al 5000 que fue derribado en el marco de la nueva ley de narcomenudeo por pedido del mismo fiscal de esta causa.
Qué sabe el jefe
Vera y Ruiz no fueron directamente contra Leo Tripi, a quien tenían identificado, porque sabían que se podía generar un marco de violencia en una zona complicada. Para fichar a sus hombres, en esos días, Ruiz y Molina mantuvieron 140 comunicaciones entre mensajes y llamadas, de las cuales lograron eliminar 105. Algunas las pudieron recuperar mediante peritajes y otras no habían sido borradas, entre ellas las que Ruiz había mantenido con su jefe Pablo C. En una de ellas, 30 minutos antes del procedimiento armado, Ruiz le reenvió a su superior las descripciones físicas de las personas que trabajaban con Leo Tripi.
Entre las ocasiones que el fiscal Carbone mencionó a Pablo C. en la audiencia de este miércoles, hay una que llama la atención por su particularidad. Cuando el procedimiento armado todavía no había sido descubierto, y por lo tanto lo que se tramitaba en la Justicia era la acusación a Alexis C. M., el fiscal llamó a entrevistar a Ruiz y Vera. Si bien ya había sospechas a raíz de la denuncia de la víctima del operativo, la citación era para que los policías corroboren lo que habían plasmado en el acta.
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Lo que llamó la atención del fiscal, y acentuó la desconfianza, fue que al salir de una de las entrevistas se encontró con que Pablo C. los había acompañado. El jefe de Tercio Bravo se le acercó y le preguntó al fiscal si sus subalternos iban a quedar detenidos, cuando en principio la entrevista era apenas una formalidad. Todo eso fue relatado en la audiencia por Carbone, quien así dio la pauta de que dentro de la fuerza había dudas sobre el accionar de Vera y Ruiz.
¿Hubo alguna participación de Pablo C. en el procedimiento armado? Si no participó, ¿desde cuándo tomó conocimiento del accionar ilegal de los agentes a su cargo? En la causa, Vera y Ruiz fueron relacionados a Molina y hasta ahí llegó por ahora el entramado policial con connivencia con una banda criminal. "No son policías, son corruptos que están en connivencia con los narcos y están trabajando para ellos. No tengo dudas”, dijo Carbone en la audiencia.
El fiscal Franco Carbone, a cargo de la acusación contra los tres policías imputados.
En el Centro de Justicia Penal había allegados a los policías, quienes en diálogo con La Capital manifestaron dudas acerca de la ausencia de los cargos superiores en la acusación. Es sabido que es muy difícil que dentro de la policía los rangos menores actúen sin el conocimiento de sus jefes, quienes suelen estar al tanto de cada movimiento de sus subalternos. A Pablo C., por lo pronto, le tomaron declaración y le secuestraron su celular.
Si bien la investigación continúa abierta, por ahora la mira se acotó a los policías que quedaron pegados tras un procedimiento desprolijo que fue rápidamente descubierto. De todos modos, Vera, Ruiz y Molina pudieron haber mostrado la hilacha de una maraña que quizás termine cortándose por su parte más delgada y débil.
Lo que se perfila como una causa que expondrá en profundidad cómo funciona desde arriba hacia abajo la connivencia policial puede también, como en tantas otras ocasiones, cerrarse con un juicio abreviado que no tenga el alcance de una investigación que llega a debate oral. Al ocurrir lo segundo, prevalece la idea de que la corrupción policial es cuestión de individuos que caen en la tentación de delinquir y no de una institución atravesada de manera fragmentada por el crimen organizado.
Otro procedimiento armado
El 14 de noviembre pasado, la ciudad se estremeció con el asesinato del policía Leoncio Bermúdez en el Hospital Provincial. Los homicidas entraron al centro de salud para rescatar a un preso que había sido trasladado por una enfermedad, pero la misión falló, en la huida se toparon con el policía y lo mataron a balazos. Cuatro días después fue aprehendido un sospechoso que un mes más tarde quedó libre. Sus familiares denunciaron un procedimiento ilegal en el que golpearon y torturaron a la víctima. Entre los que participaron, y son investigados por eso, estuvieron Ruiz y Vera.
El operativo fue el domingo 19 de noviembre por la mañana. La central de emergencias 911 recibió el llamado anónimo de una persona que aportó datos sobre el supuesto asesino de Leoncio Bermúdez. Con esa información, al menos trece patrulleros arribaron a una casa de Arequito al 900 en busca del presunto sospechoso: Fabián G., de 33 años.
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El reporte del procedimiento consignó los nombres de Damián Ruiz, Lisandro Vera y Pablo C., además de un cuarto efectivo. Al momento de comunicar el operativo, dijeron haber dado con el autor del homicidio de Bermúdez y que le habían secuestrado un arma de fuego calibre .380 con municiones y la funda de un chaleco antibalas.
Los familiares del detenido aseguraron desde un primer momento que esos elementos habían sido plantados, tal como ocurriría días después en el procedimiento por el que terminaron presos acusados de encubrimiento. Además, denunciaron que tanto Fabián G., como su pareja y un sobrino recibieron golpes. La peor parte se la llevó el detenido. En el caso intervino el área de violencia institucional del Servicio Provincial de Defensa Penal. Se presentó una denuncia por torturas, apremios ilegales, allanamiento ilegal, robo y falsedad ideológica ante la fiscal Karina Bartocci.
Desde la defensa pública, indicaron que a Fabián G. le aplicaron la técnica del submarino seco mientras lo mantenían de rodilla y lo acusaban de haber matado a Leoncio Bermúdez. Un médico del Hospital Roque Sáenz Peña constató lesiones múltiples pero en el acta policial se consignó que habían sido golpes producto de una caída en un intento de huida.
Fabián G. fue imputado por portación ilegal del arma y el juez Alejandro Negroni le dictó prisión preventiva por el plazo de dos años y lo trasladaron a la cárcel de Piñero, donde fue alojado como "preso de alto perfil". Los reclamos continuaron y poco antes de la feria judicial el juez Alfredo Ivaldi Artacho le otorgó la libertad y advirtió "la llamativa falta de profesionalidad de todas las dotaciones intervinientes".
