Una audiencia que se anunciaba como una instancia judicial decisiva por el crimen de Jonatan Herrera, baleado por la policía cuando lavaba el auto frente a su casa, tropezó con dificultades formales que obligaron a reprogramar el trámite. La cita era ante tres jueces de la Cámara Penal que se disponían a revisar la condena impuesta a Ramiro Rosales, uno de los efectivos que realizó disparos letales contra el joven de 23 años. La Corte Suprema de la provincia había ordenado revisar la pena y adecuar el encuadre al delito de homicidio doloso tal como pedía la familia de la víctima, que ahora deberá esperar una nueva fecha de debate porque uno de los camaristas designados ya había intervenido en la causa. Será reemplazado por sorteo.
Con motivo de la esperada audiencia, la Multisectorial Contra la Violencia Institucional había convocado a los tribunales de Balcarce y Pellegrini para acompañar a la familia de Jonatan en la nueva instancia judicial que se abre a siete años del crimen. La cita era a las 8.30 en una sala de la Cámara Penal. Con las partes reunidas y el acusado conectado desde la cárcel por videoconferencia, el trámite quedó en suspenso al advertirse que uno los integrantes del tribunal ya había intervenido en la causa.
Los camaristas sorteados para abordar el caso de gatillo fácil son Carolina Hernández, Gabriela Sansó y Guillermo Llaudet, quien había participado en una apelación de la prisión preventiva de Rosales en enero de 2016. En esa etapa incipiente de la investigación el juez había votado por mantener la detención del policía. Al advertir esto los querellantes Marcia López y Santiago Bereciartúa objetaron la designación del tribunal porque, de participar un mismo juez dos veces en el mismo caso, el fallo podría ser objeto de nulidades.
Fue así que el propio Llaudet consideró necesario dar un paso al costado, dictar un cuarto intermedio y esperar al sorteo de un nuevo miembro: “Advertida por la querella mi participación anterior, me aparto y solicito a la Oficina de Gestión Judicial la designación de un nuevo integrante”, dijo, y pidió que la fecha de la nueva audiencia se fije antes de la feria judicial de julio.
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“Para la familia de Jonatan esta audiencia vuelve a movilizar todo lo que tienen dentro. Activaron mucho esta semana para volver a poner el caso en la opinión pública y que ahora se aplace por un tiempo prolongado es como una frustración. Es una dilación producto de un error involuntario, pero debe hacerse para que cuando llegue el fallo no tenga ningún viso de nulidad posterior”, dijo Bereciartúa, quien representa a María Elena Herrera, madre de la víctima.
Jonatan Herrera murió bajo balas policiales a las 15.15 del 4 de enero de 2015. Lavaba su Volkswagen Gol frente a su casa de pasaje Villar y Ayacucho cuando aparecieron efectivos del Comando Radioeléctrico que perseguían un ladrón. La escena fue advertida desde un colectivo de la línea 133 por más de diez agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) con escasa y reciente instrucción. Ramiro Rosales, Francisco Rodríguez, Luis Sosa y Jonatan Gálvez bajaron y se sumaron a los tiros. Herrera fue baleado de muerte cuando intentaba refugiarse detrás de un árbol.
Cinco policías llegaron a juicio oral. En abril de 2017 fueron condenados tres efectivos de la PAT a 3 años y 8 meses por abuso de armas y Rosales recibió 6 años y medio de condena por homicidio culposo, es decir, cometido con negligencia pero sin intención homicida. Se demostró que efectuó uno de los disparos letales al abdomen de Herrera. No pudo comprobarse quién realizó otro disparo que atravesó la cabeza de la víctima. El veredicto fue apelado ante la Cámara Penal. En octubre de 2017 las juezas Georgina Depetris y Bibiana Alonso consintieron la pena respecto de Rosales y rebajaron las demás. El juez Javier Beltramone votó en disidencia por la opción del homicidio doloso.
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Esta es la sentencia que, tras una serie de recursos de las partes acusadoras, fue revisada por la Corte. Por cuatro votos contra tres, los jueces Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez, Guillermo Spuler y el juez de Cámara Enrique Alvarez plantearon en abril que ese fallo incurrió en arbitrariedad y contradicciones porque concluyó que Rosales actuó sin intención homicida cuando sus propios argumentos y la prueba del caso indicaban lo contrario. Por esto ordenaron que un nuevo tribunal de camaristas revise la condena a Rosales siguiendo esos parámetros. Esa es la instancia que arrancaba este miércoles pero debió reprogramarse.
“Siempre entendimos que había un dolo con intención y voluntad de matar en la conducta de Rosales”, planteó Bereciartúa, quien entiende que el nuevo tribunal deberá emitir un fallo acorte a los lineamientos de la Corte, es decir, por un delito cometido con dolo. Esto abre dos opciones: el enfoque de homicidio agravado por el uso de arma, con pena mínima de 10 años y 8 meses, o el de un homicidio calificado por ser cometido con abuso de la función policial, que prevé prisión perpetua. La defensa ejercida por el defensor público Mariano Bufarini insiste en que se trató de un acto negligente y fruto de la escasa instrucción.
“Sabemos que la defensa va a plantear una discusión abierta para reeditar el debate sobre si fue un acto culposo o doloso. Para nosotros la remisión es clara y respalda lo que venimos pidiendo en todas las instancias”, añadió el querellante. Es lo que comenzará a discutirse antes de mediados de julio, cuando se termine de conformar el tribunal que emita un nuevo fallo para Rosales.
