El abuso de poder en la Argentina

Un ministro de la Nación insulta a su empleada doméstica porque no le tenía preparada su silla de ruedas. Un jugador de fútbol de Central maltrata física y psicológicamente a una joven en un bar. El técnico de la selección argentina humilla a un inspector de tránsito porque lo hizo bajar de un auto en infracción. Un policía cordobés muele a palos a un enajenado mental porque se bañaba en un charco de agua.

La lista podría ser casi interminable con sólo apelar a la memoria de algunos casos de resonancia mediática de los últimos tiempos. Obvio que no figuran en esta apretada síntesis el abuso diario, permanente, que sufre la gente cuando se enfrenta a distintas situaciones y a personas que cuentan aunque sea con una pequeña cuota de poder, sea en el ámbito privado o en el sector público. También hay abusos frecuentes por el color de piel o por la nacionalidad.

Sin dudas es en las esferas gubernamentales donde el cargo de alto funcionario opera como un factor de poder que, si no se lo sabe manejar, deriva en situaciones como la de Jorge Triaca, ministro de Trabajo. El responsable nacional para regular las relaciones laborales del país mantuvo en una de sus propiedades a una persona sin registrar, la insultó y, además, se supo ahora que la había incluido en la nómina de asalariados de un sindicato intervenido por la corrupción de sus dirigentes. ¿Con ese dinero le pagaba el sueldo por los servicios que prestaba en uno de sus inmuebles? Para el gobierno se trató de "un error" que no justifica su separación del cargo. Triaca, en vez de renunciar, como hubiera ocurrido en cualquier país serio, adelantó sus vacaciones para evitar que el escándalo se propague aún más.

En realidad, Triaca no hizo más que seguir con la máxima de la mayoría de los funcionarios en todos los tiempos en la Argentina: hay un discurso políticamente correcto que se hace público y otro reservado, oculto, pero que es verdaderamente lo que se piensa o se siente y aflora ante determinadas situaciones, sobre todo en momentos de tensión.

Otros casos

Sin ser funcionario público, sino empleado de la AFA, Jorge Sampaoli, dio un claro ejemplo de estos fenómenos. Montado en una supuesta superioridad profesional y económica insultó a un trabajador municipal y le enrostró que es una especie de tonto y marginal social que "gana 100 pesos al mes". Después vinieron las disculpas, las aclaraciones y el discurso políticamente correcto que sonó superficial y poco creíble.

En otro escalón social pero en el mismo rubro, el de los futbolistas, ocurren cosas similares. Dos jugadores de Boca organizan una fiesta con mujeres, las que los denuncian por abuso sexual. Fernando Tobio, de Central, también protagonizó hace pocas horas un escándalo al agredir e insultar a una joven en un bar de la ciudad. Tal vez, desde sus perspectivas y sus orígenes mayormente ligados a las carencias, los jugadores sienten una sensación de superioridad que les da la fama y el dinero que consiguen por su trabajo. Como en tantos otros sectores de la sociedad, perciben un falso empoderamiento que les permite transgredir, relacionarse con mujeres hermosas que se ofrecen al por mayor por los medios y redes sociales, y resarcir así una vida de privaciones. Muchos caen en estas tentaciones.

En el ámbito público también existen tentaciones, y muchas. Sindicalistas millonarios, políticos que no podrían justificar sus bienes y empresarios que sobornan a funcionarios para obtener contratos y también financian campañas políticas con plata negra. Todos abusan del poder que les da el Estado o su posición económica en el sector privado.

Cada gobierno que llega al poder deja un sinnúmero de familiares y amigos en todos los estamentos de la administración nacional, provincial y municipal, que aumenta el gasto improductivo del Estado. Y si ese gobierno o sector político se mantiene muchos años la situación se multiplica.

No parece ilógico que un funcionario designe a personas de su confianza para el desarrollo de una actividad específica, pero cuando esos nombramientos son generalizados y tienden a resolver un problema de ocupación laboral del beneficiado, más que un servicio a la población, se desencadenan situaciones de injusticia que se originan en el poder de un funcionario para efectuar esas designaciones.

La Argentina no será mejor ni sustentable económicamente si se terminan los nombramientos de embajadores políticos en lugar de los de carrera, si se expulsa del Estado nacional a un 20 por ciento de la planta, como quiere el gobierno actual, o si se descubren todos los ñoquis de las legislaturas provinciales o concejos municipales del país. Esa acción llevaría, sin dudas, a achicar el gasto público pero no resolvería el problema de fondo: el nepotismo, producto del abuso de poder que siempre se ha ejercido en la Argentina durante todas las administraciones, algunas más, otras menos. Un nepotismo que es funcional a la corrupción, que la perfecciona y la organiza y que atraviesa todos los estamentos de ámbitos públicos y privados.

El abuso de poder, en todas sus variantes y modalidades, es uno de los grandes males que la sociedad argentina debería intentar combatir.