La tensión en Casilda por la construcción de los tribunales en el Parque Sarmiento subió aun más este viernes. Luego de que la empresa adjudicataria retomara los trabajos para construir la obra, fueron detenidas dos personas, que luego quedaron liberadas. Hubo pintadas en la Municipalidad, tanto en paredes como en la calle y la vereda, y por la tarde se produjo un nuevo momento de rispidez, cuando los ambientalistas intentaron ingresar al predio, hubo violencia, cinco demorados y tres personas (dos policías y un obrero) con lesiones, informaron fuentes oficiales.
La acción se registró luego de que la empresa adjudicataria retomara los trabajos que habían sido clausurados por el municipio hasta que cumplimentara, tal como ya sucedió, una serie de trámites administrativos. La constructora había intentado reiniciar las tareas el jueves, pero finalmente desistió luego de los momentos de tensión que se vivieron entre la policía y ambientalistas que impidieron el ingreso de una grúa para llevar adelante la poda y tala de árboles.
Sin embargo, ayer por la mañana la situación fue otra. Con apoyo de las fuerzas de seguridad, la firma logró avanzar y seguir adelante con la obra a pesar de la oposición de los asambleístas que acampan desde hace más de un mes en el parque. Los manifestantes tumbaron un tramo del tejido perimetral del espacio afectado para la ejecución del edificio de justicia. Antes de eso, desde el grupo aseguran que la policía detuvo “ilegalmente” a dos personas que luego recuperaron su libertad.
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Tras lo ocurrido en la zona del Parque Sarmiento, la protesta se desplazó hacia las calles céntricas de la ciudad y tuvo su momento más álgido en la zona de la Municipalidad. Allí, algunos manifestantes, en su mayoría jóvenes, hicieron las pintadas que luego se replicaron en otras zonas del casco urbano, además de provocar cortes de tránsito. Un grupo táctico de la policía se apostó frente al Palacio Municipal para evitar nuevos sobresaltos.
"Ecocidio" y "Genocidas antiderechos" fueron algunos de los mensajes escritos con pintura en aerosol a los que se sumaron otros tantos, fundamentalmente dirigidos hacia distintas autoridades políticas y judiciales.
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Luego, los manifestantes regresaron al parque y un grupo ingresó al alambrado donde se realizaban los trabajos, indicaron fuentes policiales. Ahí se inició otro incidente que dejó como saldo cinco manifestantes detenidos, quienes luego fueron liberados, y dos policías y un operario lesionados, según fuentes policiales. Los ambientalistas denunciaron, sin embargo, una "represión desmedida" contra los manifestantes. El acampe continuó pero ya fuera del perímetro.
El conflicto
Si bien no se oponen a la construcción de los Tribunales para Casilda, los asambleístas reclaman desde hace tiempo que se construya en otro lugar, algo que fue rechazado de plano por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe luego del pedido de relocalización que se le formuló en el marco de una reunión desarrollada ya hace un tiempo.
A eso se suma que la jueza de Circuito de Distrito Judicial Nº 7 de Casilda, Laura Babaya, no hizo lugar a los amparos interpuestos en base a la ley 10.000 de intereses difusos y que tenían como finalidad lograr la suspensión de la obra "hasta tanto se presente el informe ambiental emitido por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia y la reparación de los árboles que fueron podados y talados".
Pese a que la obra ya fue retomada, los ambientalistas siguen adelante con la proclama “Tribunales sí, en el Parque no” y no parecen estar dispuestos a abandonar la lucha.
A principios de este mes, como publicó este diario, la Asamblea Casilda, integrada por agrupaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados, presentó un petitorio en la Municipalidad para que mantenga la clausura de la obra "debido a las múltiples irregularidades que no han sido resueltas".
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El requerimiento se basó en el argumento de que "todavía no está firme" el fallo de la jueza Babaya, por lo que solicitaron al intendente Andrés Golosetti que “se suspendan las obras de los tribunales provinciales hasta tanto no se acredite el cumplimiento de los recaudos legales que son propios de su deber funcional". Entre otros puntos, el escrito hace hincapié en "el principio jurídico ambiental constitucional de prevención y precautorio" del arbolado público.
El requerimiento, que no prosperó, apuntó a velar por la "protección" del parque y el equilibrio ecológico, cuya postura viene siendo visibilizada desde el primer momento por el colectivo de vecinos autoconvocados y asambleístas.
