Acusan al vice de Victoria de emitir un documento falso

Una presunta evasión impositiva por parte del viceintendente de Victoria, y la publicación de un comunicado oficial apócrifo generó un escándalo en la vecina ciudad de Entre Ríos, con un final incierto respecto del futuro del funcionario, cuya empresa está acusada de no pagar una tasa municipal.

   Fue el abogado Carlos Reggiardo, apoderado del Frente Renovador entrerriano, quien denunció la supuesta situación irregular en la que se encontraría Alcides Risso, viceintendente y presidente del Concejo de Victoria.

   Ocurre que el municipio, encabezado por el intendente Domingo Maiocco, impulsó el cobro de la tasa de seguridad, higiene y profilaxis a las inmobiliarias de la ciudad. Una medida que, después de una disputa legal con el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia y algunos agentes particulares, fue habilitada por la Justicia en marzo de 2015.

   Lo que denuncia Reggiardo es que el viceintendente Risso habría falseado datos de la inscripción de su inmobiliaria para eludir el pago de la tasa. El abogado hizo entonces una denuncia pública contra el funcionario, alegando que la inmobiliaria que tiene con su hermano Mateo mantendría una importante deuda con el Estado municipal ante la falta de pago de la tasa comercial.

   Según el apoderado del Frente Renovador, Risso abrió su inmobiliaria en 2010 pero recién la inscribió en julio de 2016. Y si bien no tiene deuda, señaló que existe una grave incongruencia entre lo que declara y ha pagado y la fecha real, habiendo falseado datos para pagar sólo dos meses de esa tasa.

El escándalo mayor. El tema no terminó ahí, porque al día siguiente, se conoció un comunicado del municipio que encendió la mecha. El escrito, presuntamente firmado por el intendente, decía: "Se informa a los contribuyentes que el presidente del Concejo Deliberante no posee deudas con el municipio, tampoco la sociedad de hecho que comparte con su hermano con fines inmobiliarios". El comunicado llevaba la firma del intendente, quien desmintió terminantemente haber rubricado esa misiva.

   Esta fue la piedra del escándalo. Según informaron medios locales, durante la última sesión del Concejo Deliberante (que preside Risso), un sala anexa al recinto fue escenario de una acalorada discusión entre los socios de la fórmula electoral (Maiocco es radical y Risso del PRO), donde el mandatario municipal le endilgó, según publicó LT39: "Yo no voy a avalar algo que no escribí y tampoco firmé". Y ayer, el mismo intendente volvió a desmentir, esta vez públicamente, haber firmado ese documento.

   Según Reggiardo, las deudas del actual viceintendente con el municipio se estarían acumulando desde 2010, cuando comenzó a funcionar la Inmobiliaria Risso, una sociedad de hecho entre los hermanos Alcides y Mateo. La firma, ubicada en calle España 214 de la ciudad de las siete colinas, está inscripta como prestadora de servicios inmobiliarios desde enero de 2012 en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater).

Consecuencias. Lo cierto es que el escándalo puede tener consecuencias institucionales en la ciudad. Desde ya, y según fuentes periodísticas consultadas por La Capital, el mismo Risso admitió que hubo un "error" en la confección del comunicado, y le endilgó el problema al encargado de prensa del municipio, Gerardo Gómez, quien fue separado del cargo, aunque sigue vinculado al municipio como director de la Sala Informática.

   Puertas adentro del Concejo, y según las mismas fuentes, se hablaba de un pedido de destitución del presidente del Concejo, aunque para esto habrá que esperar al miércoles próximo, en que vuelva a sesionar el cuerpo. "Aparentemente, tendrían los ocho votos que necesitan para votar favorablemente un apartamiento, pero esto es política, hay que ver qué pasa en los próximos días", comentó a este diario un periodista que sigue de cerca el tema.

   Desde ya, el que salió con los tapones de punta fue el Frente para la Victoria, que rechazó "las conductas desprolijas de quienes pretendían erigirse en paladines de la honestidad y la transparencia", y consideró que "este tipo de situaciones atentan contra la institucionalidad y gobernabilidad, sembrando desconfianza y falta de respeto en aquellos electores que eligieron a las actuales autoridades municipales".