La seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) denunció despidos “sin causa” en instituciones educativas privadas del Gran Rosario.
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
La seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) denunció despidos “sin causa” en instituciones educativas privadas del Gran Rosario.
Mediante un comunicado difundido este domingo, señalaron que en la primera quincena de enero tomaron conocimiento de más de 15 situaciones de despido o “reducción de horas cátedras”, modalidad que encubre el despido parcial. "La cifra no tiene antecedentes en los años anteriores, debiendo remontarse a más de una década para encontrar un escenario similar", señalan desde el sindicato docente. Los casos se registraron en Rosario, Funes, Roldán y Granadero Baigorria, entre otras localidades.
Desde el gremio recordaron que en 2016, de manera conjunta las seccionales Rosario y Santa Fe de Sadop lograron una reforma en la Ley de Educación Privada Provincial que expone a la pérdida del subsidio estatal a aquellas instituciones educativas que dispongan despidos sin causa, lo cual implica el pago de una indemnización. La reforma fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y con un solo voto en contra.
“Después de años de lucha, la Legislatura nos dio la razón, el Estado no puedo subsidiar por vía indirecta el pago de indemnizaciones que el propio Estado no paga. Si una escuela quiere despedir un docente que haga el sumario respectivo como lo dice la Ley de Educación Privada. Sino que pierda el aporte del cargo”, dijo Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario. Y agregó: "Es innegable que el clima de época ayuda. La retórica discursiva y el DNU del Presidente Milei alientan los despidos. Nunca faltan empresarios educativos inescrupulosos que se suban a la ola”.
Sadop Rosario denunció además como "discriminatorio" el despido del docente Franco Casasola, secretario del Instituto Superior D'Ibarre. "Franco es un reconocido militante político y gremial, miembro de la Comisión Directiva de Amsafe Rosario y afiliado a Sadop. Su desempeño a lo largo de mas de cuatro años en la institución ha sido intachable recibiendo el reconocimiento de sus pares y el personal directivo de la Institución. De manera intempestiva en la primera semana de enero (previa a la suspensión del DNU) es despedido por Adrian Di Franco, representante legal del Instituto. En los meses previos Franco, junto con un grupo de docentes, venían reclamando que le paguen los salarios en tiempo legal, ya que cobraban después del 10 de cada mes. La institución recibe aportes de Estado", señalaron desde el sindicato docente.
El gremio denunció que este ejemplo es "por demás de elocuente", ya que "la entidad propietaria no podía pagar en término, pero sí tiene dinero para despedir a un trabajador con una trayectoria intachable por reclamar el pago que por derecho le corresponde".
Sobre este caso particular, Lucero expresó: “El caso de Franco Casasola es paradigmático. Tiene el respaldo de todo el personal docente de su escuela y del personal directivo. Un legajo intachable. Claramente lo despiden reclamar que se cobre en término. Un despido que busca ser aleccionador y generar un antecedente. Es vergonzoso el accionar de empleador Di Franco. Debería recibir la sanción correspondiente y no poder tener más escuelas a cargo”.
Sobre las acciones a seguir el dirigente de Sadop Rosario expresó: “Franco ha iniciado las acciones legales correspondientes con los abogados del sindicato. Además hemos realizado la denuncia en el Ministerio de Educación y haremos lo propio en el Ministerio de Trabajo. Creemos que más allá de los procedimientos administrativos las autoridades ministeriales tienen que tomar cartas en el asunto e impedir estas acciones. Un empleador que no paga en término y recibe fondos del Estado ¿Con que cara paga indemnizaciones? El Estado debe impedir estas conductas. Agotaremos todas la instancias para lograr la reincorporación de Franco Casasola, incluso las medidas de fuerza en la institución. Esperamos que la patronal reconsidere esta medida arbitraria y evite males mayores al proyecto educativo que tienen en manos”.
Por Javier Felcaro
