La causa por la inundación del Salado en 2003 sigue viva

A días de cumplirse once años de la mayor tragedia hídrica registrada en Santa Fe, la causa penal en la que se investiga la presunta responsabilidad por estrago de tres ex funcionarios por su desempeño en la crecida del río Salado del año 2003 finalmente no volverá a foja cero y seguirá su curso en los tribunales provinciales.

Como anticipó en su edición de ayer este diario, así lo dispuso el juez de Sentencia Cristian Fiz, en una concluyente sentencia cuyos fundamentos se difundieron ayer en la capital provincial.

En su resolución, el magistrado desestimó el planteo de prescripción de la acción penal y sobreseimiento promovido por los abogados defensores del ex intendente de Santa Fe, Marcelo Alvarez, en el marco de la causa que investiga las responsabilidades penales de la trágica inundación.

Tras la resolución dictada por el magistrado la causa no se extinguirá por el mero transcurso del tiempo —tal el efecto práctico de la prescripción— como pretendían los acusados. Y en consecuencia, además de Alvarez también seguirán siendo investigados otros dos funcionarios procesados por la presunta comisión de "estragos reiterados, culposo y agravado por el resultado de la muerte de 18 personas". Ellos son el ex ministro de Obras Públicas de la provincia Edgardo Berli y el ex titular provincial de Obras Hidráulicas, Ricardo Fratti, funcionarios de la entonces administración del ex gobernador Carlos Alberto Reutemann.

Pedido de prescripción. Los abogados defensores de Alvarez, quien ejercía la intendencia durante el desborde del Salado que inundó la tercera parte del caso urbano de Santa Fe y provocó un centenar de muertos si se contabilizan los secuelados, millonarias pérdidas y más de 130 mil evacuados, presentaron en agosto del año pasado un escrito solicitando la declaración de la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento del ex alcalde santafesino.

Dicho planteo se fundamentó en el hecho de que el proceso superó el "plazo razonable", en razón de que los casi once años que acumula la investigación excederían la pena máxima (cinco años) de los delitos investigados.

En las útimas horas el juez Fiz desestimó "la excepción de prescripción promovida" al tiempo que resolvió "continuar el trámite de la causa", en el estado en que se venía sustanciado. El magistrado se ajustó en su sentencia a lo dictaminado por los fiscales Mariela Jiménez y Jorge Andrés, que habían aconsejado el rechazo de la pretensión de los defensores de Alvarez en el entendimiento de que "la acción penal no ha prescripto, debiendo reanudarse los términos para proseguir con el trámite del juicio".

Fundamentos. En los fundamentos del fallo, el juez también atendió el planteo de los actores civiles de la causa que invocaron, en detrimento de los abogados defensores de los ex funcionarios, que al menos dos de los imputados continuaron desempeñando diversos cargos en la función pública, circunstancia que inhabilitaría el argumento prescriptivo.

En esa misma línea argumental, Fiz consignó en la sentencia conocida ayer que "ha quedado fehacientemente probado que tanto el imputado Edgardo Berli como su coimputado Marcelo Alvarez se han desempeñado, desde la comisión del hecho juzgado y lo hacen actualmente en la función pública", entre los principales fundamentos para rechazar el planteo de prescripción.

"El proceso sigue". Jorge Castro, querellante civil en la causa inundaciones resumió ayer en declaraciones formuladas a Canal 13 de Santa Fe que el fallo conocido ayer implica que "el proceso sigue".

"Estábamos esperando que esta situación se produzca, tanto a favor o en contra porque indudablemente, esto termina en la Corte Suprema de la Nación", reconoció el querellante. Castro recordó ayer además que por la causa "han pasado seis jueces, el Ministerio Fiscal que nunca acusó y la dilación que tiene la justicia. Esperemos que la Cámara ahora actúe rápido porque seguramente (los defensores de los ex funcionarios) van a apelar" la medida dictada por el juez Fiz.

"Nos están llevando por el camino más largo. La jugada es esa, prolongarla, que la causa se dilate aunque ya existe jurisprudencia en el caso de Río Tercero, de hecho a nosotros la condena social y un triunfo ético no satisface a nadie, lo que tiene que haber es una resolución de la justicia y en ese sentido esperemos que sigan actuando y lo más rápido posible", concluyó Castro.