Bogotá. — Colombia y Estados Unidos firmaron finalmente un polémico acuerdo
bilateral, que permite por 10 años el acceso de militares y contratistas civiles estadounidenses a
siete bases colombianas para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Esta decisión, gestionada
por el gobierno colombiano cuando aún estaba en la Casa Blanca George W. Bush pero ratificada por
Barack Obama, enfureció a varios gobiernos de izquierda de la región.
Washington planea utilizar las bases para el aterrizaje,
aprovisionamiento y mantenimiento de sus aeronaves que realicen labores de interdicción e
inteligencia en Colombia. Estas tareas han probado tener un valor esencial en el redimensionamiento
de la principal guerrilla de Colombia, las comunistas de las Farc, vinculadas a su vez a los
narcotraficantes.
La firma del texto, llamado oficialmente “Acuerdo complementario
para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad”, se realizó en el Palacio de
San Carlos, sede de la Cancillería colombiana en Bogotá. Lo suscribieron el canciller Jaime
Bermúdez, los ministro de Defensa, Gabriel Silva, y de Interior y Justicia, Fabio Valencia, y, por
EEUU, el embajador William Brownfield.
El pacto acentuará, según sus críticos, las divisiones en Latinoamérica
entre los países más cercanos a Estados Unidos, como Colombia y Perú, y los adversarios de
Washington, liderados por Venezuela. La confrontación tuvo su punto más alto durante la cumbre de
Bariloche de la Unasur, en agosto pasado. Argentina se halla entre los países más criticos. Brasil,
Uruguay y Chile también critican el acuerdo, pero mucho más moderadamente.
Actualmente, 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos tienen
autorización para permanecer en Colombia, en el marco del Plan Colombia, apoyando operaciones
contra el narcotráfico y la guerrilla. Esta cifra se mantendrá con el convenio que entró en
vigencia de inmediato. El Plan Colombia es criticado por la izquierda regional, pero objetivamente
ha permitido, bajo la presidencia de Alvaro Uribe, una sustancial reducción del poder militar y
territorial de las Farc. Bogotá denuncia complicidades con las Farc de parte de Ecuador y
Venezuela.
“No vamos a ver un despliegue de gente ni de naves superior al que
ya existe, lo importante es que se establecen los mecanismos de cooperación técnica militar mucho
más eficaces. El alcance de este acuerdo es exclusivamente el territorio colombiano, Colombia es un
país que ha sufrido mucho el narcotráfico, el terrorismo, y necesitamos mecanismos eficaces para
acabarlos de manera definitiva”, explicó el canciller.
EEUU es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el
narcotráfico y los grupos armados ilegales. Desde el año 2000 ha entregado a Bogotá más de 6.000
millones de dólares mediante el Plan Colombia.
