El 1º de Mayo fue para la presidenta de Brasil, la izquierdista del Partido de los Trabajadores (PT) Dilma Rousseff, un día negro, señala la agencia de noticias DPA. Con índices de rechazo de 63 por ciento y sin el apoyo incondicional de las centrales sindicales, la presidenta brasileña se llamó al silencio y no pronunció el tradicional discurso del Día de los Trabajadores. Una señal de cómo la mandataria y su partido han quedado a la defensiva ante la catarata de malas noticias, en especial por la corrupción galopante en el manejo de la estatal Petrobras, que ha llevado a prisión al tesorero del partido y a decenas de dirigentes. Ante este panorama, el que sí habló fue Lula Da Silva, la figura fuerte del PT, quien dijo que, aunque no va a volver a ser candidato, “a partir de ahora voy a comenzar a recorrer Brasil nuevamente. Voy a hablar con los trabajadores, con los desempleados”, para defenderse de imputaciones como la que le hizo ayer una revista sobre tráfico de influencias en favor de una constructora.
Pero el hecho es que la presidenta y ex guerrillera transita un segundo mandato —iniciado el 1º de enero pasado— en el que además de ser castigada por la oposición, las críticas más virulentas a su persona, su gobierno y su PT provienen de los aliados, como lo son los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros. De hecho, fue Calheiros, correligionario de Cunha en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mayor socio del gobierno y tradicional formación centrista, quien disparó el juicio más subido de tono contra la decisión de Dilma de no pronunciar ayer un discurso. “Eso de que la presidenta no pueda hablar el 1º de mayo porque no tiene qué decir es algo ridículo. Ridículo. Eso debilita mucho su gobierno”, comentó Calheiros.
La idea de que la presidenta no habló por temor a un nuevo “cacerolazo” como el del pasado 8 de marzo es unánime en el ámbito político y entre la prensa. No obstante, el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, rechazó esa realidad. “La presidenta no teme a ninguna forma de manifestación de la democracia. En este momento entendemos que la mejor forma de comunicación son las redes sociales”, afirmó. Se refería a los breves videos divulgados con palabras de la presidenta.
Con “aliados enemigos” y un bajísimo 13% de índice de aprobación, Rousseff tampoco tiene a su lado a la clase trabajadora, bastión del PT desde su fundación en 1980.
En el centro de las divergencias entre la principal central sindical, la CUT, y el Ejecutivo de Rousseff está el ajuste fiscal del nuevo equipo económico. Pero el ajuste fiscal no es el único temor de sindicalistas y trabajadores. Un proyecto de ley del titulare de Diputados, Eduardo Cunha, que libera en forma irrestricta las contrataciones de trabajadores tercerizados y ya fue aprobado por esa Cámara baja, encendió las alarmas del movimiento sindical.
Lula sale a escena. En este clima, Lula decidió asistir ayer por primera vez en cinco años a un acto del 1º de Mayo de la CUT. Lula dijo que “soy un ciudadano casi jubilado. Lo que me deja inquieto es el miedo de la élite de que vuelva a ser presidente. Es un poco inexplicable, porque nunca ganaron tanto como en mi gobierno”. Lula no participaba en un acto del 1º de Mayo desde 2010. El fundador del PT salió al cruce de un artículo de la revista Epoca, que afirma que es investigado por tráfico de influencias. Lula habría usado su influencia para que la constructora brasileña Odebrecht consiguiera contratos en América latina y Africa financiados por el banco de fomento brasileño BNDES. “No me inciten a pelear porque soy bueno peleando. No tengo interés en ser candidato a nada, pero tengo ganas de pelear con mis detractores”, advirtió. “A partir de ahora voy a comenzar a recorrer Brasil nuevamente. Voy a hablar con los trabajadores, con los desempleados, con los campesinos, con los empresarios. Voy a desafiar a aquellos que no se conforman con los resultados de la democracia”, enfatizó. Pareció una advertencia a la propia CUT, que promoverá una huelga general si la tercerización se hace ley, y que rechaza asimismo el ajuste fiscal impulsado por Dilma Rousseff y su gabinete económico.
