Foto: Archivo / La Capital.
El jefe del Estado partirá este lunes rumbo a la ciudad suiza de Davos.
Con un acuerdo técnico bajo el brazo que denota “fuertes implicancias fiscales” y un giro radical en la política económica del país, el presidente Javier Milei buscará esta semana con su discurso durante su primera gira al exterior en el Foro de Davos, cosechar apoyo político de sus pares, necesario para lograr la aprobación del desembolso de 4.700 millones de dólares que deberá ser tratado en breve por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esos fondos le servirán al Tesoro para poder pagar vencimientos con el organismo del primer trimestre del año y para devolver el préstamo puente por 920 millones de dólares que la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) realizó en diciembre pasado al país para poder afrontar el ultimo vencimiento de 2023 con el FMI.
En la Casa Rosada trascendió que Milei mantendría un encuentro reservado en la ciudad suiza con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para agradecer el gesto de apoyo de la gerencia y del staff técnico del organismo al plan económico presentado por el gobierno en el DNU 70/2023 y reforzado con el proyecto de ley ómnibus, que se debate en el Congreso.
De hecho, a un día del acuerdo alcanzado el miércoles, justo cuando se cumplía un mes de la gestión de Milei, fue la vocera del Fondo, Julie Kozack la que, en conferencia de prensa, elogió las medidas y subrayó que la Argentina “ya está implementando un plan de estabilización ambicioso, anclado en una gran consolidación fiscal, acciones para reconstruir las reservas internacionales, corregir los precios relativos desalineados, fortalecer los balances del Banco Central (BCRA) y crear una economía más simple y orientada al mercado”.
Kozack señaló también la existencia de “un largo paquete de leyes” que se encuentra en pleno debate en el Congreso, “que tiene muchas implicancias, en particular fiscales”.
Al respecto, Milei dijo el jueves: “Están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado (en el Congreso). Creemos que va a salir. Puede ser que tenga secuencias, pero sale todo”.
La cuestión del apoyo político que pueda recibir el oficialismo es considerado clave también por los analistas.
En lo que hace al acuerdo cerrado con el FMI, el exdirector para el Hemisferio Occidental del organismo, el argentino Claudio Loser, y otros economistas coincidieron en que representa un “guiño” para el país, al tiempo que advirtieron que el cumplimiento de las metas del programa ahora dependerá de la aprobación de las reformas previstas en el DNU y la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad.
Loser señaló que el organismo, con el adelantamiento de desembolsos, “le está dando más dinero de lo que corresponde a esta época”, equivalentes a “unos 1.000 millones ó 1.500 millones de dólares más que tendrían que haber llegado en abril”.
En ese sentido, el especialista resaltó que “la Argentina, por primera vez en mucho tiempo, le dice al FMI qué quiere hacer, y entonces no hay una imposición percibida”.
En la conferencia de prensa, Kozack dijo que “la Argentina está avanzando hacia un régimen cambiario más basado en el mercado, abandonando los controles administrativos de las importaciones y abordando de manera ordenada el sobreendeudamiento asociado con los importadores, y lo están haciendo de un modo que no aumenten las vulnerabilidades”.
La vocera del FMI señaló que “también es importante que el paquete acordado incluya un aumento de la asistencia social para proteger a los más vulnerables”.
Kozack, asimismo, puntualizó los “grandes desvíos” que tuvo el programa en los últimos meses de la gestión anterior, lo que determinó que quedara virtualmente caído y no se registraran nuevos desembolsos desde agosto, cuando el directorio del FMI aprobó el último giro de 7.500 millones de dólares.
El paso siguiente será la votación, prevista para las próximas semanas, para lograr la luz verde que active el desembolso. El entendimiento (staff level agreement) deberá contar con el aval del directorio ejecutivo del organismo.
Las nuevas metas reformuladas exigirán un superávit fiscal de 2 por ciento del PBI y una acumulación de reservas por 10.000 millones de dólares a lo largo del año, lo que implica en los hechos un fuerte ajuste fiscal.
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