Amplían la denuncia contra Cristina por direccionar obra pública a Báez

Los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques ampliaron ayer la acusación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la concesión de la obra estatal a Lázaro Báez y sostuvieron que hubo una "maniobra ideada" para "asignar y destinar" por una vía oficial "millonarias cantidades de fondos públicos a un empresario en particular a quien en todo momento se quiso deliberadamente beneficiar".

La ex mandataria deberá presentarse el 31 de octubre ante el juez federal Julián Ercolini para dar explicaciones en esa causa, tras fracasar en su intento por anular el primer dictamen donde se la acusaba.

También comenzarán a desfilar a partir de la semana próxima otros funcionarios, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, hoy detenido por enriquecimiento ilícito.

"En esta presentación —dijeron ahora los fiscales— expondremos los nuevos elementos reunidos en relación al manejo de los ex funcionarios públicos de los fondos que le eran asignados a la Dirección Nacional de Vialidad".

"Y en particular se demostrará cómo los ex presidentes y demás funcionarios se valieron de distintos mecanismos legales y constitucionales a los fines de garantizar que el referido organismo contara con los fondos suficientes para que, terminado el mandato de Cristina Férnandez, las empresas de Lázaro Báez no sólo fueran el mayor contratista de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, sino que eran el único empresario de esta materia al que no se le adeudaba el pago de certificados de obra", añadieron.

A criterio de los fiscales, las nuevas pruebas refuerzan "los vínculos entre la ex familia presidencial y Lázaro Báez" y "demostrarán cómo mientras los ex presidentes (Néstor y Cristina Fernández) estaban a cargo del Poder Ejecutivo nacional, en simultáneo realizaban negocios inmobiliarios con la principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz, Austral Construcciones SA".

Los fiscales hicieron hincapié en las irregularidades "tanto en la adjudicación como en la ejecución de las obras viales que le eran asignadas a las empresas del Grupo Báez en Santa Cruz" como en "la Dirección Nacional de Vialidad".

Además, los funcionarios judiciales analizaron 19 "casos testigo", en donde se precisa "la utilización de un mismo representante técnico para prácticamente todas las obras estudiadas y la utilización de las mismas planillas de equipos de trabajo en diferentes obras que se ejecutaban en simultáneo".

Y añadieron otros 15 casos testigo en busca de reafirmar "la hipótesis" de que "todas las obras analizadas que le fueron adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz se verifican numerosas y graves irregularidades que demuestran la existencia en los pasados años de una matriz de corrupción destinada a favorecer al empresario amigo de los ex presidentes en perjuicio de las arcas del Estado".

Tras sostener que en la década kirchnerista la política de inversiones en materia vial la fijó el Poder Ejecutivo, los fiscales sostuvieron que "los funcionarios modificaron partidas presupuestarias y acomodaron el destino de los fondos con el fin de hacer frente a los pagos que debía realizar, los que como se ha expuesto en las anteriores presentaciones, eran canalizados principalmente hacia las empresas del Grupo Báez".