He sido psicóloga en el Hospital Provincial desde 1992; primero concurrente y luego asistente ad honórem desde 1996. He luchado como psicóloga autoconvocada con otros colegas de distintos efectores por la reivindicación de quienes trabajábamos a la par de quienes recibían pago. Fui prestadora de servicios en salud por el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Pero a la hora de recibir contrato como los demás, aludieron que como profesional no se podía. En enero de 2006 participé de un concurso, al cual debí impugnar por diversas irregularidades. Llegando a la instancia jerárquica administrativa, aún no hubo respuesta. El 12 de diciembre del mismo año, recibo una nota para que deje el hospital, con aviso de abrirse una "causa penal por seguir atendiendo pacientes". Cuento con dos certificados contradictorios; según uno, me dejaron sin figura legal para atender por cuatro meses y medio, sin previo aviso. Lograron así excluirme de la salud pública, sin que nadie lo impidiera. He trabajado mucho con casos de urgencias y en sala de terapia y conté con el reconocimiento de mis compañeros médicos. Ahora que son otras las autoridades, les pido que contemplen mis derechos. Espero y confío que así sea.
