La magistrada que tramita la causa desestimó la cautelar del bloque Somos Vida que apuntó a dejar sin efecto la nueva ley de jubilaciones. Apelaron el fallo
Por Facundo Borrego
Foto: Archivo / La Capital.
Amalia Granata encabezó la demanda contra la reforma previsional. Su pedido fue rechazado por la jueza.
La jueza Civil y Comercial Nº 10 de la ciudad de Santa Fe, Romina Kilgelmann, rechazó la cautelar del bloque Somos Vida de la Cámara de Diputados provincial, que encabeza Amalia Granata, por la cual pedía la nulidad de la votación de la reforma previsional aprobada el 12 de septiembre pasado. La bancada ya apeló el fallo.
Según la magistrada, “la actora no logró acreditar el requisito de peligro en la demora que invocó como fundamento de la acción judicial". El concepto "peligro de demora" se refiere a la implicancia que, según el bloque Somos Vida, tiene no cautelar rápidamente el supuesto daño.
"No encuentro acreditado esa condición en los presentes obrados, atento a que la parte peticionante se ha limitado a exponer a través de formulaciones genéricas sobre el cumplimiento de tal recaudo sin invocar ni acreditar que la continuidad en la aplicación de la ley 14.283 le cause un gravamen que difícilmente pueda revertirse", fundamentó la magistrada.
Sobre ese punto, concluyó: "En función de lo manifestado, y en atención a la prudencia que debe guiarnos a los magistrados y magistradas para no emitir juicio sobre la cuestión de fondo que subyace en la causa, es que cabe concluir que la medida cautelar peticionada por la parte actora deberá ser desestimada, con costas a la accionante que resulta vencida".
Por su parte, la diputada de dicho bloque, Silvia Malfesi, adelantó en LT8 que "sin duda" iban a apelar (lo que ocurrió horas después) porque creen "que el peligro en la demora existe porque se está convalidando una ley que no tuvo los pasos requeridos para ser sancionada". Y agregó: "El avasallamiento al orden institucional existe y la demora existe".
En redes sociales, Granata, a su turno, acusó al gobernador Maximiliano Pullaro de “operar en la Justicia”, al tiempo que volvió a tildarlo de “monarca”. Y añadió: “¡Que la Patria y los adultos mayores se lo demanden!”.
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La semana posterior a la aprobación de la reforma previsional, los diputados provinciales Alicia Azanza, Emiliano Peralta, Beatriz Brouwer, Omar Paredes, Edgardo Porfiri, Granata y Malfesi promovieron una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 14.283. Como medida cautelar, solicitaron que se disponga la suspensión de la norma que ya fue promulgada.
El bloque cuestiona el procedimiento que habilitó la votación. Cuando promediaba la sesión en que se trataba la reforma y ya había expuesto la mayoría de los bloques, el diputado socialista Pablo Farías pidió una moción de orden para interrumpir el debate y votar, y luego continuar con los discursos, porque la tensión en la puerta de la Legislatura se había agravado.
En ese momento, la oposición cuestionó el pedido y que se hayan alcanzado los dos tercios requeridos para avanzar en la moción. La situación se calentó en el recinto. Finalmente, se pasó a un cuarto intermedio y, al retomarse, se ratificaron votos y aclararon los que estuvieron confusos entre abstenciones y negativos. Según el bloque, la jueza debería declarar inválida la sesión y la Cámara llamar a una nueva reunión parlamentaria.
Malfesi profundizó: "Sabemos que el oficialismo tiene mayoría para sacar la ley, pero la tienen que sacar bien. No se puede violar un reglamento porque no estamos sentados como títeres. Somos diputados. Si esa moción no prosperó, deberían haber pedido la que corresponde. Nuestro bloque quería pedir la moción de suspensión porque hubo hechos violentos, se sentía cerca que se había roto la puerta de ingreso" a la Legislatura.
También en alerta frente a la reforma previsional, este jueves los trabajadores judiciales realizarán una nueva asamblea, a las 11, en el ingreso (por calle Balcarce) a los Tribunales Provinciales de Rosario.
Analizarán la audiencia solicitada días atrás al gobernador, la firma de decretos de nombramientos y ascensos y la falta de pago de retroactivos salariales.
