Por Guillermo Zysman
La Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar) está en alerta ante el inminente debut de las sanciones del sistema de fotomultas que dispuso el municipio. En un escenario de atraso tarifario, costos en alza y rentabilidad ajustada, preocupa al sector el impacto de las penalidades económicas por faltas de tránsito que pueden llegar hasta los 300 mil pesos.
Los dueños de las chapas se reunieron ayer en asamblea y definieron un documento en el que le solicitan al Ejecutivo no tanto un régimen diferencial, pero sí que se contemple que muchas contravenciones del rubro se cometen por estar muchas horas en calle y por incumplimiento de las normas por parte de los vehículos particulares.
“Muchas veces terminamos estacionando en doble fila porque los autos particulares no respetan los espacios asignados a los taxis. Esperemos que los jueces de Faltas tengan en cuenta estos descargos, porque de lo contrario será imposible poder pagar las multas”, alertó Marcelo Díaz, referente de Catiltar.
Otro aspecto que preocupa a los titulares de licencias es la velocidad máxima permitida y la reciente decisión del gobierno municipal de bajar esos topes en arterias clave de la ciudad.
“Desde hace un tiempo en Ayacucho y sobre Uriburu al sur la máxima es 40; la avenida de la costanera a la altura del parque Alem antes la máxima era 60 y ahora es 50. En calle Mendoza al 6000 la máxima es 30, es imposible cumplirlo, te terminas pasando”, agregó Díaz.
El plan oficial de reducción de la velocidad máxima no se queda allí y tiene previsto sumar en lo que resta del año un tramo de Oroño, entre Pellegrini y 27 de Febrero. Y parte de la avenida Real, en el extremo noroeste de la ciudad, cerca del aeropuerto.
“A veces los peones para hacer unos viajes más y poder cobrar un plus aceleran un poco y terminan siendo captados por las cámaras. No estamos pidiendo circular a cualquier velocidad, pero sí algo de sentido común”, agregó el referente de la cámara que nuclea a los dueños de taxis.
También genera dudas el cumplimiento del sistema de carriles exclusivos. “ Nosotros, como parte del esquema de movilidad pública podemos usarlo, pero no estamos habilitados a detenernos a levantar y bajar pasajeros, pero en muchos casos nuestro servicio es puerta a puerta, a través de radiollamada y del sistema Movi. ¿Qué van a hacer ahora, nos van a multar?, se preguntó.
De igual modo pusieron reparos respecto al tráfico rosarino en general. “En esta estructura de tránsito en general, donde cualquiera estaciona donde quiere, ocupando las paradas de taxis y colectivos, con calles tan angostas que tienen ciclovía, contenedores, macetas en las ochavas y baches, se va a tornar imposible querer hacer cumplir las normas de un día para el otro”, proyectó.
Para Díaz, en un escenario de fuerte atraso tarifario, que según el Ente de la Movilidad llegó al 77 por ciento en julio pasado, con costos en alza y rentabilidad ajustada, “se hace imposible pensar en el pago de multas de tránsito tan caras que no afecten la actividad”.
En la asamblea Catiltar definió un documento que elevará al Ejecutivo. Allí no se solicita un régimen especial. Pero sí que los inspectores y jueces de Faltas tengan en cuenta los atenuantes que puedan esgrimir choferes y titulares sobre las circunstancias en las que se produjeron las contravenciones.
Además, los dueños de los taxis intentarán reflotar una iniciativa presentada en el Concejo hace años: un proyecto para que taxistas, remiseros y transportes especiales puedan cancelar vía probation sus multas de tránsito mediante el traslado solidario de pacientes crónicos de sectores vulnerables.
La propuesta fue presentada por el ex concejal Lisandro Zeno (PDP) y el hoy edil radical Martín Rosúa para “asistir a personas de escasos recursos que deben trasladarse a centros de salud y, al tener inmunosupresión, no pueden ir en colectivo y no tienen recursos para pagarse un taxi o un remís”. Y en paralelo aliviaba el pago de multa a infractores de servicios públicos por faltas leves.
Actualmente se encuentra en vigencia una ordenanza que suspende el pago de una multa total o parcialmente a condición de prestar trabajos de solidaridad con la comunidad. Aquella norma, presentada por el ex concejal Jorge Boasso, fue sancionada en el año 1996. Allí no se incluyó expresamente a las faltas de choferes de servicios públicos y por eso esta propuesta los incorporaba.
La comisión de Servicios Públicos del Concejo no trató en la reunión de esta semana el último estudio de costos del Ente de Movilidad y el ajuste tarifario para los taxis. De esta forma, el debate en el recinto del aumento solicitado por las cámaras de titulares se postergó al menos una semana.
La titular de la comisión, la concejala socialista Verónica Irizar, aclaró que el relevamiento oficial no había arribado al cuerpo, razón por la cual no pudieron darle cauce institucional.
De todos modos, al estar ya publicado en la web oficial del Ente, los concejales de los distintos bloques están al tanto de los números. Y el compromiso de los bloques mayoritarios es darle tatamiento en el recinto el jueves 15 de septiembre. Los taxistas pidieron una suba en dos tramos del 60 %: una este mes y la otra antes de fin de año, argumentado que su propio estudio de costos daba un desfasaje del 120%. Según el Ente de Movilidad, la bajada de bandera diurna cuesta $313 y la ficha cada 100 metros, $15.
viernes 22 de septiembre de 2023
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