Un escándalo política detonó este viernes en Santa Fe, con consecuencias impredecibles, a raíz de una serie de allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en la capital provincial, en busca de evidencia sobre espionaje ilegal ordenado por el ex ministro Marcelo Sain a dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Además del tembladeral político que se generó en la provincia, la medida judicial precipitó la renuncia del viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, y del resto de los funcionarios que respondían al ahora asesor de Aníbal Fernández y seguían trabajando en la cartera que conduce Jorge Lagna.
Además de Montenegro, presentaron su renuncia Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Alvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias) y Federico Llumá (director de Comunicaciones).
También dejaron el cargo Ramiro Cortese (asesor), Diego Rodríguez (subsecretario de Control), Nadia Schujman (asesora) y Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal).
Las renuncias fueron resueltas ante la crisis generada por el anuncio de la investigación en curso por maniobras ilegales supuestas en la recolección de información. Aunque los funcionarios ya habían puesto a disposición sus renuncias previamente al gobernador Omar Perotti, en el contexto de la difusión de una fuerte disputa interna entre este sector que se referenciaba en Sain y el que encabeza el ministro del área, Jorge Lagna.
Mientras tanto, en ámbitos políticos y judiciales se especulaba con la posibilidad de que los delitos que le imputen a Sain puedan llevarlo a la cárcel. Una acusación sería por “haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”. Esto viola la ley nacional de inteligencia.
Por lo pronto, lo que hay como evidencia es material físico (carpetas) y testimonios. Además, en el allanamiento en Rosario se encontró papel triturado que se presume es efecto de la destrucción apurada de documentos que podrían constituir más pruebas. Ezequiel Hernández indicó que esos celulares van a ser sometidos a pericias.
Otros de los delitos por el que podría ser acusado son malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El procedimiento se llevó a cabo con personal del Organismo de Investigaciones del MPA, a raíz de una investigación que llevan adelante los fiscales de Delitos Complejos de Santa Fe, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez. Enterado de la situación, se presentó en la cartera de Seguridad el ministro Lagna, que no estaría investigado en la causa. Sí, en cambio, están bajo la lupa los funcionarios porteños que llegaron con Sain, quienes más tarde presentaron la renuncia.
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En el allanamiento realizado en Rosario, en la sede local de la Gobernación, se secuestraron seis celulares de los funcionarios involucrados en la denuncia. El fiscal Ezequiel Hernández indicó que esos celulares van a ser sometidos a pericias.
Uno de los celulares secuestrados este viernes en el allanamiento es el del viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, hombre de estrecha confianza de Sain, quien hora más tarde renunció al cargo.
A al menos otros dos funcionarios se les quitó también sus aparatos. Todos ellos protagonizaban una feroz interna con el ministro Lagna.
“Hay carpetas pero no escuchas”, fue la frase de una fuente del gobierno provincial, que buscó así diferenciar el caso de otras situaciones de espionaje, como las que sufrieron los familiares de los muertos del ARA San Juan por las cuales ahora está investigado el ex presidente Mauricio Macri.
El matiz incluye una admisión: Sain realmente acumulaba información sensible sobre distintas personalidades de la provincia, presumiblemente para realizar eventuales “carpetazos”. El ex ministro “hacía una ficha de cada persona con la que trataba o tenía algún cruce”, agregó otra fuente que transitó los pasillos de la cartera de Seguridad. Habría carpetas sobre legisladores, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas.
Muchos de esos archivos se nutrían de información que fue comprada en bases de datos a través de la utilización de fondos reservados asignados al propio Ministerio de Seguridad. “Es una barbaridad”, admitieron desde el gobierno provincial. Fuentes de la investigación explicaron que por esta razón otro de los delitos atribuibles a los funcionarios involucrados sería malversación de fondos públicos.
El gobernador Omar Perotti convocó para la semana que viene a la oposición a debatir medidas para combatir la crisis de la seguridad pública. Seguramente querrá llegar al miércoles, día de ese encuentro, con el camino algo más despejado. Pero habrá que ver con qué clima llegan a esa reunión los políticos convocados, tanto oficialistas como opositores.
