Contrareloj, el bloque oficialista del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados busca desactivar el fallo envenenado que le tendió la Corte Suprema de Justicia el 16 diciembre de 2021, cuando le otorgó 120 días al Congreso para que genere una nueva ley que reglamente la conformación del estratégico Consejo de la Magistratura. Con los tapones de punta, el titular del bloque oficialista Germán Martínez salió ayer a quemar todos los cartuchos contra la Corte y la oposición, y disparó: “Es insólito que ningún dirigente opositor haya salido a respaldar nuestra posición. Pareciera que están cómodos dejándose marcar la cancha por un fallo judicial que limita el accionar de otro poder del estado, en este caso el Congreso”.
Y advirtió Martínez sobre un desenlace que hasta poco tiempo parecía ciencia ficción política, pero que hoy empieza a visualizarse como una posibilidad concreta: “Los diputados y senadores opositores que desean asumir en el Consejo de la Magistratura a partir del 15 de abril deben saber que estarán convalidando a una Corte Suprema que está asumiendo facultades legislativas, y si pretenden asumir en el Consejo, lo estarán haciendo con una ley de 1998, derogada en 2006” La ley que fue derogada en 2006 incluía la integración de 20 miembros en el Consejo, y con la presidencia en manos del titular de la Corte Suprema. La nueva media sanción, que espera nerviosamente en Diputados, prevé 17 miembros, sin ningún cortesano integrando el Consejo.
Sobre el final el marzo, el dictamen con la nueva ley que diseñó el Ejecutivo nacional tuvo su resolución positiva en el Senado, y el pasado 7 de abril fue votada la media sanción. El oficialismo, en la Cámara que domina Cristina Kirchner, con la jefatura de bloque de José Mayans, negoció algunos cambios, maniobró y consiguió las dos manos que le faltaban (35 miembros del oficialismo) y alcanzó el número mágico de 37, la mayoría absoluta que reglamentariamente necesitaba para aprobar una ley sensible, constitutiva de la arquitectura jurídica de la Democracia argentina.
El verano político se consumió entre los coletazos de la pandemia y el conflictivo acuerdo con el FMI que metió al oficialismo en un debate interno que aún persiste. Por esa razón, más el parate habitual que suele que suele tener la maquinaria legislativa durante enero y febrero, determinaron que la media sanción del Senado llegue a Diputados a cuatro días del vencimiento del plazo establecido por un fallo de la Corte repudiado por todo el oficialismo.
Al jefe de bloque del oficialismo, además de un tiempo razonable para tratar el tema, también le estarían faltando una decena de manos para aprobar la media sanción que ya llegó del Senado. La paradoja, comparando la situación del oficialismo entre ambas cámaras, es que la conducción presuntamente “kirchnerista” e inflexible en el Senado muestra mayor capacidad de negociación (y resultados) que la ahora plenamente “albertista” conducción del bloque en Diputados, en manos de rosarino Germán Martínez.
“¿Por qué convalidar semejante atropello institucional?, ¿cuál es el apuro que tienen?, ¿qué intereses hay detrás?, ¿qué busca la oposición política?”, se pregunta en voz alta Martínez, cuando percibe que el precipicio se aproxima, y gran parte de la responsabilidad política del colapso institucional que podría producirse el próximo lunes 18 de abril, se terminará atribuyendo a la jefatura del FdT, que ya tiene la media sanción para tratar la ley, pero le faltan tiempo y manos para aprobarlo.
En la conducción del bloque del oficialismo discutían en estas horas la conveniencia o no de emitir un pedido formal a la Corte Suprema para que emita una acordada y postergue el plazo exiguo que determinó en diciembre pasado. Voceros de la presidencia de la Cámara, Sergio Massa, comentaron a La Capital, “el tema lo está manejando el bloque”, sin involucrarse, al menos por ahora, en ardor de unas horas que serán frenéticas.
