¿Quién se quedará con la competencia de la causa conocida como espionaje ilegal? Una de las pulseadas principales en el legajo por la cual el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain está acusado de compilar en forma indebida información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales debe ser dirimida en breve. Esta semana los abogados de los ocho funcionarios implicados pidieron que el trámite pase a la esfera federal. Según su alegato la ley 25520, de inteligencia nacional, es de incumbencia federal. Pero los fiscales que imputaron a los involucrados y los querellantes señalan que los hechos ocurrieron en territorio santafesino y que por consiguiente es la Justicia provincial la encargada de avanzar con la causa.
El juez Jorge Patrizi deberá definir si la investigación pasa a la Justicia federal o se queda en la órbita de la Justicia ordinaria. Los abogados Hernán Martínez y Juan Lewis son los que demandaron transferir el caso a la Justicia federal. El fiscal Ezequiel Hernández aduce que este último es un fuero de excepción: que los imputados eran funcionarios en el gobierno provincial, que se valieron de recursos del gobierno provincial y que no se afectaron intereses federales.
Entre la jurisprudencia que se citó para justificar la incumbencia del caso se destacó algo que dijo la querellante Viviana Cosentino. La abogada citó una resolución de la Corte Suprema de la Nación que define la competencia provincial en un caso donde se analizaba la violación a la ley nacional de inteligencia y donde el asunto que se dirimía quedó en la Justicia de una provincia.
Se trata de un episodio del 20 de junio de 2019 en San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires, en una manifestación de repudio a un mes de una matanza cometida por ocupantes de un patrullero de la policía bonaerense, quienes acribillaron a cuatro adolescentes que habían chocado previamente con un camión, y a los que tomaron por delincuentes.
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En una movilización recordatoria del hecho, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció que la policía concurrió con el objeto de realizar actos de espionaje y recolección de datos de los referentes de las organizaciones sociales que asistieron al evento. Ante esto el juez federal que tenía el caso adujo que el hecho era ajeno a su jurisdicción, porque había sido cometido por empleados del gobierno provincial en abuso de sus funciones reguladas por normas de índole local y no había intereses federales afectados. El juez provincial de La Plata también se declaró incompetente al considerar que era prematuro hacer la valoración de su colega federal.
El procurador de la Corte Nacional Eduardo Casal analizó que ese caso concernía a la conducta de agentes de la policía bonaerense durante la manifestación y su adecuación a las normas que regulan su actividad profesional, especialmente la del artículo 12 de la ley provincial 13482 que establece la prohibición de reunir y analizar información de los habitantes de la provincia cuando el motivo fuera exclusivamente la condición étnica, religiosa, cultural, social, política, ideológica, profesional, nacionalidad, género, opción sexual, cuestiones de salud, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, laborales, o con fines discriminatorios.
Casal agregó que el presunto accionar de policías locales en abuso de sus funciones no involucra materia federal, ya que no actúan como agentes naturales del gobierno federal , incluso si hubiesen infringido normas nacionales. Y la Corte de la Nación validó el planteo del procurador por lo que estableció que el caso era de competencia provincial.
La querellante Cosentino dijo que ese caso tenía grandes similitudes con el planteo contra los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. En el caso de los imputados de Santa Fe dijo que no había intereses federales afectados, al igual que en el incidente de San Miguel del Monte, que la Corte Nacional entendió que era de incumbencia provincial.
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La semana pasada los fiscales Hernández y Federico Grinberg imputaron a Sain y otros siete funcionarios por desplegar tareas de inteligencia ilegal sobre empresarios, gremialistas, legisladores, funcionarios judiciales y policiales, abogados, militantes sociales y periodistas. Esta semana el juez Martín Torres rechazó imponer prisión preventiva al exministro como pedían fiscales y querellas, pero le prohibió salir del país, le retuvo el pasaporte y lo inhabilitó para tener o portar armas de fuego.
