Ratifican en parte la condena a un joven que cometió un crimen siendo menor

Un tribunal de Apelación Oral confirmó ayer la condena a prisión de un joven que en diciembre de 2013, y siendo menor, asesinó a otro muchacho en una panchería ubicada frente a la plaza Sarmiento después de haber mantenido una discusión en un boliche céntrico. Los jueces, sin embargo, rebajaron de 10 a 9 años la pena de cárcel que deberá cumplir el acusado.

El fallo de 2ª instancia lleva las firmas de los camaristas Bibiana Alonso, Gustavo Salvador y Javier Beltramone; y recayó sobre Luis Ezequiel Quevertoque, de 21 años, quien en un primer momento había sido condenado a 10 años de cárcel por el homicidio de Eugenio Guadagnoli, quien tenía 19 años cuando recibió dos letales puñaladas a las 5.30 del 1º de diciembre de 2013 en el interior de una panchería de Entre Ríos al 1000.

Por entonces Quevertoque tenía 17 años y fue privado de la libertad bajo la tutela de un juzgado de Menores. Durante la investigación del hecho se determinó que las pruebas reunidas (testigos e imágenes de una cámara de videovigilancia del comercio donde se lo observa al acusado como arrincona a la víctima indefensa y le asesta puñaladas) eran contundentes. Por ello, la jueza de Menores Gabriela Sansó lo declaró responsable de homicidio calificado por alevosía, pero la defensa cuestionó esa calificación legal. Esa discrepancia fue resuelta por otra jueza del mismo fuero, Carolina Hernández, que finalmente caratuló el caso como homicidio simple, figura confirmada por la Cámara Penal en 2015.

Previamente, en diciembre de 2014, la Cámara Penal le había negado el arresto domiciliario, decisión que se fundamentó en base a informes socioambientales que mostraron un contexto familiar conflictivo que lo haría retroceder (su padre es un policía que fue parte de la División Judiciales y participó en la investigación a la banda de Los Monos), y por entender que de ser condenado merecería un pena de cumplimiento efectivo. Ante nuevos planteos, a mediados de 2016 se confirmó la prisión preventiva.

Apelación

Una vez que se conoció el fallo, el abogado Marcelo Piló como defensor de Quevertoque apeló la condena y expuso sus fundamentos en una audiencia celebrada el 9 de mayo pasado. El profesional pidió la nulidad de la sentencia y la absolución de su cliente además de cuestionar la calificación legal escogida al entender que la muerte ocurrió en medio de una reyerta.

Asimismo, Piló pidió impugnar la prórroga de prisión preventiva de su cliente por considerar que fue un "anticipo de pena" ya que al mes se dictó la sentencia "sin ningún tipo de sustanciación". Y sostuvo que la sentencia tenía "requisitos de un homicidio calificado dictada a un adulto a pesar de que su cliente fue declarado autor de homicidio simple cuando era menor".

En esa audiencia, la fiscal de Cámara María Eugenia Iribarren pidió confirmar el fallo y recordó que en su momento la fiscal de grado había pedido 17 años de cárcel. También se explayó sobre las características del homicidio, la atribución del agravante de la alevosía y justificó por qué el juez se apartó del mínimo (8 años) para imponer la pena.

Al respecto, la fiscal remarcó que los asistentes sociales y personal del juzgado describieron a Quevertoque con "total falta de sensibilidad", que "no asumió empatía respecto de la víctima", y que "resultaba necesaria la imposición de una pena frente al gravísimo hecho cometido ya que "los tratamientos psicológicos, interrumpidos y retomados, evidentemente no fueron suficientes para que internalizara el hecho".

No se resocializó

Ahora la Cámara se expidió y dijo que "tanto la defensa como el asesor de menores tuvieron sendas oportunidades de ser oídos a través de diversos mecanismos procesales los cuales fueron correctamente utilizados".

En el escrito, la camarista Bibiana Alonso (redactora del primer voto) rechazó también "la imparcialidad del juzgador" y explicó que la jueza de 1ª instancia "resolvió la medida cautelar provisional fundada en la peligrosidad procesal" del acusado.

Así, la camarista validó la sentencia y dijo que el acusado "tuvo tratamiento tutelar a pesar del encierro y la asistencia y colaboración permanente de su familia". Sin embargo, sostiene el fallo, "los informes son contundentes a la hora de determinar la ausencia de resultados. No se arribó a una internalización adecuada de los valores morales necesarios para concientizar la gravedad de la consecuencia de sus actos, ni para formalizar las herramientas que hacia adelante le permitan vivir conforme a los cánones sociales básicos para la convivencia pacífica".

Finalmente, la magistrada entiende que "en el análisis de proyección y necesidad de intervención estatal en pos de la resocialización del menor quien ante este Tribunal nada dijo que permita vislumbrar un avance en su percepción del hecho y sus consecuencias, no corresponde aplicar la reducción" de la pena. Pero aclara que "la cercanía del acusado con la mayoría de edad permite presuponer una mayor maduración de comprender la diferencia moral entre lo bueno y lo malo, entre un acto inocuo y otro lesivo socialmente"; y que "sin perjuicio de todo lo dicho y sopesando los efectos de la medida tutelar se sometió voluntariamente a tratamiento psicológico, permanece escolarizado y tal como señalan los informes efectuó esfuerzos para arribar a su resocialización sin lograrlo acabadamente, sumado a sus pensamientos recurrentes de la víctima" y le aplicó "como pena justa la de 9 años de prisión".