La Cámara Penal de Rosario otorgó prisión domiciliaria al imputado de un reciente crimen que sacudió a los habitantes de Casilda. Se trata de Jorge V. A., de 65 años, que estaba detenido en la alcaidía de la Unidad Regional IV del departamento Caseros y ahora seguirá privado de la libertad en su casa a partir de un fallo del camarista Gustavo Salvador que revocó la prisión efectiva ratificada días atrás por la jueza de primera instancia casildense Mariel Minetti.
La resolución del camarista fundamenta que la medida no implicaría riesgo de fuga ni entorpecimiento procesal, por lo que Jorge A. podrá esperar en su casa, cumpliendo con una serie de reglas de conducta, el momento del juicio oral y público en el que será juzgado.
Jorge V. A. está acusado de haber asesinado a Leandro Brizola, de 41 años, el pasado 17 de noviembre. El hecho ocurrió a metros de la estación de servicio YPF de Tucumán y Ovidio Lagos, en pleno centro de Casilda. Al parecer, la víctima tenía problemas de antigua data con el presunto homicida, quien fue detenido a las pocas horas del hecho cuando intentaba ingresar con su auto al garaje de su casa.
El crimen se desencadenó cuando el sospechoso, quien trabajaba como conserje en la sede del Casilda Club, estacionó su Renault Scenic sobre Tucumán a metros de su intersección con Ovidio Lagos. Cuando Brizola, que estaba sentado con unos amigos al lado de la puerta del minimercado de la estación YPF ubicada esa esquina, advirtió su presencia se levantó y fue caminando en dirección al rodado. Entonces fue acribillado.
El agresor le descerrajó al menos cinco disparos, de los cuales cuatro impactaron en el cuerpo de Brizola, que quedó gravemente herido. El hombre de 41 alcanzó a dar unos pasos hacia el bar y se desplomó frente a la entrada. Luego fue trasladado al hospital San Carlos donde murió.
Versiones
Según los testimonios ventilados en la audiencia donde se dicto la prisión preventiva al imputado, el presunto homicida le habría gritado a su víctima, mientras se alejaba del lugar luego dispararle: "Viste lo que te pasó por hacerte el vivo".
Sin embargo cuando en una audiencia posterior quince días atrás el imputado decidió romper el silencio y dar su versión apuntó contra la víctima y argumentó que le disparó al intentar defenderse de una presunta agresión. Relato que para los investigadores no es más que una "falacia" con la que el imputado busca justificar que se trató de un acto de legítima defensa, lo que seguramente será debatido en el marco del juicio.
"El imputado asegura que no fue a buscar a su víctima para matarla sino que la encontró casualmente cuando iba a cargar nafta. Entonces, al ver que estaba afuera de la estación de servicio retrocedió unos metros por calle Tucumán y estacionó el vehículo donde finalmente le disparó al sentirse supuestamente agredido, lo cual suena al menos armado", opinó ayer un vocero allegado a la investigación.
"Si no tenía intenciones de matar —añadió, en ese sentido— por qué tenía en la guantera del auto el arma cargada. Y en todo caso por qué no se fue cuando vio acercarse hacia su auto a la persona que mató y con la que, según contó, ya había tenido distintos problemas".
Visiones
En ese marco la defensa del imputado pidió en principio enmarcar el hecho en un homicidio en legítima defensa, pero no tuvo éxito. Luego intentó obtener la libertad de su asistido, pero ante un nuevo rechazo propuso una morigeración de su detención con prisión domiciliaria. Si bien la jueza Minetti también lo negó, Salvador se lo concedió.
El camarista resolvió que el presunto homicida salga de la cárcel para seguir "transitando el proceso bajo el régimen de prisión preventiva domiciliaria" con una serie de controles para verificar el cumplimiento.
La decisión causó cierta sorpresa y descontento al punto que ayer fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el fiscal del caso, Juan Pablo Baños, estaría evaluando presentar un recurso ante la Corte provincial para que se revoque la decisión del camarista.
"El camarista no tuvo en cuenta una de las presunciones de la peligrosidad procesal, que es la alta pena que implicaría el delito achacado así como las evidencias recolectadas hasta ahora que indican al imputado como autor, lo que incluso él mismo reconoció en la última audiencia, aun cuando haya alegado una legítima defensa", señaló el portavoz.