Por Leo Graciarena
El comisario Gustavo Rapuzzi, jefe e interventor de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.
Por segunda vez en poco más de cuatro años el gobierno provincial intervino la jefatura de policía de San Lorenzo. Como hizo el ex gobernador Omar Perotti desde el puntapié de su mandato en diciembre de 2019, su sucesor, Maximiliano Pullaro continuó por el mismo sendero y ordenó a su ministro de Seguridad Pablo Pablo Cococcioni la intervención que quedó en manos de Gustavo Rapuzzi, quien vuelve del retiro. En principio la intervención será por 180 días.
Pero en las últimas horas trascendió el contenido de una denuncia realizada por una empleada de la alcaidía de la policía de San Lorenzo que le puso picante a la intervención. En una denuncia ante la Agencia de Control Policial (ACP), que luego pasó a manos del fiscal Aquiles Balbis, la mujer policía expuso una serie de irregularidades que van desde un penal VIP, el libre tránsito de estupefacientes y el facilitamiento de menores para ser prostituidas entre algunos de los internos.
La denuncia, que según trascendió data del 1º de diciembre pasado, rápidamente dejó heridos de diferente consideración. La dupla saliente compuesta por Sebastián Igonet y Sebastián García quedaron a disposición, al aguardo de destino, y su futuro procesal quedó atado a la investigación de la ACP y del fiscal Balbis. Ambos estuvieron al frente de la UR XVII desde el 24 de junio de 2023 al 3 de enero de 2024, cuando fueron reemplazados por el interventor Rapuzzi y su segundo Julio Schwindt, quien fuera subjefe en Villa Constitución. Tras la muerte por Covid de Adrián Forni en mayo de 2021 Igonet fue subjefe de la policía de Rosario secundando a Luis Maldonado, hoy jefe de provincia.
Por su parte Luciano Casterán, jefe de la alcaidía, y su segundo fueron pasados a disponibilidad. Ahora ambos afrontarán dos investigaciones: la administrativa por parte del ministerio de Seguridad a manos de la ACP y la penal del Ministerio Público de la Acusación. Con este telón de fondo este miércoles la dupla Rapuzzi y Schwindt reemplazaron a Igonet y García dando el puntapié inicial a una intervención que desde el Ministerio de Seguridad está estimada en 180 días. Si bien el anuncio de la intervención fue planteado “para ordenar y optimizar el trabajado de la regional” la denuncia por irregularidades operó como gatillo.
Cuatro años después de la penúltima intervención el contexto de la Alcaidía de la policía de San Lorenzo no parece haber cambiado sustancialmente. Al menos por los dichos expuestos por una empleada de ese lugar. De acuerdo a lo que trascendió extraoficialmente una empleada, que recibía órdenes directas de Casterán y de su segundo, dejó constancia de una serie de graves irregularidades que tenían como escenario la alcaidía.
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La mujer indicó que en los altos, en un lugar donde “nunca se requisa” o donde las “requisas son relajadas”; existe una cárcel VIP para unos 50 o 60 internos que acusados de delitos graves. También explicó que los internos recibían “visitas sin restricciones horarias”.
En su exposición ante la ACP relató que a la zona VIP “los familiares ingresan sin ningún tipo de control” con circulación irrestricta. Expuso que algunos familiares contaban “con llaves del lugar”. En medio del relato contó que uno de los internos “pagaba 20 mil pesos por el uso de un celular”. También relató que en el penal circulaban adolescentes de entre 12 y 15 años, que “los presos salían a la calle a sacar la basura”, que “cocinaban para el jefe” y que “algunos salían (de la alcaidía) y tardaban en regresar” al lugar de encierro “sin que nadie hiciera nada”. Que a los detenidos se le facilitaba cocaína “que pasaban en botellas de cloro”.
La denunciante advirtió que fue “hostigada y amenazada” por Casterán. Y habló de “un trato preferencial” que el comisario tenía con dos empleadas. Al cerrar su denuncia ante el ACP la mujer policía pidió que su denuncia “no fuera enviada” a la Fiscalía de San Lorenzo “porque sé que no le van a dar curso”.
En diciembre de 2019, cuando la gestión del ministro Marcelo Saín hacía sus primeros palotes, la jefatura de San Lorenzo también fue intervenida pero por 90 días. Fue a pedido del entonces flamante jefe de policía provincial, Víctor Sarnaglia, quien sugirió como interventores a Carlos Lemos, un ex Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que regresaba del retiro, y Claudio López.
¿Los desplazados? Gonzalo “Chino” Paz y Rapuzzi. El Chino pidió retiró voluntario. Rapuzzi fue cesado en sus funciones y quedó al aguardo de destino hasta que se retiró. Por aquellos días el Ministro de Seguridad era Pullaro y el gobernador Miguel Lifschitz.
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Entre otras cosas, la dupla había quedado herida luego de la detención y la posterior imputación de José Budiño ex jefe de la Alcaidía de la Unidad Regional XVII. En agosto de 2019 Budiño había sido detenido por efectivos de Gendarmería Nacional que allanaron la alcaidía en el marco de la investigación sobre beneficios que gozarían varios internos alojados en esa dependencia. En la requisa se secuestraron más de diez teléfonos celulares, chips de memoria, seis cuchillas de carnicero, media docena de armas blancas, televisores de 40 y 50 pulgadas y piedras para afilar.
Budiño fue acusado por parte del fiscal Balbis por los delitos de “cohecho e incumplimiento de deberes” por considerar que brindaba “condiciones VIP” de detención a algunos presos vía pago de un canon a cambio de beneficios en las celdas como internet, celulares, televisores, parrillas móviles y bebidas alcohólicas, entre otros elementos. De acuerdo con la acusación, quienes deseaban acceder a esos privilegios debían pagar mil pesos semanales.
La jueza Griselda Strólogo aceptó la acusación del fiscal, pero no haciendo lugar al pedido de prisión preventiva y le otorgó la libertad al comisario. Un mes mas tarde, y ante la apelación de la Fiscalía, la jueza de la Cámara Penal de Rosario Gabriela Sansó revocó la medida y le impuso nuevamente una medida cautelar de prisión preventiva.
Estarán disponibles en Rosario, Santa Fe y Rafaela durante las dos semanas de competencia. La medida forma parte de un operativo sanitario que demandó más de $230 millones e incluye acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual.
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