Pese a al prohibición, el terraplén frente a Villa se sigue construyendo

Villa Constitución. — Militantes de organizaciones ecologistas denunciaron que, pese a la prohibición vigente, la empresa holandesa que explota unas 10 mil hectáreas de agricultura en las islas entrerrianas siguió extendiendo un gigantesco terraplén y prosiguió con la construcción de canales interiores para drenar el predio. Integrantes de las organizaciones ambientalistas Taller Ecologista, de Rosario, M`Biguá, de Entre Ríos, y Centro Ecologista Renacer (CER), de Villa Constitución, recorrieron la zona y constataron esta semana las irregularidades en las que estaría incurriendo la firma holandesa Bema Agri BV.

"Estuvimos recorriendo los riachos que bordean la isla Itapé, a unos ocho kilómetros de Villa Constitución, y comprobamos que Bema Agri BV sigue normalmente con su actividad, pese a que existen órdenes de paralizar esas obras", señaló el titular del CER, Miguel Alfaro. "El terraplén se ha extendido, al punto que casi cubre la totalidad del perímetro de las 10 mil hectáreas donde esta firma ya va por su segunda cosecha, en una total impunidad en lo que respecta al cumplimiento de las normas vigentes", añadió.

En efecto, en agosto del año pasado, el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) de Entre Ríos intimó a la firma a que paralice y/o suspenda las obras hidráulicas, y le otorgó un plazo de 60 días para regularizar la situación y presentar la documentación necesaria para la evaluación del permiso correspondiente. Por su parte, la empresa entregó un proyecto al gobierno de Entre Ríos, que hasta el momento no ha tenido la aprobación de las autoridades.

Además, el 25 de septiembre la secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Victoria ordenó a la empresa Bema Agri BV la "paralización inmediata y total de las tareas de siembra, terraplenamientos y toda otra labor que implique movimientos de suelo en la isla Irupé".

Según el edil victoriense José Molla, "la empresa debería comparecer ante el Juzgado de Faltas, que es la autoridad responsable de dictar sentencia sobre las irregularidades y negativas a la norma que esta firma realiza en las islas, cosa que no ha hecho. Lo que correspondería es que este terraplén sea demolido".

Lejos de acatar esa orden, por estos días y con la creciente del Paraná acechando "las maquinarias trabajan consolidando el talud, de acuerdo a lo que comprobamos nosotros mismos", alertó Alfaro.

Para Diego Rodríguez, de la organización entrerriana M"Bigua, estos hechos son muy graves a partir de lo normado en el nuevo texto constitucional de Entre Ríos, que "pone especial atención al sistema de humedales y su preservación, y se contradice con la intención de los gobiernos de elaborar un plan de conservación y aprovechamiento sostenible del Delta". "Estos verdaderos diques alteran el régimen natural de fluctuación del agua en los humedales, pudiendo afectar su biodiversidad, además de convertir un ecosistema natural en un monocultivo", afirmó Eduardo Spiaggi, un veterinario especializado en producciones sustentables.

En su recorrida por el lugar, los ambientalistas lograron entrevistarse con uno de los once trabajadores que se desempeñan en el predio, quien habría revelado que en el lugar hay cultivos de trigo, soja y sorgo, y pastarían unas 5 mil cabezas de ganado. "Parece que esta gente cuenta con un buen paraguas protector, porque continúan su actividad como si no existieran medidas gubernamentales en curso. Es más, detectamos la existencia de materiales con los que piensan edificar una escuela en la zona", señaló Alfaro.

Alfaro y Elba Stancich, de Taller Ecologista, coincidieron en que este caso tiene "aspectos similares al terraplén de los Esteros del Iberá que la justicia de la provincia de Corrientes ordenó demoler, decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 13 de octubre".