Presentan un plan para modernizar el servicio de justicia

Un equipo interdisciplinario liderado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires (IALAB de la UBA) y la Junta Federal de Cortes —organismo que nuclea a todos los máximos tribunales de Argentina— (JuFeJus), parecen haberse inclinado por aprovechar las chances que ofrece este escenario dominado por la pandemia del coronavirus para impulsar cambios acelerados pero necesarios para enfrentar los desafíos de esta era: el avance de la tecnología al servicio de la justicia.

De este modo, se presentó el viernes pasado, un plan de acción enfocado en lo inmediato en maximizar el funcionamiento del servicio de justicia en el contexto de la pandemia, valiéndose de recursos tecnológicos y procesos de gestión para una eficiente aplicación. El objetivo central del plan consiste en dirigirse gradual pero sostenidamente a la modernización absoluta de la justicia. Es decir, si bien prevé un esquema de soluciones para mitigar la contingencia actual, se apunta a lograr que los avances sobrevivan la pandemia y perduren en el tiempo.

El abordaje se caracteriza por una concurrencia coordinada de diferentes perspectivas y disciplinas, en un marco de colaboración público-privada: incluye abogados y funcionarios del Poder Judicial de todo el país, a través del IALAB y en el eje local la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su Comisión de Innovación, como institución referente en el impulso del cambio tecnológico. Se suma también el Instituto y Centro de estudio de Tecnología Aplicada al Derecho de la UCA.

El plan estratégico, hoy en análisis de la Corte suprema de Justicia de Santa Fe, se nutre de las disposiciones y sugerencias emitidas por la Junta Federal de Cortes, a través del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia. La dimensión del movimiento resulta inédita y sin precedentes en el territorio nacional, constituyendo un serio intento de concretar las metas de un federalismo históricamente deseado. Para el inicio, se propone un paquete de medidas tendientes a continuar la ampliación del esquema de prestación del servicio de justicia, con mínima concurrencia presencial y respetando las exigencias sanitarias; con más protocolos de acción para efectivizar íntegramente los actos procesales por vía electrónica, con dotación de variadas herramientas de validación digital actualmente disponibles según el grado de evolución del sistema.

A su vez, se prevé que continúen agregándose progresivamente otras soluciones que agilicen el proceso judicial y posibiliten un funcionamiento remoto: notificación electrónica, sistema de completa autogestión de causas por parte de los abogados, acceso remoto de funcionarios al sistema del Poder Judicial, celebración de audiencias virtuales, implementación de un protocolo de prueba electrónica y firma digital para todos los profesionales litigantes y funcionarios, entre otros.

Para los participantes del proyecto, el progreso debe continuar hacia una "Justicia 4.0", caracterizada por el reemplazo absoluto del soporte papel por un expediente totalmente digital capaz de recolectar y procesar datos, habilitando un proceso de toma de decisiones basadas en información adecuada y suficiente, que permita encontrar nuevas soluciones para mejorar el aparato judicial. Si bien son conscientes de que tal estado de avance requerirá la apertura de debates complejos, están convencidos de que debe ser la meta, y se manifiestan absolutamente comprometidos con trabajar para viabilizar los cambios que impone la disrupción tecnológica en el ámbito de la justicia.