Los estibadores pierden terreno en los trabajos portuarios

Las sospechas sobre el verdadero objetivo de la detención de Herme Juárez, en agosto de 2019, van tomando fuerza en la medida en que las fichas del tablero se mueven en una compleja partida que persigue el objetivo anunciado: quedarse con la profusa facturación por los servicios portuarios del Cordón Industrial, uno de los mayores polos agroexportadores del mundo.

La disputa por ese segmento del universo de prestaciones portuarias no es nueva, y se remonta a los tiempos en que los empresarios advirtieron cómo los pioneros en organizar la actividad de estiba protagonizaron el crecimiento exponencial de sus ingresos de la mano del incremento de la actividad bajo el modelo agrotecnológico instaurado desde mediados de la década de los años 90.

   Ahora, en la medida en que se articulan los esfuerzos para defender el terreno ganado a partir del descabezado de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín (CTP), una entidad que administraba la potencia laboral y repartía las utilidades sin intermediarios, comienzan a aparecer los números del jugoso negocio que pasaron a administrar los operadores privados.

   Sin considerar las versiones que vinculaban a estos actores con el origen de la causa judicial que desencadenó la estrategia para correr a Juárez y su equipo, se puede afirmar que el malestar generalizado entre los trabajadores portuarios se incrementa en proporción a la línea de ingresos de las empresas que se hicieron con los contratos de servicio que estaban en manos de la cooperativa.

Acusaciones

Las acusaciones se disparan en todas las direcciones pero apuntan, principalmente, a esas ya viejas intenciones que, nacidas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, terminaron con el esquema considerado anacrónico por las esferas de poder del capitalismo que aún anclaba sus principios de generación de riqueza y asignación de recursos en manos de los obreros.

   El movimiento también afectó el desarrollo de la vida institucional del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) de Puerto San Martín, que al igual que la CTP también fue intervenido.

Vence la intervención

Durante la semana entrante, el Ejecutivo nacional deberá resolver si continúa con la intervención al Supa, ya que vence la gestión de Marcelo Urban, quien fue designado en noviembre último por Dante Sica, el ex ministro de Producción y Trabajo del macrismo, para normalizar la entidad gremial luego de la detención de Juárez.

   El mal augurio de los obreros se acentuó con ese nombramiento y en su momento advirtieron que Urban, un delfín cercano a Luis Barrionuevo, tenía vasta experiencia en intervenciones gremiales y tendencia a inclinar sus decisiones en beneficio del sector empresarial.

   La esperanza se centró entonces en el cambio de gobierno. Quizás una nueva designación podría asegurar un proceso de normalización equilibrado y democrático para que los afiliados vuelvan a designar a sus delegados y representantes.

   La muestra de la intrusión en la vida institucional de los portuarios se puede observar actualmente en diversos y claros indicadores.

“No hubo ningún intento de normalización ni de llamado a elecciones durante todos estos meses”, observaron desde el sector obrero.

Y se sorprendieron: “No entendemos cómo este gobierno mantiene al frente del sindicato a un abogado designado en tiempos de Macri para favorecer los intereses de los empresarios”, lamentaron los trabajadores.

   Otro signo indiscutible fue el cierre de paritarias en tiempo récord y por un escaso 16%; “un magro porcentaje para el sector que mueve el 78% de las exportaciones”.

   También se quejaron de la omisión de los interventores ante el avance de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym), dirigida por el empresario rosarino Adrián Milisenda, para llevar adelante modificaciones en la liquidación de vacaciones y aguinaldos.

Ahora estos se pagan por semana y no por semestre, como lo determina la ley de contrato de trabajo.

Los números

El punto más elocuente a la hora de valorar las verdaderas intenciones lo indican los números que también develan los estibadores. En ese sentido apuntan los cañones contra Milisenda, quien desde el desplazamiento de Juárez comenzó a ocupar los puertos en los que trabajaba la Cooperativa.

“Operaba solamente en Terminal 6 de Puerto San Martín y ahora presta servicios de estiba y descarga en siete terminales portuarias. Su facturación alcanzó la exorbitante cifra de 1.000 millones de pesos anuales”, subrayaron.

Además, se extrañaron porque “dentro de la misma causa judicial y ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estos empresarios denunciaron a Juárez por monopolio y hoy la realidad los encuentra tomando la totalidad de los trabajos en los puertos”.

   “En un evidente acuerdo con los interventores ellos acrecientan sus ingresos desmesuradamente y al mismo tiempo precarizan los de los portuarios. Sin ningún escrúpulo, nos quitan la libertad de decidir por nuestro futuro, el trabajo y la dignidad”, concluyeron.