La media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que legalizaría el aborto libre en nuestro país, deja algunas reflexiones que apuntan, sobre todo, a preguntarnos sobre el futuro de nuestra forma representativa de gobierno.
Con independencia de la opinión que nos merezca el proyecto de ley en sí, lo que ha quedado claro es que lo que no parece funcionar es el mismo sistema de representación política. Y eso queda patentizado en esas contadas ocasiones en las que, como en este tema, los ciudadanos intuyen que lo que está en juego constituye el núcleo de lo que podríamos denominar la dignidad humana y, de manera más general, el futuro de una sociedad. El resto de la agenda parlamentaria, tanto aquí como en buena parte del planeta, tiene como materia proyectos de ley que suelen pasar más o menos desapercibidos. Son pocos los temas vinculados con la discusión sobre derechos individuales que generan marchas, a favor o en contra, a lo largo de todo el territorio nacional y constituyen una auténtica divisoria de aguas.
La Constitución adopta, con matices, el esquema del estado de derecho liberal-burgués, consolidado en el siglo XIX y vigente hasta nuestros días, aunque con la incorporación del llamado constitucionalismo social, agregado reciente pero que, lejos de sustituir el anterior paradigma, lo ha ajustado más o menos a nuevas realidades sociales.
En países con nuestra misma tradición constitucional temas como aborto, eutanasia, matrimonio y otros, con independencia de la decisión a la que se arribe, se tratan de una forma bien distinta a lo ocurrido entre nosotros. No se los presenta de modo sorpresivo en base a un cálculo de conveniencia política coyuntural, sino con la anticipación necesaria para que los electores puedan discernir a quién confiar su voto y que de ese modo el elegido sea realmente un representante genuino del votante.
En las elecciones legislativas de 2017, una circunstancia de tanta trascendencia para nuestra vida como Nación como es la legalización del aborto, no fue tema de campaña ni apareció explicitada en las plataformas partidarias de las principales fuerzas políticas, aspecto que supone una grosera violación del sistema representativo de gobierno, según el cual el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. La habilitación de un debate de estas características, de manera sorpresiva y luego de haberse realizado elecciones, rompe el tácito pacto entre electores y elegidos. A lo anterior se suma el resultado de la ajustada votación que dio media sanción al proyecto, con tres votos de diputados que habían anticipado su posición y terminaron haciendo lo contrario, lo que genera suspicacias y resta legitimidad social al proyecto.
Pero lo que finalmente llama la atención es la fragmentación de los espacios políticos partidarios, que según la Constitución tienen el monopolio de la representación política y a cuyo financiamiento contribuimos todos: seguidores de la Coalición Cívica irritados con la diputada Carrió por haber votado en contra; el único diputado socialista de la Cámara, Luis Contigiani, volcándose en igual sentido y abandonando su bloque ante las críticas de su sector; el justicialismo con mayoría a favor del aborto, olvidando sus postulados doctrinarios y constituyéndose en virtual vocero de las opiniones de Planned Parenthood (ong proveedora de abortos a nivel internacional). Similar fractura en la UCR y el Frente Renovador y un panorama parecido en el oficialismo, fuerza heterogénea en la que una mayoría rechazó el proyecto, el Poder Ejecutivo a través de varios ministros lo fomentó.
Los únicos que votaron en bloque, sin fisuras, fueron los partidos de "izquierda". Pero esta fenomenal dispersión de criterios a la hora de votar en el recinto, alabada por algunos como demostrativo de una "libertad de conciencia" puede generar una sensación de apatía política al no verse representado por ninguna estructura, sino sólo por diputadas o diputados a título personal.
En 1994 se reformó por última vez nuestro texto constitucional a nivel nacional. Una de las consignas más escuchadas era que, precisamente para suavizar el rígido esquema anterior según el cual "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes", se incluirían formas de democracia semi-directa, tales como la iniciativa popular y la consulta popular sobre un determinado proyecto de ley. En un cuarto de siglo jamás se llevaron a la práctica, ni siquiera ante casos emblemáticos como la modificación del régimen matrimonial o el aborto. No obstante integrar la corriente del objetivismo ético según la cual ciertos valores o principios tienen vigencia por sí mismos y no dependen para ello de una mayoría que los convalide, no caben dudas de que sería mucho más democrático y participativo que asuntos de relevancia, en vez de decidirse entre pocos, sean sometidos a millones de ciudadanos que voten libremente, pese a todos los riesgos que la manipulación mediática de parte del electorado pueda suponer.
El pronunciamiento del pueblo a través de una consulta popular aventaría la duda que surge en relación a si iniciativas parlamentarias sorpresivas como la que aquí se analiza no responden a decisiones tomadas fuera de nuestras fronteras y que utilizan al parlamento como una "escribanía" no ya de decisiones del Poder Ejecutivo sino de organismos internacionales.
Pero quizás lo peor no sea la división que genera el tema del aborto en sí, válida si el debate es precedido por el respeto mutuo entre ambos bandos, sino la apatía que se constata en buena parte de la población, a la que parece importarle bastante poco cualquier tema que no se vincule con su bolsillo.
