Cuestión indígena y Constitución

Las contiendas suscitadas en los últimos tiempos, de dominio público y amplia cobertura mediática, sobre la relación entre las autoridades (nacionales, provinciales y municipales) y comunidades pertenecientes a los llamados "pueblos originarios", con epicentro en comarcas andinas de la Patagonia, invitan a reflexionar sobre el tratamiento que de este tema hace la Constitución nacional desde su reforma en 1994.

Una previa aclaración terminológica: nuestra Ley Fundamental no utiliza la expresión "pueblos originarios", sino que se refiere a los "pueblos indígenas argentinos"; en el mismo sentido lo hace el documento del derecho internacional de mayor importancia sobre este tema, la Declaración de Naciones Unidas, de 2007. Por tanto, la expresión "pueblos originarios" no es la apropiada cuando referimos a las etnias existentes a la llegada de los europeos a estas tierras. Esa expresión es incorrecta desde que en la historia de la humanidad no hay pueblos "estáticos" en un determinado lugar. En todo caso, citando al filósofo Alberto Buela, lo verdaderamente originario en Iberoamérica es que buena parte de su población no será, producto de sucesivas oleadas migratorias, ni indígena ni europea, sino mestiza.

Para tratar de comprender este tema conviene hacer un poco de historia. Desde los inicios han existido dos corrientes que abordaron la cuestión del trato con los pueblos nativos de manera distinta, por no decir antagónica. Los caudillos federales fueron proclives, en mayor o menor medida, a intentar una política de integración de los indios a una nación aún en estado embrionario. Ahí tenemos al caudillo oriental José de Artigas, conductor de la paisanada rural de lo que hoy es el Uruguay, y también de las poblaciones guaraníes que constituían el grueso de la población de las Misiones, que engrosaron sus ejércitos. En 1833, el caudillo federal de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, realizó una expedición que llegó hasta el norte de la Patagonia, llevando a cabo una política de negociación con buena parte de las tribus que encontraba a su paso. Con ellas celebraba tratados de paz, incorporando a sus caciques como oficiales de las milicias bonaerenses, dándoles uniforme y haciéndoles jurar fidelidad a la bandera. Como dato casi olvidado, cabe recordar que fue Rosas quien mandó que se vacunara a los indios contra la viruela, enfermedad que por entonces diezmaba poblaciones enteras. Mal puede compaginarse este gesto con una política de "genocidio", tal como algunos pretenden.

En 1879, con la expedición al desierto comandada por Julio Roca, la elite gobernante partiría de otras premisas y otros fines: la extensión de la frontera agropecuaria (objetivo también presente en 1833) se combinó con una política de sometimiento y fue seguida de una distribución territorial que favoreció el latifundio para beneficio de pocos hacendados. Pero antes de enjuiciar severamente, en este punto a la Generación de 1880, digamos también que sus métodos no se diferenciaban mucho de los utilizados por entonces por los EEUU y por Europa, modelos culturales de dicha generación. Cabe recordar que los constituyentes de 1853 hicieron referencia a "conservar el trato pacífico con los indios" y a promover su conversión al catolicismo. Era, al menos en la letra, un intento por incorporarlos a la ciudadanía, según cánones de la época.

Con la reforma constitucional de 1994 se incluyó como atribución del Congreso nacional la de "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos" y asimismo garantizar "el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural" además de reconocer personería jurídica a sus comunidades y el derecho de posesión y propiedad comunitaria de "las tierras que tradicionalmente ocupan". Es decir que, de una forma genérica y no suficientemente definida, se pasó del paradigma integracionista a uno de respeto por la identidad cultural (interculturalismo).

Ahora bien, los sucesos ocurridos meses atrás en zonas de la Patagonia han venido a introducir elementos no previstos en 1994, que hacen necesaria una profunda reflexión sobre esta cuestión. La aparición de integrantes de una autodenominada Resistencia Ancestral Mapuche, más conocida por sus siglas (RAM, aunque algunas versiones indican que la A no referiría a "ancestral" sino a "armada") y la situación inédita de que en medio de una investigación judicial por la desaparición de una persona un juez federal no habría dispuesto el allanamiento de una zona por alegar algunas personas que se trata de "territorio sagrado mapuche", plantean muchas preguntas. ¿Qué sucede cuando algunas personas, que son técnicamente ciudadanos del Estado argentino, reniegan de tal condición y plantean, prácticamente, una cuestión separatista? Es claro que ya no se trata del respeto por una identidad cultural preexistente al Estado nacional, como dice la Constitución a partir de 1994, ni mucho menos de un ideal de integración a una misma nación, con igual dignidad de todos sus habitantes, con independencia de su origen étnico. El escenario es otro bien distinto.

Quizás la clave esté en analizar lo introducido en el texto constitucional en 1994 con la letra y el espíritu de la Carta Magna en su conjunto. No debe olvidarse, en este sentido, que conserva toda si vigencia el artículo 16 que al hablar del principio de igualdad dice que "la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento", al tiempo que también prohíbe entre nosotros los otrora odiosos fueros personales. Que un juez federal no allane una zona por atender como válida la excusa esgrimida por algunos (¿con qué interés?) de que se trata de "territorio sagrado" es grave porque, más allá de posibles buenas intenciones, termina estableciendo, en los hechos, fueros personales o de linaje, incompatibles con un estado de derecho basado en la igualdad de trato. Por otra parte, y para matizar, no deja de ser también de urgente análisis la legislación argentina particularmente permisiva en cuanto a la posibilidad de adquirir grandes extensiones de tierra por parte de ciudadanos extranjeros.

Para finalizar estas breves reflexiones, cabe agregar que al análisis constitucional debe añadirse el político. La organización "nación mapuche" tiene, curiosamente, domicilio legal en el Nº 6 de Lodge Street, Bristol, Reino Unido, y cuenta con financiación de organismos internacionales, todos con sede en el Hemisferio Norte. ¿Por qué tanto súbito interés filantrópico, de parte de quienes incluso en sus respectivos procesos colonizadores no dejaron tribu por arrasar, en financiar a los pueblos indígenas sudamericanos?

Como agudamente señala el pensador boliviano Andrés Solís Rada, "todo parece indicar que se quiere englobar a los pueblos aborígenes de la región para impulsar una nación mapuche", en territorios argentinos y chilenos, dentro de los planes trazados en Bristol y apoyados por las embajadas británicas en Chile y Argentina.

¿Cuál sería la reacción británica si el gobierno argentino propiciara en Buenos Aires el funcionamiento de la sede central de separatistas irlandeses del Reino Unido y proyectara sus actividades a territorio británico?