Censura en una universidad pública

Según trascendió a través de los medios de comunicación, las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata rechazaron la creación de una cátedra libre solicitada por graduados de esa casa de altos estudios, que bajo el nombre de "La vida, el primer derecho humano", tendría por destinatarios a alumnos de dicha universidad que desearan participar de sus actividades.

Algunas precisiones para comprender la situación planteada. Una cátedra "libre" no forma parte del programa de ninguna materia de una Facultad y surge, y así suele estar prevista en los estatutos universitarios, precisamente para generar un ámbito de reflexión académica sobre temas no necesariamente vinculados curricularmente a materias de un plan de estudio determinado.

La modalidad de cátedra libre ha sido bien recibida por la comunidad universitaria y suscitado gran interés en los últimos años. En general, las universidades nacionales de todo el país suelen ser generosas en el auspicio de estos ámbitos de reflexión y análisis cuyos contenidos no está contemplado necesariamente en los planes de estudios y los programas de las materias de las carreras. En otras palabras, ningún estudiante está obligado a asistir a actividades organizadas por una cátedra "libre" para obtener su título académico. De allí la proliferación de esta modalidad, que en el caso de la Universidad de La Plata supera las 120 cátedras, con temas tan variados que van desde cuestiones ecológicas hasta cultura árabe.

El conflicto parece darse, en el caso puntual de esta cátedra libre cuya constitución ha sido rechazada institucionalmente por la Universidad, por cuestiones de posicionamiento ideológico, y más allá de las excusas públicamente esgrimidas, sobre un tema que evidentemente genera una divisoria de aguas en la sociedad argentina, el de la legalización o no del aborto.

El secretario General de la universidad platense, Patricio Lorente, fundó el acto de censura previa que conlleva la prohibición de constitución de la cátedra afirmando que la propuesta "resulta manifiestamente contraria al ideario institucional, máxime cuando se la disfraza de saber científicamente comprobado". Ahora bien, cualquiera que se tome el trabajo de leer el estatuto de la UNLP advertirá rápidamente que el invocado "ideario institucional" no existe, al menos así definido. Es más, dicho instrumento utiliza conceptos que permiten inferir que a nadie se privará del derecho a expresar libremente sus ideas y a enseñar, como cuando al caracterizar la enseñanza a impartir alude a "la más completa libertad académica, sin discriminaciones, limitaciones o imposiciones de carácter político, ideológico, religioso, racial, social, económico o de cualquier otro tipo".

En cuanto a los saberes "científicamente comprobados" entramos claramente en el terreno de lo opinable, dado que en este como en otros temas, hay una mitad de la biblioteca que dice una cosa y otra que afirma lo contrario. Tal circunstancia, en particular referencia al aborto, ha quedado demostrada en las exposiciones ante el Congreso nacional con motivo de su reciente debate. Representantes de todas las disciplinas, desde abogados a médicos, pasando por psicólogos y antropólogos, han dado razones y fundamentos en un sentido y en otro. Justamente en eso consistió la riqueza del debate. Lo que no obsta recordar que dos instituciones de indudable prestigio académico, nada menos que las Academias Nacionales de Medicina, y de Ciencias Sociales, se pronunciaron claramente en contra de legalizar el aborto.

La vaga referencia a un ideario institucional que no está previsto en el estatuto de la universidad, deja preguntas interesantes. Si no está contemplado, ¿entonces quién lo define en un caso como éste? ¿un único funcionario? ¿las autoridades en su conjunto? ¿el consenso entre todos los sectores de la vida universitaria? Nada impide, si fuera el caso, que una facultad o universidad se pronuncie institucionalmente sobre el aborto y su problemática. Pero ese pronunciamiento, en el sentido que fuere, ¿excluye del seno de esa comunidad a quienes piensan distinto, sean docentes, graduados, no docentes o alumnos?.

En el centenario de la Reforma Universitaria resulta claro que el mayor peligro para la democracia no radica, como pudo haber ocurrido en épocas pasadas, en su directa negación, sino en su vacía y monocorde invocación pero sin concretar, en los hechos, ninguno de los principios que son su lógica consecuencia. Como decían los romanos "res, non verba" (hechos, no palabras), en cuestiones como las que aquí se analizan, relacionadas con la tolerancia con las ideas y postulados, su aceptación en un ámbito surgido y destinado para la discusión y la reflexión racional de todos los temas que hacen a lo humano, la mera invocación genérica de los "principios reformistas" y los idearios institucionales (que en esta caso, ni siquiera existen como tales) consisten en mal disimuladas tendencias autoritarias que apuntan a un claro objetivo: silenciar voces disidentes a través de la censura previa.