La ciudad

Quieren empadronar a desocupados

“Reconvertir los planes sociales en un empleo social”, cuya retribución por cuatro horas de trabajo diario obligatorio equivalga al costo de la “canasta de indigencia”, es decir unos 500 pesos. Ese fue el planteo que dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) hicieron ante funcionarios de la Nación, la provincia y el municipio...

Martes 29 de Enero de 2008

“Reconvertir los planes sociales en un empleo social”, cuya retribución por cuatro horas de trabajo diario obligatorio equivalga al costo de la “canasta de indigencia”, es decir unos 500 pesos. Ese fue el planteo que dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) hicieron ante funcionarios de la Nación, la provincia y el municipio. “La idea es ver cómo implementar un sistema que permita a los desocupados dar una contraprestación en tareas que determine el Estado y para las cuales habitualmente subcontrata a empresas”, explicó uno de los referentes de la organización, Eduardo Del Monte.
  La propuesta fue uno de los ejes que se discutieron en dos reuniones entre los militantes y las autoridades. El 14 de febrero será la próxima cita, donde posiblemente se sumen otras organizaciones sociales. “No queremos discutir sólo ayuda alimentaria o asistencialismo”, afirmó el dirigente.
  Con esa convicción, ahora el reclamo es por “un empleo social transitorio hasta tanto haya una política más activa de incorporación al trabajo”, dijo Del Monte. Toda gente a la que definió como con “graves dificultades para competir en el mercado laboral y que representa una franja de población muy grande”.
  La reconversión de los planes sociales vigentes en un empleo eventual ofrecido por el propio Estado se haría a través de un registro de desocupados. Una práctica que, según Del Monte, ya adoptaron otras provincias, como San Luis.
  “La gran pregunta es con qué se financia esa reconversión. Y la respuesta es que plata hay”, sentenció el dirigente, convencido de que “el Estado nacional se queda con el equivalente de uno de cada tres barcos cargados para exportar y eso no vuelve porque las retenciones no son coparticipables”. Un dinero que, dijo, “se va de la provincia y que debería volver para resolver cuestiones sociales”.
  Otra propuesta de la organización, sobre la base de un razonamiento similar en cuanto a cómo podría financiarse, es que en Rosario el Estado aborde la construcción de 20 mil viviendas sociales en tres años, lo que permitiría emplear a otras tantas personas en ese lapso, capacitarlas y resolver a la vez parte del déficit habitacional que existe en la ciudad.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario