Una reunión de consorcio en la que presuntamente se minimizó el trabajo que se debía realizar en el edificio de Salta 2141 y un gasista con 23 años de experiencia recomendado por la asociación que nuclea a estos profesionales a sugerencia de Litoral Gas. Tan sólo dos datos que surgieron ayer en el primer día del juicio por la trágica explosión del 6 de agosto de 2013. Los detalles de la reunión los ventilaron la Fiscalía y la querella. El modo en que se contrató al gasista Carlos García; la administradora del edificio, Mariela Calvillo.
En efecto, la mujer de 47 años pidió por intermedio de su defensa poder hablar ante el jurado. No hubo oposición, por lo que llegó hasta el estrado con ayuda de una silla ortopédica debido a que se recupera de una fractura de cadera.
"¿Qué estoy haciendo acá?", se preguntó ante los jueces.
Dijo que se siente "insegura jurídicamente" y que fue llevada a juicio "por supuestos y no por datos certeros".
"Recién hoy siento que puedo hablar y me escuchan. Se dijeron muchas cosas erróneas que crearon opinión pública y nos hacen ver como que monstruos o unos delincuentes terribles", indicó.
Calvillo repasó su accionar el día de la tragedia, dijo que a los pocos minutos estuvo en el edificio y que hasta llevó a los policías en su auto hasta la comisaría para que le tomaran declaración.
Echó por tierra una versión que había indicado que el edificio no tenía seguro. "Era el mayor edificio asegurado en la cuadra. Estaba asegurado a 1.200 dólares el metro cuadrado, tanto en espacios comunes como en privados", señaló.
Luego, detalló por qué se realizó la reunión de consorcio del 2 de agosto. "Nosotros, como administración, teníamos la facultad para contratar al gasista directamente, pero se convocó la reunión para que el profesional les explicara a los propietarios qué trabajo iba a realizar", destacó.
Recomendado
Si bien admitió que ella no estuvo en esa reunión, ante una pregunta de la querella explicó cómo se contrató a García. "Llamamos a Litoral Gas para pedir un gasista para cambiar el regulador y ellos nos dijeron que teníamos que hablar a la Asociación de Gasistas. Ahí nos dijeron que se iban a contactar con nosotros y García llamó a la administración. A mí me dijeron que tenía 23 años de experiencia y consideré que era una persona idónea", destacó.
Por su parte, tanto la querella como la Fiscalía dejaron en claro que en esa reunión García detalló que "cambiar el regulador es una boludez". "Les dijo a los consorcistas que iba a cortar la válvula de corte, que Litoral Gas lo había autorizado, cuando en realidad ningún gasista está autorizado a realizar eso", remarcó la Fiscalía.
Para el abogado que encabeza la querella, Angelo Rosini, en esa "reunión a puertas cerradas se contrató a García porque era más barato y más rápido, pero no hacía caso a las normas".
El 6 de agosto, según Rosini, García llegó y le dijo al portero del edificio: "No te preocupes, voy a cerrar el gas. No pasa nada". A su entender, actuaron junto a su ayudante, Pablo Miño, en forma "imprudente, antirreglamentaria y sin dar aviso a Litoral Gas".
