A partir de datos aportados por Gendarmería Nacional y Catastro de Entre Ríos se sabe que en los 17.500 kilómetros cuadrados del delta del Paraná hay tierras fiscales pero también otras que pertenecen a pobladores de Victoria, profesionales, funcionarios, familias enteras y ganaderos, matarifes y frigoríficos de entrerrianos y sanfafesinos.
Pero tras las últimas quemas trascendieron unos pocos nombres de los responsables de las extensiones denunciadas por los incendios: además de Rufino Pablo Baggio; Alberto, Daniel y Graciela Chiartano; Hipólito, Juan y José Maceratesi, Luis Carlos Pérez y César Perpecto Aguiar. Aunque el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, remarcó a La Capital que "los responsables no necesariamente lo son a nivel penal, salvo que coincida el hecho de ser propietarios a ser autores, sí pueden caer sobre ellos las sanciones administrativas en relación a leyes ligadas al ambiente”.
El apellido más conocido del listado de dueños de los campos es sin dudas el de Baggio. Y Rufino Pablo, más conocido como "Pino", es uno de los hijos de Rufino padre quien fundó en 1959 la tradicional empresa en Gualeguaychú, una localidad de 110 mil habitantes, al sur de Entre Ríos y a 264 kilómetros de Rosario.
Podría decirse que Baggio le sacó el jugo por más de 40 años a su actividad aunque en los últimos años la firma no ganó para disgustos tras aparecer en más de una oportunidad en policiales que hablan de las islas entrerrianas y hasta de China.
Porque si bien la empresa "RPB Sociedad Anónima" (las letras pertenecen al nombre del fundador) creció al punto de tener hoy unos 2 mil empleados y productos que llegan a 72 países, se capitalizó con varias plantas industriales en el país, compitió con otra firmas nacionales importantes como Pindapoy y Cepita, sumó bodegas en Mendoza y campos, también, sobrevivió a permanentes conflictos familiares.
La familia Baggio tiene varias marcas añejas y tradicionales en Gualeguaychú. Un centro de Salud de un barrio popular de zona sur, conocido como "El Hospitalito" lleva el nombre de Rufino Baggio padre, la firma es sponsor de los clubes de la localidad que compiten en las ligas de básquet, hay una mutual con el apellido y hasta un torneo de ajedrez se llama Copa Baggio.
Pero las tradiciones se convulsionan a partir de 2005 cuando muere Rufino padre. A la firma la heredaron sus cuatro hijos: Rufino Pablo o Pino (el de perfil más bajo ya que prácticamente no da notas ni se hace fotografiar por la prensa), Alejandro, Aníbal y Celia María. Y según el diario El Día de Gualeguaychú, la única hermana le vendió su parte a Pino convirtiéndolo en el socio mayoritario con el 50% del paquete.
A pesar de eso Pino no dirige la compañía porque su madre, quien no participa del directorio, conservó el usufructo de la titularidad y eligió a Alejandro para esa tarea.
El actual presidente de la firma es también ganadero: dueño de Cabaña El Arranque, que exporta semen de toro y cría ganado bovino, equino, porcino y ovino. Y fue quien durante el macrismo, anunció con bombos y platillos, y ante los aplausos del ex gobernador Sergio Urribarri, la inversión de cien millones de pesos para la ampliación de su planta de efluentes industriales en el predio de 28 hectáreas que tiene en el parque industrial de Gualeguaychú.
Aníbal también está dedicado a la actividad agrícola ganadera. En 2010, fue procesado por el abigeato de 138 vacas. La Cámara del Crimen de Paraná había confirmado el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción de Victoria contra Aníbal, un encargado de las islas y tres transportistas por delitos de abigeato doblemente agravado en grado de tentativa y encubrimiento culposo para los camioneros.
Dos peones de las tierras de Mariano Figoseco y Néstor Forroso, un campo vecino a los Baggio, denunciaron que tres camiones jaula se llevaban los animales. La causa pasó posteriormente a la Cámara del Crimen de Gualeguaychú.
Asesinato frente a la Terminal
El primaveral 10 de octubre de hace ocho años, en plena tarde en la zona de la Terminal de Omnibus Mariano Moreno, Julio Bereciartu de 52 años y presidente del club Tiro Federal de Gualeguaychú se trasladaba con Juan Pablo Baggio, un joven productor de 25 años e hijo de Pino, en una Toyota Hilux.
Habían realizado gestiones en una financiera de calle Córdoba y Paraguay y cuando llegaron a Cafferata y Santa Fe fueron abordados por dos asaltantes en moto con intenciones del robo supuestamente de una campera, algo que no quedó claro desde comienzos de la investigación judicial.
Se escucharon dos disparos. El primero, traspasó el techo de la camioneta; el segundo le ingresó a la altura de la axila izquierda a Bereciartu, quien manejaba. Los asaltantes escaparon y cuando la gente se arremolinó, testigos involuntarios dijeron que escucharon a Baggio gritar: "No me bajo, hay plata en la camioneta".
Bereciartu falleció más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (HECA) y comenzó allí una historia de presunto ocultamiento que la Justicia aún no develó.
El caso lo llevó en ese momento el juez del Tribunal de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone, más tarde recusado por el abogado de Baggio, Víctor Corvalán por “temor de parcialidad”.
El magistrado, a sólo ocho meses del episodio, resollvió procesar al joven Baggio al comprobar que había mentido en su declaración durante la instrucción y su coartada era "inconsistente".
Baggio había dado dos versiones frente al juez: la primera era que paseaba por la ciudad con su amigo; la segunda que habían ido a Victoria a realizar negocios agropecuarios (en referencia a los campos de las quemas) y que después cruzaron el Paraná para seguir haciendo "algunas cosas".
Pero según la investigación de la causa, Baggio y Bereciartu habían salido de la financiera donde no se reportó la operación, y posteriormente fueron víctimas de una salidera.
Al probarse el testimonio falaz que entorpeció la investigación, el juez llamó a indagatoria a Pino, el padre del joven Baggio porque sospechó que fue él quien inició el desvío de investigación a través de comunicaciones telefónicas y el ocultamiento de datos esenciales para encubrir el hecho.
También resolvió la misma medida para el titular de la empresa financiera y calificó de "paupérrima" la acción policial durante la instrucción. "En un hecho de homicidio ocurrido a plena luz del día frente a cientos de personas, solo logró entre otras magras evidencias recolectar cuatro testigos”, había dicho el magistrado.
Beltramone no tuvo posibilidad de pelear su recusación en la Cámara Penal porque también fue el juez a cargo de la explosión de gas en calle Salta donde murieron 22 personas.
Y justamente de ese caso también fue apartado por decisión de la misma cámara tras una recusación que hizo nuevamente el abogado Corvalán, quien en esta oportunidad representaba a los administradores del consorcio de calle Salta 2141 y representantes de la empresa de gas.
A partir de la recusación la causa por el robo y crimen de Bereciartu recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 10, a cargo de Irma Bilotta, quien revocó los procesamientos dictados por en anterior juez. Poco tiempo después se implementó en Rosario el nuevo Código Procesal Penal y actualmente la causa duerme y deja abiertas sospechas.
El abogado de Rosana Irungaray, la segunda mujer de Bereciartu, Emanuel Dezorzi, le dijo a este diario esta semana que hay dos causas penales detenidas: una por el homicidio y otra por el encubrimiento agravado. Que el procesamiento del hijo de Baggio quedó sin efecto en el marco del recusación y que lo que sigue su curso es el juicio laboral.
"Es que Bereciartu se había desvinculado de la empresa y había empezado a trabajar para Baggio, quien dijo que el contador viajó a Rosario en carácter de amistad con la familia. En tanto, la mujer e hijas del asesinado nunca fue resarcida y por el contrario sostienen que Bereciartu viajó en términos laborales".
También en 2012 ocurrió un crimen similar en relación con la misma financiera decalle Córdoba y Paraguay: el de Walter Serra. El muchacho desapareció tras retirar dinero también en pleno centro de Rosario y meses después su cuerpo sin vida se encontró en la localidad de Andino.
¿Quién era Bereciartu? En Gualeguaychú aseguran que era como la mano derecha de Rufino padre y colaboraba con Pino en el negocio agropecuario: arrendaba campos y alquilaba propiedades.
Además, Bereciartu era muy querido en la localidad donde alternaba con su hermano Celso o “Chicho” la presidencia del Club Tiro Federal de Gualeguaychú.
La familia Bereciartu publicó tras el crimen una solicitada en el diario El Día : "Señores ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es tan importante de ocultar que hay que matar el recuerdo de nuestro padre? ¿Unos míseros billetes? Un ajuste de cuentas mal dirigido, un robo programado o al voleo", decía el texto.
E increpaba: "Por qué se niega que fueron al lugar donde todos sabemos que iban". Al documento lo firmaban Mariana y Joaquín, los hijos mayores y del primer matrimonio de Bereciartu.
Su primera mujer y madre de estos hijos, había dicho también: “Nunca nos quisimos dejar llevar por rumores, pero esa etapa ya pasó. Ahora tenemos datos casi certeros de que en la camioneta se llevaba dinero. Julio me había comentado que viajaban a Rosario a buscar dinero. Aún hay cosas dudosas, como por qué a la financiera se le cae el sistema cuando va el juez. No queremos ir contra la familia Baggio. Lo que queremos es el esclarecimiento y llegar a dar con los asesinos”.
Luego se hicieron varias marchas en la localidad, pero hasta hoy nadie tuvo respuestas sobre el crimen.
El hermano de Julio, Celso, es hoy el presidente de la entidad que organiza anualmente el llamado “Carnaval del País” y patrocina a la comparsa Ará Yeví. Fue candidato a viceintendente por el movimiento vecinalista "Gualeguaychú Entre Todos", pero no llegó al gobierno.
"El juez Beltramone llevó bien el caso en ese momento_le dijo en estos días a La Capital_ pero lo sacaron de la causa y ya no supimos más del juicio, nunca más nos llamaron. De los Baggio, grandes señores, no quiero decir nada, nunca se acercaron a la segunda mujer de mi hermano y a sus dos chiquitas, nosotros somos una familia trabajadora, no tenemos dinero para continuar con el tema, soy un simple jubilado, y este episodio nos hizo vivir a mí y a mi familia muy amargados".
Estafa millonaria
Mucho más cerca en el tiempo, en febrero de este año, RPB S.A publicó una solicitada en varios medios nacionales que daba cuenta de "conflictos de intereses" y una "estafa", con ribetes cinematográficos que la Justicia delineó como de unos 7 millones de dólares.
La maniobra ocurrió y fue denunciada en diciembre de 2019 y la causa fue investigada por el fiscal Guillermo Biré, para el tribunal del Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri.
"Dicha estafa _se leía en la solicitada_ no obstante ser importante, representa un porcentaje no significativo en relación a nuestra facturación mensual, resultando irrelevante para la normal actividad comercial, financiera e industrial de RPB SA".
El escrito del directorio no daba nombres propios ni precisiones del dinero faltante pero lo minimizaba y repudiaba “enfáticamente el hecho perpetrado” y en particular “la utilización de tan lamentable suceso por parte de personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma, que pretenden hacer prevalecer apetencias e intereses de orden personal a costa del interés social de la firma”.
Por último agregaba "la magnitud económica del hecho representa tan solo el importe de seis días de facturación".
De este modo la solicitada visibilizó una vieja pelea entre los hermanos Pino y Alejandro. A Pino, el accionista mayoritario, aseguran en la localidad que no se le permite entrar a la empresa, por lo tanto sólo accede a la información de la firma desde los balances. Alejandro dirige.
La estafa se había iniciado con un correo de RPB S.A que recibió una empleada, Diana Beatriz Veronesi. Se le ordenaba realizar transferencias que la mujer efectivizó. El directorio sostuvo que la empresa fue víctima de un ataque informático (phishing) mientras que los accionistas sin control hablaron de un vaciamiento y desvío de capitales líquidos y en efectivo a cuentas off shore, y fueron quienes motorizaron la causa penal.
Se realizaron varios allanamientos y se supo que las órdenes de movimiento de dinero eran falsos y apócrifos, similares a los que utilizan los hackers cuando quieren emular un sitio bancario para estafar a personas.
Pero además, la Justicia comprobó que inmediatamente después de realizadas las transferencias, el dinero se retiró en efectivo desde varias cuentas off shore radicadas en China.
Ahora, Baggio vuelve a ser noticia por el fuego frente a Rosario. La Capital se comunicó con la empresa y trasladó el interés por conocer la voz de la familia ante las denuncias por las quemas que incluyen su propiedad. No hubo respuesta.
Nombres de la quema
Así, al sinfin de molestias respiratorias de rosarinos y rosarinas se sumaron los nombres a investigar y varias denuncias penales que cayeron en manos del fiscal federal de la ciudad de Victoria, Carlos García Escalada.
El primero en denunciar las quemas de pastizales fue la Municipalidad de Rosario, luego se añadieron las de San Lorenzo y Arroyo Seco.
También denunció la provincia de Entre Ríos, por instrucción del gobernador Gustavo Bordet, y Nación, por disposición del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié tras la recorrida aérea que realizó esta semana sobre el área crítica.
Ahora el titular de la acusación, tras concluir la etapa de relevamiento de pruebas aportadas por Prefectura, Gendarmería y los distintos estados evalúa al menos dos delitos: el de trabar la circulación en el puente Rosario-Victoria, y provocar incendios intencionalmente o por negligencia; lo que los ecologistas denominan ya un "ecocidio".
Aún no hay certezas de si las personas nombradas explotan las tierras por cuenta propia o alquilan los campos, donde las vacas engordan a pasto y no a grano como en los feedlot de tierra firme.
"La carne de las vacas de las islas es un manjar de exportación y el pasto que crece tras la quema, para ellas es caviar", dice una victoriense que conoce el paño pero prefiere no dar su nombre y agrega: "Esto va a seguir sucediendo porque hay mucha plata en juego e impunidad, lo de los avioncitos ya se hizo, es todo circo".
Foto: La Capital / Francisco Guillén
Algunos de los nombrados ya dijeron su versión de los hechos. Uno es Daniel Hugo Chiartano, un médico nacido hace 70 años en Elortondo pero residente en Rosario y dueño de 3 mil hectáreas frente a Puerto Gaboto. Fue el martes blanco de escraches en su casa por parte de un grupo de activistas que lo acusaron de ser uno de los causantes de la quema.
"No tengo explotación ganadera ni cultivos", dijo el hombre sobre los terrenos que aseguró recibió en herencia y alquila a una empresa naviera para el amarre de barcazas que trasladan semillas.
"Estoy en contra de esa práctica arcaica y además soy asmático y sé el daño que el humo provoca a a salud", señaló Chiartano antes de anticipar que acudiría a un escribano para que constate que en la zona de sus campos no hubo quemas.
También habló con los medios la presidenta comunal de Aldao, Claudia Maceratesi, en nombre de tres familiares directos que habían sido apuntados como propietarios.
La mujer gobierna desde el 10 de diciembre pasado en Aldao. Llegó como mandataria por el voto celeste de "Unite por la Vida y la Familia" que acompañó a Amalia Granata a la legislatura y ante la quema de campos fue categórica. "Nunca prendimos fuego en las islas".
La aldaense, propietaria de uno de los campos que su familia tiene desde hace 50 años, se quejó de que hayan "nombrado por todos lados" su apellido y remarcó: "el incendio no empezó en nuestro campo" y añadió que"no es necesario quemar pastizales para alimentar al ganado".
“Hace tres semanas, un puestero que hay allí hizo la denuncia por la quema. El fuego se inició en la isla tres. Nosotros estamos en la seis. Estamos bastante alejados del incendio, pero el viento norte trajo el fuego para el lado de nuestra isla y nosotros hicimos la denuncia correspondiente, porque no es la primera vez que nos sucede”, contó la mujer. Y agregó que hace varios años pasaron por la misma situación:
“Mandaron carta documento con fotos satelitales. Fuimos a Victoria a llevar las pruebas de que nosotros no fuimos los que prendimos el fuego. En ese incendio se murieron animales y se quemaron embarcaciones que eran nuestras”.
Otros de los nombres del listado de propietarios es el de César Perpecto Aguiar quien, según La Izquierda a Diario, ya fue investigado en el 2018 por el incendio de dos territorios en la isla, de los cuales es dueño.
Y en 2011 fue precandidato a vice senador por el Partido Autonomista en San Lorenzo, según figura en los padrones electorales de Santa Fe. También se lo nombra a Luis Carlos Pérez , quien sería un corredor inmobiliario de esta ciudad.
El Museo Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás asegura que desde que comenzó el año se produjeron un promedio de 20 quemas por día. Pero a la luz de los hechos quedan varios rescoldos desde hace años por investigar.
