El pedido de regularización de planos de un edificio construido en Urquiza al 3200 volvió a poner en debate un viejo problema: la de aquellos proyectos que se construyen por fuera de las normas del Código Urbano, excediéndose en superficie, y gestionan la excepción cuando las unidades están entregadas y los propietarios necesitan escriturar. No es el único caso que se tramita actualmente en la comisión de Planeamiento del Concejo Municipal, por eso los ediles piensan llevar el tema a los colegios profesionales de Arquitectura e Ingeniería, para que sus tribunales de ética puedan aplicar sanciones y crear un registro de profesionales infractores.
El problema se reavivó en las últimas semanas, cuando la Secretaría de Planeamiento del municipio remitió al Concejo el expediente relacionado a un edificio de Urquiza 3231, donde se solicitó la autorización de una ampliación sin que el edificio tuviera final de obra.
El permiso de edificación, otorgado en 2012 a nombre de Luis Cueto, establecía la ejecución de un edificio de planta baja y 9 pisos, con 2 unidades de vivienda en cada uno, y en el fondo del predio otro bloque de 2 niveles a partir de la planta baja con 4 monoambientes más.
Sin embargo, sin permiso, se construyó un departamento adicional en la azotea, superando la altura máxima prevista en los reglamentos de edificación para esa zona de barrio Agote.
El mensaje ingresado al Concejo incorporó un dato más, el constructor contaba con "el antecedente de un pedido de excepción muy similar, cursado por el mismo recurrente para otro inmueble de su propiedad", también en área central y donde también se había levantado un departamento extra. En esa oportunidad, hace dos años, el Concejo le había otorgado la excepción, previo pago de las multas correspondientes.
Sobre el hecho consumado
La repetición de los casos causó sospecha. "La reiteración en la alteración de los proyectos aprobados, sumando unidades extras que violentan los códigos de edificación, hace suponer un carácter no tan circunstancial, casual o forzoso como especulativo por la ventaja económica e inmobiliaria resultante", señala el expediente que se tramita en el Concejo.
La maniobra no es desconocida en el Palacio Vasallo donde no es la primera vez que se tramitan expedientes originados por constructoras que se exceden en metros y comercializan los departamentos sin contar con el final de obra. Los nuevos dueños advierten el tema cuando pasa tiempo sin poder escriturar o regularizar los servicios. Entonces tramitan una excepción para regularizar la situación, que generalmente es favorable, y a veces hasta terminan haciéndose cargo de las multas impuestas.
Para la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) se trata de una maniobra frecuente. "Hay casos en los que se ha construido un departamento o todo un piso de más. La normativa vigente no deja más alternativas que regularizar lo ejecutado por fuera del permiso, es decir se le da la excepción, o se obliga a demoler lo que no está autorizado. Y, creo, en algún momento hay que tomar una definición que desaliente este tipo de conductas", explicó.
La normativa actual establece dos tipos de sanciones económicas para los proyectos que se ejecutan en transgresión con el Código Urbano. Las multas para regularizar planos se establecen de acuerdo a los metros cuadrados construidos en exceso. Pero además, se establece un extra por el mayor aprovechamiento del terreno, que varía de acuerdo al valor de la tierra.
Aun así, no terminan siendo números que desanimen construir de más. Gigliani indicó que, en la mayoría de los casos, las excepciones al Concejo llegan una vez que los departamentos fueron vendidos. "Los constructores actúan sobre el hecho consumado y te ponen entre la espada y la pared porque hay terceros de buena fe que compraron esos departamentos", señaló
En el medio, dijo, "hay responsabilidades compartidas: el municipio no ve de antemano que se está construyendo por fuera de permiso y el Concejo se limita a regularizar lo construido lo cual es un pésimo ejemplo para el resto de los profesionales que sí construyen adaptándose a las normas".
Por eso, la edil consideró importante que se giren este tipo de expedientes a los colegios profesionales respectivos para que a través de los colegios de ética se sancionen las conductas de los profesionales.
Un registro de infractores
La presidenta de la comisión de Planeamiento del Concejo, la oficialista Nadia Amalevi, coincidió en describir la maniobra especulativa. "Hay personas que aprovechan para construir un piso más para obtener una renta diferenciada", dijo pero aclaró que "no es un problema que esté generalizado".
Según destacó, se trata de una infracción que cometen "algunos profesionales", por lo cual consideró importante concientizar a los colegios profesionales sobre la necesidad de tomar cartas en el asunto "y sancionar a los profesionales que no cumplan con la reglamentación en pos de acumular más renta".
La concejala del bloque Arriba Rosario anticipó que en la próxima reunión de comisión ampliada, de la que participan referentes de los colegios profesionales vinculados con la actividad de la construcción, se volverá a tratar el tema para avanzar con la creación de un registro de profesionales que incurran en estas maniobras.
"Tenemos que volver a conversar con los colegios, para que ellos puedan notificarse cuando suceden este tipo de pedidos de excepción y actuar en consecuencia para sancionar a los profesionales que hacen de esto un uso y costumbre", criticó.
Las consecuencias, recordó, las sufren quienes compran los departamentos de buena fe. "Al no tener final de obra no pueden escriturar, ni poner los servicios a su nombre o, en el caso de que fallezcan, tramitar la herencia", enumeró.
Mientras todo esto sucede, los constructores seguramente pueden estar proyectando otro edificio.
