"Esperemos que estas personas entiendan que hay maneras pacíficas de resolver los conflictos, no cometiendo delitos". Con esas palabras, la fiscal Viviana O'Connell se refirió al conflicto suscitado el pasado viernes en las puertas de ingreso a la planta de La Virginiay que terminó con la detención de 19 afiliados al Sindicato de Camioneros de Santa Fe, quienes bloquearon e impidieron el ingreso de trabajadores de una empresa de logística -no afiliados a ese gremio-, situación que derivó en detenciones e imputaciones este martes.
La Fiscalía les atribuyó a todos los imputados -integrantes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe- haber impedido el ingreso de camiones de transporte de la empresa Logística S.R.L., a la empresa La Virginia, ubicada en colectora Juan Pablo II 1340 bis, en la zona noroeste de Rosario, cerrando el paso de la misma empleando la intimidación sobre los conductores de los transportes afiliados al Sindicato de Camioneros de la Nación que debían ingresar al lugar.
La Jueza de 1ª Instancia Silvia Castelli dispuso este martes una medida no privativa de la libertad con restricciones por el plazo de 120 días, a saber: fijar domicilio, prohibición de ausentarse del lugar de residencia por un plazo mayor de 15 días salvo por cuestiones laborales, prohibición de acercamiento a 200 metros de las empresas La Virginia y Empresa Logística S.R.L; firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), prohibición para aquellos imputados que cumplían funciones de representación sindical, de realizar las mismas en cuanto a gestiones, reclamos y/o fiscalizaciones de cualquier naturaleza en relación a la Empresa Logística S.R.L.
Este miércoles, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, la fiscal O'Connell explicó que el MPA "fue por la hipótesis de máxima, que es el pedido de prisión preventiva, porque son delitos que tienen una pena mínima muy baja. La magistrada decidió una alternativa a la prisión preventiva y les impuso una serie de reglas específicas que tienen que ver con este conflicto y con esta causa y que si las incumplen pueden terminar en prisión nuevamente. La jueza valoró que no tenían ningún antecedente condenatorio".
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Acerca de qué tipo de evaluación había hecho el MPA a la hora de tomar intervención, la funcionaria judicial detalló que "lo que pudimos comprobar es que había un bloqueo en las puertas de la planta de La Virginia que afectaba a trabajadores de una sola empresa que no estaban afiliados al Sindicato de Camioneros de Santa Fe. A esas personas no se les permitía trabajar si no estaban afiliados al gremio a nivel provincial. Eso fue consecuencia de un acto eleccionario realizado en esa empresa de logística donde, según declaraciones que obran en el legajo, habría habido fraude eleccionario. Eso motivó que varios afiliados se desafilien al gremio provincial y se afiliaran al gremio nacional".
Allí, según O'Connell, entró a tomar preponderancia la figura de la coacción: "Se les pedía (a los trabajadores de la empresa de logística) que se desafilien del sindicato nacional y se adhirieran al gremio provincial. En cuanto a las pérdidas, lo que tenemos hasta ahora es lo que nos informa la empresa, las mismas rondarían entre los $4,5 y $5 millones. Después tendrán que aportar elementos que abonen esa afirmación, porque también se imputó el desbaratamiento de empresa, que es otro delito que afecta al patrimonio y es cuando no se permite el normal desenvolvimiento de una empresa".
Por último, acerca de si la denuncia y el involucramiento sentaban un precedente en este tipo de conflictos, O'Connell subrayó: "Esperemos que sí y que estas personas entiendan que hay maneras pacíficas de resolver los conflictos y no con los delitos que se están cometiendo. Cuando hay delito el MPA interviene, más allá de que tal vez de alguna de estas prácticas pueda haber un reclamo justo en el orden laboral. Pero el uso de estas metodologías que está reñida con el estado de derecho tiene consecuencias penales".
