Juego clandestino: Traferri hace su descargo al mismo tiempo que los fiscales piden su desafuero

En el mismo momento en que el senador Armando Traferri se presente en conferencia de prensa a formular un descargo público, hoy a las 11, los fiscales que lo investigan por su presunta relación en una estructura de juego clandestino presentarán a la Cámara de Senadores su pedido de desafuero, de manera de afectarlo a un proceso penal como sospechoso de un delito.

El requerimiento de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery implica un revolcón político a la vez qué una incógnita: cómo se posicionarán los miembros de la Cámara Alta frente al pedido de levantar el privilegio que resguarda a uno de sus componentes de modo de ser sometido a un trámite penal.

Los fiscales ya recibieron a Traferri el viernes en una comparecencia voluntaria en la que el legislador refrendó cosas ya dichas en un escrito presentado por su abogado, José Luis Vázquez, dos días antes. Los fiscales consideraron que tal planteo es inconsistente con la evidencia que acumulan y por eso requerirán el desafuero.

¿Cómo reaccionarán sus pares frente al pedido? Los fiscales solicitaron además a la Cámara de Senadores que los citen para explicar qué evidencia tienen contra el jefe del bloque del PJ que lo liga, según ellos, a una estructura de protección al juego ilegal mediante retornos económicos, la misma que provocó la destitución y encarcelamiento del fiscal regional Patricio Serjal y del fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad.

¿Qué hará el Senado?

Pero en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no se hacen muchas ilusiones sobre una rápida aceptación de la propuesta en la Cámara alta. Imaginan que el Senado habilitará un circuito burocrático para análisis del pedido en comisiones, que impedirán la comparecencia de los fiscales antes del año que viene para que los miembros escuchen en un ámbito abierto la prueba aparente que hay contra un par.

En Santa Fe los fueros que protegen a un legislador son mucho más rigurosos y restrictivos que en otros lugares del país. A nivel nacional, por ejemplo, la condición de senadora no impidió que Cristina Fernández de Kirchner quedara sujeta a diversos trámites por delitos presuntos, aunque lo que le impiden es quedar bajo arresto. En la provincia la inmunidad que reciben los legisladores es, además, de proceso, lo que supone que ni siquiera pueden ser acusados en un trámite penal cuando estén sospechados de un delito si no les quitan los fueros en la Legislatura.

¿Qué harán los senadores? Esta misma semana habrá una audiencia en la que se reimputarán al capitalista de juego Leonardo Peiti y al ex regional Serjal por la estructura de protección con coimas del juego clandestino. Allí se escuchará la evidencia que los fiscales dicen tener contra Traferri y que consideran contundente. “Si no fuera legislador no solo ya habría quedado imputado, estaría con prisión preventiva por el plazo de ley”, deslizó una fuente del MPA.

Los 12 senadores del PJ ya se posicionaron en un comunicado en el que solicitan respeto a las garantías del proceso. Pero sobre el temperamento que adoptarán los restantes 7 impera un clima de incertidumbre.

Una denuncia anterior

En los análisis de la situación se desliza que algunos intereses comunes de los senadores, más allá de coloración política, impondrá un posible cerrojo al pedido de los fiscales. El ex concejal rosarino y ex candidato a vicegobernador del PRO en Santa Fe Jorge Boasso pedirá hoy el desarchivo de la denuncia que hizo en 2017 en el MPA contra cinco senadores por malversación de fondos. Y que motivó que los legisladores se concedieran, en sesión expres y sin debate en el recinto, la potestad disciplinaria sobre los fiscales de primera instancia, los que entre otras cosas debían investigar esos ilícitos presuntos.

Boasso recordó que en octubre de 2012, durante la gestión del gobernador Antonio Bonfatti, que tenía minoría en las dos Cámaras, se concedió a los senadores el manejo de un presupuesto millonario en subsidios, que reciben por igual oficialistas y opositores. Ese ingreso más que significativo perdura.

La denuncia señalaba, entre otros detalles, que Traferri había otorgado entre setiembre de 2013 y diciembre de 2015 un total de 27 subsidios a la Fundación San Lorenzo Solidario. El domicilio fiscal de esa fundación era San Martín 1685, que era el mismo, según la denuncia, que el domicilio del senador en la ciudad de San Lorenzo. Esa Fundación la manejaban además dos personas que, decía Boasso, eran contratadas como asesores legislativos del senador.

El caso terminó desestimado por los fiscales Natalia Benvenutto y David Carizza en el tiempo en que el hoy detenido Serjal era el jefe de los 80 fiscales de Rosario.

“El tiempo demostró que la denuncia tenía verosimilitud y que los senadores zafaron por el círculo de impunidad legal que pergeñaron con el régimen disciplinario que sacaron sin debate”, dijo Boasso a este diario. Otros tres senadores que actualmente mantienen sus bancas figuraban en la presentación.

"Típico de una país bananero"

La desestimación de la denuncia, sostuvo Boasso, cobra relevancia hoy, cuando se expuso en agosto en audiencia imputativa pública que por presión de Serjal hubo delitos que dejaron de ser investigados, como el juego clandestino. “Los fundamentos para no investigar a los senadores fueron típicos de un país bananero", señaló.

“De 24 páginas de resolución en 20 lo que hicieron los fiscales es contar cómo era el sistema de otorgamiento de los subsidios sin siquiera investigar la ruta del dinero, es decir si los subsidios a fundaciones se aplicaban a fines altruistas o algunos volvían a los bolsillos de los senadores. Ejemplo, una de las fundaciones tenía como presidenta a la esposa del Senador. O el domicilio era el mismo que el del Senador, en otras era un baldío, en otras los directivos de las fundaciones eran sus empleados de la Cámara. Y así otros. Nada investigaron los Fiscales. Dieron por cierto lo que les “aportaron” los Senadores o sus abogados”, sostuvo.

Estos asuntos no exentos de polémica vuelven a quedar sobre la mesa en el debate público tres años después. Es el contorno del asunto que implica cómo considerarán los senadores el pedido de desafuero de un colega que se presentará en un rato.