El ambientalismo bajo amenaza: Escazú, derechos y vigilancia estatal

En marzo de 2018, América Latina y el Caribe dio un paso histórico al adoptar en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional y el primero en el mundo que protege explícitamente a las personas defensoras de los Derechos Humanos en asuntos ambientales. Argentina lo ratificó en 2020 con la aprobación de la Ley 27.566. Desde entonces, Escazú es una obligación legal y política.

Este acuerdo establece derechos fundamentales como el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones que afectan el ambiente y el acceso a la justicia en estos asuntos. Además, impone deberes a los Estados para prevenir, investigar y sancionar ataques contra quienes defienden el ambiente. Un marco indispensable en una región que, según cifras recientes, se ha convertido en una de las más peligrosas del planeta para ejercer el ambientalismo.

En 2024, los países firmantes avanzaron en la aprobación de un Plan de Acción específico para defensores ambientales y la CEPAL lanzó una herramienta digital para monitorear el cumplimiento del acuerdo. Pero estos logros conviven con una cruda realidad: la violencia no se detiene.

En Chile, según la Fundación Escazú Ahora, se registró en 2024 un ataque contra defensores cada siete días, con el 70 % de los casos afectando a mujeres. En Perú, al menos 17 defensores han sido asesinados desde el inicio de la pandemia, muchos por enfrentarse a mafias de la minería ilegal y el narcotráfico. En México, Colombia y Ecuador las cifras son igualmente alarmantes. Los métodos se repiten: amenazas, lesiones, campañas de difamación, criminalización, y, en el peor de los casos, la muerte.

Pero no hace falta mirar tan lejos. En Argentina también hay razones para encender la alarma. Recientemente se dio a conocer que el Plan de Inteligencia Nacional 2025 de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contempla el monitoreo de organizaciones ambientalistas, científicas, indígenas e incluso de organismos internacionales vinculados a la agenda climática. Es decir, existe la posibilidad de que el ambientalismo sea tratado como un problema de seguridad nacional.

Desde el Gobierno se apuraron a desmentirlo. Sin embargo, la preocupación es real. Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), fue claro: “Si el texto es real, estamos ante una política de Estado contra el ambientalismo. Ya es una vulneración a nuestra seguridad”.

Desde la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), vemos con máxima preocupación todos estos acontecimientos. En el mes de junio cumplimos 35 años de trabajo ininterrumpido por dos causas que consideramos inseparables: el cuidado ambiental y el fortalecimiento democrático en todos sus niveles y alcances.

Hoy más que nunca, seguimos activos, convencidos y comprometidos. Con la voluntad firme de construir y sostener una sociedad argentina más ambientalmente responsable, más democrática, más plural y con libertad de expresión. Porque proteger a quienes defienden el ambiente es, en definitiva, defender la vida y la democracia que nos contiene a todos.