El caso Correo Argentino SA sigue originando frentes judiciales para la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri. La fiscal general Gabriela Boquin dictaminó que a más de dos años de que el mandatario ordenara volver "a foja cero" en el caso, la negociación por el pago de la deuda al Estado sigue trabada y plagada de irregularidades. Pero además, el juez federal Ariel Lijo tiene en carpeta un capítulo por presunto fraude a los acreedores privados de la compañía. En el concurso de Correo, hay 708 acreedores con capacidad de votar si aceptan o no la propuesta de la empresa para saldar su deuda. Boquin identificó en su último dictamen que 360 de esos acreedores cedieron su conformidad a tres estudios de abogados directamente vinculados a la empresa de los Macri: Kleidermacher, Tonelli y Lehmann. Los tres bufetes representan también a Correo en el concurso de acreedores y varios de sus abogados han integrado al mismo tiempo el directorio de la compañía. La fiscalía entendió que se trata de una maniobra que buscaría conseguir una "mayoría viciada" en el concurso. Parece un conflicto de intereses pero podría conformar un delito penal: presunto fraude.
