En voz baja: fantasmas en un ministerio y finanzas que no estaban tan mal

Fantasmas en un ministerio

Con los relatos sobre fantasmas en antiguos edificios públicos se puede hacer una enciclopedia. Es lo que en estos días se cuenta en la Gobernación sobre algo referido al edificio contiguo a la Sala Lavardén, en Mendoza al 1000, donde funciona el Ministerio de Cultura. Parece ser que al asumir la nueva gestión a los funcionarios entrantes les contaron que en una dependencia cerrada en el quinto piso estaba viviendo una persona a la que le habilitaron el lugar en la gestión previa porque desde un divorcio en la época de la pandemia no tenía dónde vivir. Nadie comprobó eso y el ex ministro de Cultura Jorge Llonch, que es planta permanente tras ser funcionario del área, lo desmintió tajantemente. Desde la Casa Gris dicen que, real o no, la historia dista de ser lo peor. Lo que es menos risueño, afirman, son los enormes agujeros en los techos del Museo del Deporte de Rosario o en el de Bellas Artes Rosa Galisteo en Santa Fe. O el caos en el subsuelo de la Lavardén, donde había dispositivos lúdicos para niños que se encontraron mal apilados en el suelo del espacio, poblado de pintadas y graffitis, algunas de una película que no fue una producción oficial pero se rodó allí. Un ámbito que quedó en total confusión, como la historia del fantasmal habitante del quinto piso.

Parece que las finanzas no estaban tan mal

La de Perotti fue una gestión coherente, sorprenden en el gobierno actual en lo que parece un inesperado elogio. “Fue malo en todas las áreas”, aclaran. Los colaboradores del nuevo gobernador indican que a sus antecesores los destacaba la inmovilidad. Y que en el ala de calle Santa Fe de la Gobernación el sistema de aire acondicionado no funcionó en cuatro años. “Si no le molestó a nadie con lo que fueron los últimos veranos, se ve que tanto no venían”, deslizan. Pero en otros campos, dicen, sí les interesó actuar. Y ponen ejemplos contundentes. Por caso: en 2019 hicieron una denuncia pública sobre el desfinanciamiento del Estado, pero después llamaron a licitación en obras públicas y a los ocho meses pagaron certificados por el 30 % de los contratos. “Tan mal las finanzas no debían estar”, ironizan.