Creo, estoy convencido, que las instituciones, de cualquier carácter y nivel tienen derecho a aplicar sus reglamentos de acuerdo a un criterio dado. Agrego: siempre que esos reglamentos y criterios no choquen con los del país en que esas instituciones realicen sus actividades. Y agrego otra, para mí más importante: en la aplicación de esos reglamentos o disposiciones debe existir una cierta coherencia. Dicho lo cual paso a comentar el caso del sacerdote cordobés Nicolás Alessio que acaba de ser suspendido de oficio por un tribunal interdiocesano, prohibiéndole celebrar misa, celebrar los sacramentos, confesar incluyendo el residir en la casa parroquial. En una palabra: lo han dejado en la calle. Repito: la Iglesia tiene sus leyes que aplica a quienes ingresan a ella y forman su grey. Frecuentemente se excede y pretende aplicarlas a quienes no pertenecemos a dicha grey. En el caso que comentamos la Iglesia ha aplicado las severas penas comentadas, porque el padre Alessio apoyaba el matrimonio igualitario, y resulta público y notorio que ello no es del gusto de esa Iglesia, aunque se trate de "una ley civil que no ataca la doctrina", según opinión de muchos católicos. Hasta acá no es más que otra típica manifestación de la intolerancia de la Iglesia Católica. Pero parece que para esa Iglesia hay hijos y entenados. Se trata de la misma Iglesia que, haciendo gala de su tradicional incoherencia e hipocresía ha permanecido muda y ha mirado para otro lado (una vez más) en graves casos de curas pedófilos y torturadores, Esa Iglesia que hasta la fecha no ha dicho una palabra de los: Von Wernich, Grassi, Storni y los miles de etcéteras. Parece que mucho más grave para esta Iglesia es pensar diferente y animarse a decirlo públicamente. Apoyado en la entereza del padre Alessio, es que estoicamente espero la patota piquetera que provista de megáfonos tratará de interferir, una vez más, en mi próximo concierto.
