AFIP
Miércoles 05 de Julio de 2017

Cinco detenidos al desbaratar una banda dedicada a la venta de facturas falsas

Hoy se llevaron a cabo una serie de 35 allanamientos por orden del juez federal Carlos Vera Barros. El operativo se realizó en el marco de una investigación de una defraudación fiscal de unos 2.500 millones de pesos.

El Juzgado Federal N° 3 de Rosario a cargo de Carlos Vera Barros dispuso el allanamiento de 35 domicilios en Rosario. El resultado fue la detención de cinco personas apuntados como los líderes de la banda que al parecer funcionaban como una asociación ilícita.
Además se determinó la restricción de salida del país para otras 20 personas y se libraron inhibiciones generales de bienes a todos los implicados.
Según adelantaron fuentes judiciales, la defraudación fiscal ascendería a 2.500 millones de pesos solo de capital de impuestos, a lo que habría que adicionar intereses y multas.
La asociacion estaría conformada por escribanos, contadores, informáticos, administrativos, y vendedores. En total se identificaron cerca de 80 personas que integrarían esta banda que facturaban con 72 cuits distintos y en distintas modalidades como facturas en papel, electrónicas, tickets, controladores fiscales, por impresora fiscal.
También estimaron que mas de 6.500 comercios y empresas argentinas compraron estas facturas truchas.
La investigación lleva meses de desarrollo en el Juzgado Federal N° 3. Participaron del allanamiento fuerzas de seguridad nacionales y más de 150 funcionarios de Afip, quienes procedieron al secuestro de documentación y material informático relevante para la causa.
Los hoy detenidos se dedicaban a "armar" empresas, las que luego de inscribir en Afip, eran utilizadas sólo para emitir "facturas truchas", procedimiento hoy identificable rápidamente a través de la utilización de herramientas de control que Afip diseñó a partir de la obligación de emitir facturas en forma electrónica y el deber de las empresas de presentar los correspondientes libros electrónicos de compras y ventas. Las empresas tienen como socios y directores a personas insolventes que identificaron en algunos casos a los organizadores de la maniobra.

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