Lino Bertuzzi estuvo más de cinco años preso. Una semana atrás salió en libertad condicional tras cumplir en enero pasado los dos tercios de la condena por el ataque a tiros, el 23 de mayo del 2005, a un colectivo 107 en el viaducto Avellaneda. Su paso por la cárcel no le dejó huellas profundas, al menos en el aspecto físico. Con el cabello cano y vestido con vaquero, remera, buzo y sandalias con medias, apenas recibe al cronista de La Capital en su deteriorada casa del barrio Belgrano proclama su inocencia. Y asegura que no había pruebas para imponerle una sanción penal. “Yo creo que me condenaron porque no había otro. Hacía años que no agarraban a nadie y me agarraron a mí”, afirma.
En algunos pasajes de la entrevista con este diario, Lino no habla con fluidez y no puede disimular su tartamudez. Primero memora los primeros meses que estuvo en prisión en la Alcaidía de la Jefatura de la Unidad Regional II, tras ser apresado en mayo del 2005. Allí compartió el calabozo con otros siete presos. Entre ellos, según dijo, un abogado especializado en derecho civil. El letrado le aconsejó que contratara un abogado para que se ocupara de su defensa.
Hasta entonces, a Lino lo representaba una defensora oficial. “Me dijo (por el abogado detenido) que los defensores oficiales atienden cien casos y no pueden ocuparse de todos. Con el tiempo me di cuenta de que tenía razón”, comenta.
Entonces comprendió la necesidad de contar con un abogado particular, pero tropezaba con una dificultad concreta: los ocho mil dólares que había ahorrado desaparecieron, según contó, cuando la policía allanó su casa de Zuviría al 7300.
Cambio de destino. Tras su paso por la Jefatura, sus días intramuros comenzó a vivirlos en la cárcel de Rosario, en Riccheri y Zeballos. En ese presidio hubo un quiebre en su vida. “Allí pasé el peor momento. Tuve un bajón cuando leí en el diario que me acusaban de un crimen (el de Florencia Rubino, la nena de 12 años que murió en abril del 2003 al recibir un escopetazo en la cabeza cuando viajaba en un coche de la línea 131). En ese momento mis familiares contrataron a los abogados (Adrián) Ruiz y (José) Ferrara porque yo no tenía dinero”, explicó.
Lino habla midiendo cada pababra que pronuncia. En su relato sobre las cuestiones legales de su caso se mezclan las vivencias que experimentó en la Redonda, la cárcel de Riccheri y Zeballos. “Pasé seis meses solo en una celda de seis por cinco metros que le decian «el jaulón». Todavía recuerdo el ruido de las trancas de las celdas. También me quedó muy grabado el olor del querosén cuando encendía el calentador en las mañanas de invierno”, recuerda.
Tampoco olvidó a un muchacho con tuberculosis con el que compartió la prisión y señala que la relación con los guardiacárceles y con los otros reclusos fue “buena”. En la soledad de la celda, sus abogados le acercaron una fotocopia del expediente por el crimen de Florencia Rubino y leerlo, según dijo, lo tranquilizó. “Yo creía que era inocente porque una vecina dijo que en el momento de la explosión vio un auto celeste. Y un médico declaró que vio un auto a doscientos metros del lugar (del hecho), pero nadie vio un camión”, explicó.
Finalmente, Lino fue condenado en febrero del 2008 por el juez de Sentencia Antonio Ramos a siete años de prisión por el ataque a un colectivo de la línea 107, en el viaducto Avellaneda. Para el magistrado, el escopetazo fue disparado desde su camión y configuró un delito grave: el intento de homicidio de algún pasajero.
El fallo atribuyó a Lino ese único hecho con una salvedad: aclaró que no es el Loco de la Escopeta y que no hay pruebas para ligarlo a otros disparos atribuidos al tirador serial. La otra acusación contra él que naufragó por falta de pruebas fue el ataque a un colectivo 121 en el cruce de Avellaneda y San Juan ocurrido en 2003.
Con relación a la sentencia, considera que quienes valoraron las pruebas lo hicieron con “mala fe”. Y enumera varias cuestiones. “Declararon tres testigos. En el momento del disparo, el chofer (del 107) vio por el espejo retrovisor la parte de atrás de un camión y, cuando giró a los 100 metros, vio que la cabina (del camión) era roja. Una persona que iba en el colectivo observó una chata de la policía. Y el tercero que estaba parado en el semáforo quince minutos antes del hecho vio un camión con una cabina de color rojo, pero la cabina de mi camión es roja con franjas blancas. Además a la hora que lo vio yo estaba en mi casa y eso lo confirmaron los vecinos en los Tribunales”, explicó.
La otra evidencia que cuestionó fue la pericia sobre el taco del cartucho disparado contra el 107, secuestrado por la policía: “Era de la misma marca pero no de la misma partida que la que encontraron en mi casa”.
La última etapa de la condena la cumplió en la cárcel de Piñero. Allí estuvo alojado en un “box” que compartió con tres presos. Allí conoció a Raúl Flores, el hombre acusado de haber asesinado al dirigente gremial Abel Beroiz, con el que mantuvo una buena relación. Lino apenas pudo terminar la escuela primaria y, con sus compañeros de celda que estudiaban para completar la secundaria en la cárcel, leyó libros de biología y de geografía.
En septiembre del 2009, el juzgado de Ejecución Penal le concedió las salidas transitorias, pero no las aceptó.
—¿Por qué lo hizo?
—La cárcel estaba lejos de mi casa. Eran unas pocas horas y después tenía que volver.
Durante su estadía en la cárcel de Piñero, tuvo la posibilidad de trabajar en la panadería de la penitenciaría, pero después de un tiempo prefirió continuar limpiando los pabellones. “Había mucha gente (en la panadería) y se volvía conflictivo. El encierro con mucha gente te provoca malhumor”, explica.
El martes 30 de noviembre se enteró de que le habían otorgado la libertad condicional escuchando la radio en el penal. “Sentí alegría”, dice escuetamente. Ese día, se presentó en el juzgado de Ejecución Penal, a cargo de Luciana Prunotto. Allí la magistrada le comunicó las restricciones que tendrá y las reglas de conducta que deberá cumplir. Entre las primeras está la prohibición de visitar a su hermano Alberto o Pepo, que fue declarado inimputable y quedó absuelto de toda acusación. “No sé por qué no puedo verlo. Está internado en una clínica psiquiátrica de la zona norte”, comenta.
Una de las obligaciones que le impuso la jueza Pruntotto es la de un conseguir un trabajo. “Yo pienso trabajar con el camión, que es mío. Hace 20 años que manejo camiones. Tengo que cambiarle la batería y las cubiertas. Está secuestrado en la Jefatura, pero mis abogados dijeron que me lo tienen que devolver”, explica mientras clava los ojos en una desvencijada Renault Express estacionada en el garaje con techo de chapa de su casa. “La camioneta es del esposo de mi sobrina”, dice antes de despedirse del cronista y abrir el candado de la puerta de calle.
