La calle. Ese lugar a la vista de todos es el ámbito donde más se aplican la tortura y los tratos vejatorios a quienes se detiene en Rosario. Según el informe presentado ayer, el 51 por ciento de los casos detectados ocurrió en la vía pública, seguido por un 37 por ciento de situaciones en las comisarías. El resto de los tormentos se registraron en la unidades de traslado (7 por ciento) y en la alcaidía (3 por ciento).
No es casual, en ese marco, que la policía provincial aparezca como la más comprometida. El 87 por ciento de los victimarios fueron efectivos de comisarías (48 por ciento), del Comando Radioeléctrico (34 por ciento) o personal del traslado (5 por ciento). Les siguen en cantidad de menciones Gendarmería Nacional (4 por ciento) y la Policía de Acción Táctica (3 por ciento).
La mayor cantidad de esas violaciones a los derechos humanos ocurrieron durante la detención (59 por ciento), en el lugar de alojamiento transitorio (16 por ciento), en el ingreso al penal (15 por ciento) o durante un traslado (5 por ciento). Si bien la mayoría de los hechos se produjo a la madrugada (28 por ciento), prácticamente no hay distinciones en cuanto al rango horario, "lo cual viene a confirmar el carácter arbitrario de las intervenciones policiales ya que más de un 50 por ciento han sido efectuadas a plena luz del día", dice el informe. Incluso hubo que generar la categoría "todo el día" para aquellos cuyo tormento continuó de sol a sol.
Cada víctima, según el relevamiento, sufrió más de un tipo de agresión. Predominan las físicas (234) sobre las psicológicas (37). Otro tipo de afectaciones detectadas fueron el armado de causas, la falta de atención médica, las exigencias de dinero, la obtención de pruebas falsas y el alojamiento de menores junto a mayores. Dentro del abanico de las agresiones físicas se contaron 132 golpizas, 131 golpes, 12 balazos de goma y siete usos de picanas manuales. En cinco episodios se aplicaron mecanismos de asfixia o submarino seco. Entre los tormentos psicológicos, se cuentan las amenazas, el maltrato a familiares o el impedimento de contacto. Todo lo cual, según el estudio, habla de una "cultura institucional" que tiende a la violencia.
