Allanamientos en Rosario y Piñero por presunto desvío de U$S 11 millones de una empresa

La Justicia federal de Rosario investiga una denuncia sobre el desvío de 11 millones de dólares que habría hecho una empresa exportadora de aceite de soja que tiene su planta ubicada en la localidad de Piñero.

Al respecto, efectivos de Gendarmería Nacional y personal especializado de la Dirección General de Aduanas realizaron este lunes a la mañana ocho allanamientos en oficinas y viviendas particulares en Rosario y también en el predio que la compañía tiene sobre la ruta provincial 18, al sur de Rosario.

Se trata de una denuncia que funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) presentaron ante la Fiscalía Federal Nº1, a cargo de Javier Arzubi Calvo.

Según trascendió, el organismo nacional detectó una presunta infracción, al menos, al régimen aduanero y penal tributario por parte de GEO SRL, una firma exportadora de aceite de soja con su planta ubicada en Piñero y oficinas comerciales en Rosario.

La DGA detectó que la empresa habría subfacturado exportaciones de soja con triangulación a Uruguay y habría generado una evasión presunta de 11 millones de dólares. En base a los datos aportado por el organismo de fiscalización tributaria, el fiscal Arzubi Calvo le pidió órdenes de allanamientos al juez Federal Marcelo Bailaque.

Esos procedimientos realizados por Gendarmería comenzaron a realizarse esta mañana en: Santa Fe al 1700; en la planta de la empresa, en ruta provincial 18, Piñero, y en oficinas y viviendas particulares situadas en Junín al 100, San Luis al 3200, Urquiza al 2000 y en Callao al 900. Por el momento habría tres personas imputadas.

La denuncia de Aduana

Fuentes de la investigación indicaron que la DGA verificó que los valores documentados por la firma en cuestión resultaban “notoriamente inferiores a los consignados por los restantes exportadores de la misma mercadería, incluso para el mismo destino''. Además de esa situación, la Aduana advirtió que la firma exportadora llevaba a cabo sus operaciones trianguladas con la República Oriental del Uruguay.

La DGA concluyó que mientras los restantes exportadores de la misma mercadería declaraban precios que oscilaban entre los trescientos y setecientos cincuenta por tonelada, la empresa investigada declaraba de manera invariable un importe de doscientos cincuenta dólares por tonelada.

Voceros cercanos a la investigación indicaron que “ese valor asentado para sus exportaciones se mantuvo aún cuando el precio internacional de la mercadería en cuestión exhibió un exponencial aumento de precio en los mercados internacionales, situación ésta que fue acompañada en los valores documentados por los restantes exportadores de la mercadería, pero no así por la firma denunciada”.

Además, la DGA cruzó información respecto de las operaciones de exportación con destino a Chile (principal destino de las exportaciones de la firma denunciada). Como resultado, se “obtuvo una notoria diferencia entre el valor documentado en Argentina y el valor “FOB” unitario al que ingresó al vecino país. Es decir, al contrastar los valores con los que se documentaba la mercadería, y su cotejo con los valores asentados ante la aduana chilena, se observaron diferencias que oscilaban entre el sesenta y el 450 por ciento”.

Así, la DGA detectó que la mercadería que se declaraba en Argentina “a un valor de doscientos cincuenta dólares por tonelada, era luego declarada en Chile a valores que en algunos casos eran casi cinco veces superiores, siendo esta una variación que no responde a ninguna lógica comercial ni puede asignarse a una supuesta intermediación o figura análoga. Por el contrario, la lógica empresaria más elemental, da cuenta de que al exportador argentino en modo alguno le convendría vender a un intermediario en un tercer país, pudiendo obtener por su producto tres o cuatro veces más. Y en sentido inverso, ningún importador en Chile habrá de validar un precio varias veces superior al que podría obtener comerciando de manera directa con el exportador argentino”.

La Aduana denunció que *la diferencia de precio observada para las operaciones documentadas en un período de un año y medio, entre 2020 y 2022 supera los once millones de dólares. Eso equivale a decir que, a través de esta triangulación, se habrían desviado más de once millones de dólares de ganancias por dicha mercadería, divisas que habrían quedado en un país de conocida opacidad fiscal y baja tributación”.